“Es el primer paso para cambiar nuestro sistema de protección social regresivo, en el que los más pobres reciben menos y los más ricos reciben más” (Oxfam)

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha sido aprobado este viernes en el Consejo de Ministros ha sido celebrado por las ONG, algunas como Oxfam Intermón o la Plataforma del Tercer Sector han calificado esta medida incluso de “histórica”. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social calcula que accederán a ella unas 850.000 hogares, en los que viven 2,3 millones de personas, y que costará unos 3.000 millones de euros. “Es el primer paso para cambiar nuestro sistema de protección social regresivo, en el que los más pobres reciben menos y los más ricos reciben más”, señala a cuartopoder Liliana Marcos, experta en políticas públicas y de igualdad de Oxfam.

Aunque la parálisis económica debido a la pandemia parece haber vaciado las neveras de las familias a quienes va destinada esta ayuda mínima o básica, la realidad es que muchas ni siquiera habían alcanzado la prometida recuperación tras la crisis anterior. En 2018, el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. El IMV busca por tanto lidiar con esa pobreza incrustada, severa. Es una afirmación en la que se ha insistido este viernes desde el Gobierno central y que comparten las instituciones internacionales y europeas. Por ejemplo el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humsnos, Philip Alston, manifestó en su visita en febrero que España era “el hogar de un alto porcentaje de personas condenadas a sobrevivir” con una situación “entre las peores de la UE”.

Las oportunidades

Es también una ayuda focalizada en “la pobreza extrema”, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas. Desde el Gobierno apuestan porque contribuirá a su práctica erradicación. En términos anuales esta renta mínima estará entre 5.538 y 12.184 euros, teniendo en cuenta será abonado en 12 pagas. El mínimo es de 462 euros, en el caso de un hogar vulnerable formado por un solo adulto, y se incrementará en 139 euros al mes por persona que haya en la unidad familiar, hasta un máximo de 1.015 euros al mes .

Como aspecto positivo a destacar, es una medida alternativa a “un sistema social infradotado, que ocupa el puesto 13 en transferencias públicas a pesar de ser la cuarta economía de la UE”. También es una prestación alternativa a las demás, con un carácter predominantemente contributivo, es decir, que paradójicamente “tiende a dejar desprotegidos a jóvenes o mujeres en situación de precariedad que no han podido integrarse en ese mercado”, según la ONG. Además, según el propio Gobierno, se han diseñado mecanismos para que el IMV no se convierte en otra nueva “trampa de la pobreza”, es decir, que obligue al solicitante a elegir entre la renta mínima o el empleo, que sea compatible con otras prestaciones. Al mismo tiempo se pretende que no sea desincentivador a la hora de buscar empleo. Por ejemplo, cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente del cálculo de la prestación.

Los riesgos

A pesar de ser una medida importante y sin precedentes, Oxfam Intermón considera que, con un coste estimado en 3.000 millones de euros, “el IMV será insuficiente para cubrir a los más de cuatro millones de personas que se encuentran en situación de pobreza severa”. Se necesitaría prácticamente el doble, 6.000 millones, que era el compromiso inicial del Gobierno de coalición. Este presupuesto es “entendible”, por la coyuntura económica que atraviesa el país, aunque espera que se amplíe “a medio plazo”. También consideran que el umbral de la ayuda es “bajo”, apunta Marcos, por lo que “muchos hogares que tienen dificultades se quedarán fuera”.

También es insuficiente para los colectivos y organizaciones que defienden una renta básica de emergencia universal, incondicional, individual y suficiente, la apuesta de la formación morada en sus inicios. Desde el Plan de Choque Social sostienen que la medida es claramente insuficiente para atender al 26% de la población en riesgo de pobreza. También critican que este tipo de rentas condicionadas, provocan que “las personas que la soliciten además de demostrar fehacientemente que son pobres deberán superar todo un laberinto burocrático más propio del siglo XIX que del XXI”.

Además hay otros colectivos que quedan fuera de esta ayuda, como la población que vive en situación irregular en España, unas 600.000 personas según cálculos aproximados, aunque fuentes del Gobierno han comunicado que tendrán acceso los solicitantes de protección internacional, a falta de ver reflejados los detalles en el mecanismo en el Real Decreto. Las organizaciones que trabajan con las personas migrantes lamentan que estas personas, especialmente vulnerables, se se queden sin un proceso de regularización extraordinaria durante el estado de alarma, como se ha realizado en Italia y en Portugal, y también se queden al margen del IMV. Uno de los requisitos para acceder a la ayuda es contar con un año de residencia legal en el momento de su solicitud.

Otro de los riesgos que observan las ONG del IMV es que, al ser complementario con otras ayudas concedidas por las CCAA, los gobiernos autonómicos tengan la tentación de reducir sus propias rentas mínimas, que actualmente se cifran en 1.500 millones de euros en todo el Estado. Oxfam Intermón pide un compromiso explícito a las comunidades autónomas y que modifiquen sus rentas mínimas para llegar a las familias que queden excluidas de la prestación estatal.

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Fuente: Cuarto Poder