En el programa electoral que el Partido Popular presentó a las últimas elecciones generales, no constaba la intención de desequilibrar la negociación colectiva a favor del capital, y por consiguiente, en detrimento de los trabajadores. Tampoco venía explicitado el propósito de pisotear el artículo 37 de la Constitución Española, aquel que dice que “la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios”.

Sin embargo, la demolición de la negociación colectiva (uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar) formaba parte de una agenda oculta cuya existencia ignoraron buena parte de los 10.830.693 votantes que el 20 de noviembre de 2011 depositaron su voto y su confianza en las promesas falsas de Rajoy & Co.

La misma reforma laboral que convirtió en papel mojado los acuerdos entre agentes sociales al promover el descuelgue empresarial respecto a sus contenidos, hace efectiva ahora la anulación de miles de convenios colectivos cuya renovación no haya contado con la anuencia de la parte empresarial. El régimen de Rajoy ha establecido el siguiente esquema: “A y B deben negociar”, “Si A y B no se ponen de acuerdo, A tendrá siempre razón”, siendo “A”, por supuesto, la misma clase empresarial que está ahogando la economía de este país a base de deslocalizaciones y de falta de inversiones orientadas hacia la economía productiva.

Resulta una total desfachatez esgrimir el argumento de que los trabajadores siguen estando protegidos por los convenios sectoriales o por el Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta que estos instrumentos recogen condiciones laborales mucho menos favorables para la parte social que los convenios de empresa.

Pero el colmo del cinismo llegaba ayer de la mano de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que antes de impartir una charla sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, declaró a la prensa que hay que dejar a los agentes sociales “que ejerzan con responsabilidad la función constitucional que tienen, que es negociar y pactar las condiciones de empleo del mercado de trabajo”.

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Fuente: Crónica de Aragón