Los lusos están llamados a las urnas para participar en las elecciones nacionales en Portugal, donde la duda no es quién gobernará durante la próxima legislatura, sino más bien cómo lo hará. No cabe duda que el primer ministro socialista António Costa tendrá un segundo mandato, pues las encuestas dejan claro que su formación será la más votada. La pregunta ante los electores es si el premier –que desde 2015 ha gobernado en minoría, apoyado en una alianza de la izquierda parlamentaria– debe tener una mayoría absoluta durante la próxima legislatura.

Los últimos sondeos indican que los portugueses no darán ese premio al candidato socialista, que se quedará a unos pocos puntos del poder absoluto. La falta de respaldo es llamativa, pues en los últimos años Costa se ha convertido en una figura celebrada en Europa, y muchos han señalado a su Gobierno en Portugal como un modelo progresista a seguir. Sin embargo, en Portugal el primer ministro no inspira el mismo entusiasmo, en parte porque muchos le responsabilizan por una dura realidad que dista mucho del mítico “milagro portugués” que tanto se cita en el extranjero.

A principios de 2017 se comenzó a propagar el rumor que algo fantástico estaba pasando en Portugal.

Mientras el resto de Europa sucumbía ante el avance aparentemente imparable de la derecha, el pequeño país en la esquina más occidental del continente se había convertido un baluarte de la izquierda en el que las cosas iban cada vez mejor. Ahí gobernaba el primer ministro Costa, quien había arrebatado el poder a los conservadores de Pedro Passos Coelho a final de 2015, apoyado en una alianza de la izquierda parlamentaria. Ésta aupó el Ejecutivo minoritario al poder para poner fin a la dura austeridad impuesta por la derecha y a órdenes de la Troika, que controló la política financiera del país vecino entre 2011 y 2014.

Tal y cómo había pactado con sus socios de la izquierda, después de asumir el cargo Costa repuso los salarios recortados de los funcionarios, restauró las pensiones, paralizó los procesos de privatización de los transportes públicos de Lisboa y Oporto y aumentó el salario mínimo interprofesional. Simultáneamente, su brillante ministro de Finanzas, Mário Centeno, redujo el déficit de manera espectacular, del 4,4% en 2015 a apenas 0,5% del PIB en 2018. La llegada del Gobierno socialista coincidió con un boom del sector del turismo y, simultáneamente, el de la construcción, factores que contribuyeron a otra buena noticia: el crecimiento de la economía nacional por encima el de la media europea, a un ritmo del 3,5% del PIB en 2017 y del 2,4% en 2018.

La realidad lusitana

Como tantos relatos fantásticos, el que versa sobre Portugal dista bastante de la realidad, que es mucho más compleja –y menos bonita– que la versión milagrosa que tantos han repetido.

Cuando Costa asumió el poder en 2015, se encontró en una situación complicada. Por un lado, tenía que cumplir con los compromisos suscritos con Bruselas y las instituciones europeas, que indicaron que su Gobierno duraría poco si no lograba reducir el déficit excesivo e incumplía los pagos pendientes de la deuda rescate de 2011. A la vez, tenía que satisfacer las demandas de la izquierda parlamentaria, con la que había pactado la aprobación de unas costosísimas medidas sociales.

Para conseguir ambos objetivos, el ministro Centeno se convirtió en una especie de sastre, metiendo tijera por todas partes para crear un resultado económico ajustado a las circunstancias. La reducción del déficit se consiguió cortando el gasto público de manera absoluta. Entretanto, por cada medida social pactada y promulgada se realizaron recortes equivalentes en otro ámbito estatal. De esa manera, el gasto incurrido por la restauración de las pensiones y los salarios de los funcionarios fue compensado con duros recortes en ámbitos en la salud pública, donde en 2018 el presupuesto del Servicio Nacional de Salud cayó por debajo de lo que había sido incluso durante la época de la Troika. El Estado consiguió ingresos adicionales a través de nuevas tasas –sobre el tabaco, los refrescos, y hasta uno que se impuso a la adopción de mascotas– que elevaron la carga fiscal hasta alcanzar el 35% del PIB.

