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La primera ocupación de la finca fue una verdadera acción directa noviolenta y no la usurpación delictiva de la que pretenden acusar a los más de cincuenta activistas que realizaron ese acto. Sánchez Gordillo no ha declarado ante el juez, aunque ha dicho que no tiene ningún impedimento a declarar cuando llegue el momento.

Al parecer al juez le ha sentado mal la negativa de Sánchez Gordillo, pero no entendemos la razón de tal enfado, pues el no declarar es un derecho legal y un juez ni es un confesor ni, menos aún, un juez de los de antes, cuando declarar era obligatorio y no hacerlo conllevaba otros riesgos.

La finca militar pertenece a la yeguada militar de Écija, es decir, sirve para que paseen las yeguas, mientras los jornaleros no pueden asegurar su seguridad alimentaria. El presidente del Sindicato ha afirmado

“Esta tierra tiene que cumplir una función social de trabajo. El sindicato lo está pidiendo”

Como decimos, el 1 de mayo, más de 200 jornaleros procedieron a ocupar, por segunda vez, estos terrenos militares, de los que han sido echados por la Guardia Civil.

Actualmente los jornaleros se han asentado a las puertas de la finca, donde piensan permanecer hasta lograr entrar de nuevo. Llama la atención que el terreno de las Turquillas se usa en la actualidad para que pasten unas cuantas burras y varios caballos, mientras que su uso agrícola permitirá varios miles de peonadas para los campesinos sin tierra y en paro, lo cual nos hace pensar que puestos a valorar los bienes en conflicto, sin duda la legitimidad de la ocupación aparece muy clara.

Ahora bien, es el momento de dar otro dato más que avala la legitimidad y la oportunidad de ocupar las fincas militares en el actual contexto de crisis y con el nefasto y secular reparto de la tierra. Y es que el ejército, que en realidad ni necesita ni hace cumplir ninguna función social a este tipo de terrenos, utiliza este tipo de fincas para sacar un rédito con el que invertir en armas.

Lo podemos comprobar en la Memoria 2011 (la primera y última que ha publicado) de actividades del Instituto de vivienda, Infraestructura y equipamiento de la Defensa (INVIED) un organismo autónomo del MInisterio de Defensa que se encarga de comercializar y/o enajenar el patrimonio militar para invertir en infraestructuras, equipamiento y armas.

En su página 55 y bajo la rúbrica ” ingresos provenientes de las nuevas funciones” dice el INVIED:

Esta actividad, que tiene su origen en los nuevos cometidos asignados al Instituto, constituirá en el futuro otra importante fuente de ingresos, habiéndose materializado ya en el 2011 la concesión demanial a la Empresa Santa Bárbara Sistemas SA sobre instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, por algo más de un millón de euros anualmente; el aprovechamiento de los pastos de la base Militar de Botoa en Badajoz, por un periodo de dos años; el aprovechamiento agrario en el Campo de Tiro e Instrucción en el Monte Jaizquibel, de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) y en la Base Aérea de Zaragoza y el aprovechamiento ganadero en un campo de adiestramiento en Barbate.

Se ve el contraste claramente: Mientras los agricultores no tienen tierras para cultivar el Ministerio de Defensa, con un patrimonio ingente y que no usa para nada útil y racional, se dedica a hacer negocio con las suyas para conseguir dinero con el que comprar armas.

Es de aplaudir, en estas circunstancias, el arrojo del SUC en poner el dedo en la llaga con los terrenos militares y en denunciar este abuso. Una buena manera de conseguir por medio de la lucha social cambios sustanciales en el uso y reparto de la tierra y en la propia idea de la propiedad privada.