Los sindicatos, con todas sus contradicciones, siguen siendo muros de contención imprescindibles frente a los recortes sociales. Por eso quizá no se entiende bien su reciente propuesta de Pacto de Estado. El contexto en el que pacto se plantea es el de un país con más de 6 millones de parados, un quinto de la población en situación de pobreza y casi un 60% de paro juvenil. Entre las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos tiempos destacan, entre otras, el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos (que ha provocado una movilización sin precedentes de profesionales y ciudadanos usuarios), una reforma laboral para abaratar el despido (que lógicamente ha provocado que los expedientes de regulación de empleo se multipliquen) y una reforma de la justicia que deja sin tutela judicial a los sectores más vulnerables (y a la que se han opuesto todos los profesionales de la justicia).

“La primera condición, sin la cual fracasaría cualquier tentativa de mejora y de emancipación, es el límite legal de la jornada de trabajo. Esta limitación se impone para restaurar la salud y la energía física de los obreros, y asegurarles la posibilidad de desarrollo intelectual, relaciones sociales y acción política. El Congreso propone que la jornada legal de trabajo se limite a ocho horas.”  (Primer Congreso de la 1ª Internacional. Ginebra, 1866)

Las movilizaciones en la calle y las reuniones de colectivos en busca de la unidad de acción política, unas y otras, no llevan su atención al mantenimiento del “estado de bienestar”, sino del estado social y participativo.