Fuera del control directo de Centeno, se produjo una reducción sustancial del paro, que cayó del 13 al 6% gracias al crecimiento del sector turístico. Hoy en día hay miles de portugueses que han conseguido empleos en este ámbito, pero sucesivos estudios –entre ellos, los elaborados por el Observatorio de la Crisis y Alternativas de la Universidad de Coimbra– han demostrado que la mayoría de los puestos de trabajo creados tienen sueldos reducidos que oscilan entre los 700 euros mensuales y los 600 euros del salario mínimo interprofesional. Esta realidad es problemática, pues el turismo ha creado una burbuja inmobiliaria que amenaza con expulsar a los lusos de sus ciudades más emblemáticas. En la capital lusa el centro histórico se ha convertido en una especie de parque temático para los extranjeros, en el que el 41% de las viviendas son pisos turísticos. Los efectos llegan a sentirse en las zonas del extrarradio, donde los precios ya sobrepasan los presupuestos de los lusos de clase media.

La lucha de los profesores

El creciente descontento con la situación económica es evidente en el país vecino, donde las movilizaciones sociales son cada vez más frecuentes. En 2018 se registraron más de 518 huelgas, y en lo que va de año funcionarios públicos, enfermeros, trabajadores ferroviarios, policías y hasta guardias prisionales han tomado las calles para clamar contra las políticas del Ejecutivo.

Pocos colectivos son más emblemáticos del descontento que el de los profesores lusos. A lo largo de los últimos años los maestros han tomado las calles una y otra vez para exigir que finalmente sean repuestas las plantillas que quedaron en mínimos durante los tiempos de la Troika; que se reduzca el número de alumnos en las aulas; y que se actualicen sus salarios. Años después de la llegada del supuesto “milagro económico”, los maestros son los que más alzan la voz para denunciar que los servicios públicos de Portugal siguen devastados por los recortes.

“La lucha del Gobierno contra de la austeridad ha sido, en realidad, un traspase de recortes de un lado a otro”, afirma la profesora Ana Sousa, veterana del sistema de educación pública portugués. “A la vez que se ha aprobado la gratuidad de los libros de textos y el aumento de las pensiones, han subido los copagos para los medicamentos para enfermedades crónicas y se ha reducido la financiación de las escuelas y los hospitales, hasta llegar a niveles de precariedad peores inclusos que los que vivimos durante la Troika”.

“Para nosotros esta legislatura ha sido caracterizada por la desinversión en el sistema educativo; la falta de interés en el envejecimiento de la clase docente; la fabricación de tasas de éxito educativo falsas a través de la eliminación de pruebas evaluadoras que revelarían la realidad; y la precariedad general que vivimos en las escuelas lusas”, añade.

Sousa afirma que el Ejecutivo que tanto celebra la bonanza económica rehúsa tomar medidas para solucionar la situación de los profesores, que intentar salir adelante con salarios que no se han visto alterados en más de una década. Para subrayar este punto, la profesora muestra documentos que revelan su salario en septiembre de este año y lo que recibía hace diez años.

“En septiembre de 2009 mi salario, incluyendo el total líquido y el subsidio de almuerzo, era de 1.642 euros. Pese a haber subido de categoría, el mes pasado mi salario fue de 1.591 euros. En diez años he pasado a perder dinero; las únicas cosas que han aumentado son mi nivel de experiencia y mis canas”.

La profesora concluye lamentando que el Ejecutivo siga presumiendo de la “fachada económica” que ha erigido para ocultar la manera en la que malviven tantos portugueses. En particular, lamenta que no se haya invertido el dinero que ha entrado al país en una de sus joyas, el sistema de educación pública: “El sistema son los profesionales que lo conforman. Si el Gobierno les trata así, es imposible que se mantenga esa excelencia”.

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Fuente: Cuarto Poder