Antes que el arzobispo Cañizares ayer, ya lo había ensayado su colega de Oviedo en la basílica de Covadonga: dar misa en pleno estado de alarma, aunque solo fuera para dos decenas de fieles. Lo de Cañizares supera aquello porque a la catedral de Valencia se habían asomado centenares de personas, hasta que la autoridad procedió a establecer la legalidad.

Era la festividad de la Virgen de los Inocentes, Mártires y Desamparados, patrona de la ciudad, y lo señalado en el santoral se impuso a lo dictaminado por el Gobierno de la nación, que no es el que al prelado Cañizares le gustaría. Es lo que tiene no sancionar a quienes se saltan las leyes, llámense Sanz Montes o Mariano Rajoy. No se penalizan sus infracciones y viene luego otro monseñor y reincide a mayor abundamiento: desobedecer las leyes y poner en riesgo la salud del prójimo, publicitando la imagen de la infracción en los medios, convocados a tal efecto.

Uno de los dogmas de la Iglesia que no ha variado lo más mínimo en estos tiempos de desolación es el principio de causalidad del mal en el mundo -en formato de catástrofes, terremotos y pestes-, y que lo atribuye a los pecados de los hombres y mujeres que ofenden con sus actos a la Divina Providencia.

Pero, a diferencia de la Iglesia que en tiempos de un Estado confesionalmente católico proclamaba dicho principio sin ambages, hoy es el día en el que no se le ha oído decirlo en ningún momento. Es más, ninguno de sus bocazas integristas más preclaros, caso de los obispos Reig Pla y Munilla, ha caído en esa vaticana tentación. Y no hace más que una década, cuando Haití fue devastado hace una década por un terremoto, causado por “nuestra concepción materialista de la vida”, según el obispo de San Sebastián.