¿Puede un gobierno negarse a comparecer ante el Congreso de los Diputados? En democracia, es inconcebible. Y ¿Si el gobierno está en funciones? Más inconcebible todavía, ya que su legitimidad proviene de un Parlamento que ya no existe, con más razón, pues, debe someterse a la voluntad soberana del pueblo, encarnada por el actual Congreso de los Diputados. En un Estado de derecho la legitimidad viene determinada por las elecciones, por ello el gobierno está en funciones porque su legitimidad ha caducado. Firmar convenios internacionales como el acuerdo de la UE y Turquía no puede hacerlo y menos sin el consentimiento del Congreso de los Diputados.

De todas formas la actual situación está generada por una Constitución que precisa urgentemente de una profunda modificación, sobre todo en lo relacionado con el sistema electoral y en la forma de designar gobierno. Es inaceptable que esta provisionalidad en el ejecutivo se pueda alargar, no tan solo seis meses, sino hasta un año o más.

La posibilidad de que se repitan elecciones a finales de junio nos aboca a una situación de impasse no solo gubernamental sino también legislativo.

En España no hay una auténtica separación de poderes. El Congreso y el Senado parecen huérfanos de objetivos por la inexistencia de un gobierno con plena legitimidad. Inicia sus sesiones tres meses después de las elecciones -dos meses perdidos- y sus primeros debates se centran en cuestiones nominales.

Todos los grupos hablan de regeneración democrática pero no parecen tener proyectos de modificaciones legislativas en las que sustentarlas. Están sesteando esperando a un futuro gobierno que tome la iniciativa. Algo que demuestra la dependencia del legislativo respecto al ejecutivo.

En estos dos meses de inactividad seguro que podrían haber elaborado una modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, para en el caso de que haya nuevas elecciones, mejorarse la proporcionalidad, además de instaurar un sistema para la designación del presidente de gobierno que supere el actual, tan largo e ineficaz.

Es evidente que reformar el sistema electoral español precisa de cambios en la Constitución, pero no es menos cierto que una reforma mínima de la LOREG es posible. Sin embargo, ¿a qué dedican su tiempo sus señorías, eso sí con cargo al erario público, el nuestro? Pues a un sainete interminable, con malos actores que, encima, no se saben bien su papel.

El actual sistema electoral pervierte la voluntad popular y tres son sus causas, en orden de importancia:

1. Las circunscripciones provinciales
2. El 3% como límite mínimo para acceder a un escaño
3. El sistema D’hondt

Siempre se pretende echar la culpa de los males del sistema electoral español al señor D’hondt cuando la principal culpa la tienen las circunscripciones provinciales. Esto provoca una sobre representación territorial, junto a un sistema prácticamente mayoritario. Cuanto más pequeña es la circunscripción más mayoritario es el sistema y menos representados sus ciudadanos.

Es el nuestro un sistema electoral que deja a un alto porcentaje de votantes sin representación, más de dos millones y medio de votantes. Hay territorios en España en que el voto de un ciudadano puede valer hasta 9 veces más que el de otro ciudadano en otro lugar. El diputado del PSOE de Soria costó 12.280 votos, el del PP de Melilla 12.309, frente a los 110.089 del diputado de Podemos en Murcia o los 110.650, cada uno, de los dos de Ciudadanos en Valencia. Ya no vale lo de una persona un voto sí eso no va garantizado de que ese voto tiene el mismo valor para todos viva donde viva y vote lo que vote.

Por otro lado, el bipartidismo débil apoyado en los nacionalismos parece evolucionar hace un bipartidismo con muletas a cuatro imperfecto e ingobernable.

Las tentaciones para que nuestro sistema electoral evolucione hacia formas que prioricen la gobernabilidad nos arrastraría a sistemas cómo son las listas abiertas o las circunscripciones uninominales que, aparentando más cercanía la elector y bajo el caramelo de votar a personas, destrozarían, aún más, la representatividad de una sociedad tan plural como la nuestra.

Estos sistemas esconden formas mayoritarias, es decir una manera de retomar el bipartidismo pero no ya débil sino fuerte junto a unos partidos nacionalistas hegemónicos en sus feudos.

Solo un sistema de Circunscripción Única garantiza la representatividad y la igualdad del valor del voto de todo ciudadano.

Es necesario poner sobre la mesa, sin aspavientos ni actitudes dogmáticas, la necesidad de profundizar en la división y separación de poderes, y ello quiere decir que la representación en el parlamento ha de ser los más fiel a la voluntad popular, es decir, proporcional a la misma, y que la elección del ejecutivo se realice por un sistema mayoritario, partiendo de los resultados del legislativo, pero en donde la ultima palabra la tenga el pueblo si los diputados son incapaces de llegar a un acuerdo. Y con unos plazos definidos, cortos y razonables. No es cuestión de optar entre un sistema parlamentario o presidencialista, sino buscar los mecanismos que permitan representatividad proporcional en el legislativo y estabilidad en el ejecutivo, con los suficientes contrapesos entre ambos, y una soberanía popular activa.

El cambio es posible y necesario pero esta vez establezcamos el destino antes de poner en marcha el tren, pero sin más demora.

Fuente: Crónica Popular