¿Tiene algún sentido ético o estético que el único cadáver enterrado en el Valle de los Caídos sin ser víctima de la Guerra Civil, el único de los más de 30.000 que allí descansan que pudo morir de viejo y en la cama, sea precisamente el del general golpista que provocó la matanza? ¿Por qué hay que preguntar a la Iglesia si le parece bien que trasladen los huesos del caimán llamado Francisco Franco? ¿No fue el dinero público, y el trabajo forzado de miles de presos republicanos, lo que levantó ese horrendo mausoleo? ¿Pagan acaso el IBI los frailes benedictinos que rezan por el alma del tirano? ¿Pagará Rouco Varela las reparaciones que los expertos señalan como imprescindibles para que el faraónico engendro no se venga abajo?

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que María Servini se instale en la embajada en Madrid para interrogar a testigos.

 El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y "se constituya en la embajada argentina en España" para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se "han tramitado y se están tramitando" los procedimientos judiciales en ese sentido.