Por una de esas extrañezas presentes en la extraña historia de España, Álvaro de Figueroa y Torres fue uno de los caudillos del Partido Liberal, y además conde de Romanones, grande de España una de las mayores fortunas del país, cacique sempiterno de Guadalajara, etcétera. Este liberal peculiar presidió el Gobierno, el Congreso, el Senado, fue ministro de varias carteras, lo que significa que valía para todo o tal vez para nada, etcétera. En fin, que fue uno de los personajes claves durante la monarquía de Alfonso XIII, aunque su liberalismo sea cuestionable.

Si nos acordamos de él en estos momentos es debido a unas palabras escritas al comienzo del tomo segundo de sus Notas de una vida, la suya, naturalmente, editado en 1930. Esto es lo que nos importa recordar:

En mi frecuente paso por el Gobierno, he aprendido que la atención de los Ministros ha estado absorbida constantemente por Cataluña; cuando no era una cosa, era otra; huelgas, regionalismo, separatismo, sindicalismo, proteccionismo. Si el resto de España hubiera originado iguales preocupaciones, la vida ministerial habría sido imposible.

El conde liberal y caciquil constató un hecho, pero no se le ocurrió meditar sobre sus causas y consecuencias, así que tendremos que hacerlo nosotros. Si Cataluña ha sido y sigue siendo una perpetua preocupación para los ministros españoles, se debe a la circunstancia de encontrarse incluida en el territorio español en contra de la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos, reiteradamente expresada de todas las formas democráticas posibles.

Cataluña es diferente

Si lo que el conde consideraba “el resto de España” no causa a los gobiernos iguales preocupaciones, es sencillamente porque la situación resulta diferente en su territorio. A ese “resto” no le afectan los problemas catalanes, porque no los comparte. El problema de Cataluña es suyo propio, diferenciador, exclusivo, y por lo mismo incomparable. Una mayoría de catalanes no se siente española, y en consecuencia reclama el reconocimiento de su idiosincrasia distintiva, traducida en su independentismo de la que considera una potencia colonizadora.

Es verdad que una pequeña parte de gentes nacidas en Cataluña, generalmente por emigración de ellas o de sus antepasados, proclama muy contundentemente su españolismo. Pero como en democracia la opinión de la mayoría prevalece sobre la sustentada por la minoría, los gobiernos tienen el deber de aceptar el deseo mayoritario de los habitantes de Cataluña, que además han demostrado ser personas civilizadas incapaces de someter a los conciudadanos a un trato vejatorio (lo que no suele suceder a la inversa).

Si el conde hubiera comprendido que todas sus “preocupaciones” en relación con Cataluña se resolvían con la celebración de un referéndum, para conocer la opinión mayoritaria de los ciudadanos y aplicarla, no lo habría organizado, porque era muy consciente de que la monarquía no puede conceder la independencia a una de sus posesiones. De modo que tenía la solución al alcance de la mano, simplemente con firmar el decreto de convocatoria del referéndum, pero resultaba imposible hacerlo, y desde luego no lo hizo. Sabía bien el resultado de la consulta, como lo saben los políticos actuales, y por eso se niegan a organizarlo, y amenazan con enviar al Ejército español (esa Legión Extranjera compuesta mayoritariamente por inmigrantes hispanoamericanos sin trabajo) a impedirlo. Aunque nadie cree que se atreva a intentarlo.

Por la República Federal

El primer párrafo del artículo 56 de la vigente Constitución monárquica de 1978 dice: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”, de modo que mientras exista la monarquía no es aceptable imaginar que el Estado constituido en reino se desuna y despermanezca. Los catalanes están obligados a rechazar la monarquía española, y a defender la República Federal Ibérica, que casualmente tuvo en un catalán su máximo exponente: Francisco Pi y Margall.

Los partidos dinásticos que se alternan en el poder, el que se proclama Popular y el que dice ser Socialista, con evidentes exageraciones, han demostrado hallarse muy contentos con esta monarquía del 18 de julio instaurada por el dictadorísimo. Están de acuerdo en modificar la Constitución en su artículo 57, para que la hembra principesca no quede preterida ante el varón como lo está ahora. Tal para cual.

Por eso tal vez Francesc Cambó no definió muy bien la actitud de los catalanes respecto al régimen político español, cuando el 16 de diciembre de 1918 aclaró su postura: “¿Monarquía? ¿República? ¡Catalunya!” Es lo que importa a la mayoría de los catalanes, su nación, y hacen muy bien todos cuantos así piensan, pero no deben ignorar el régimen existente en España, porque solamente con una República encontrarán el camino abierto para sus aspiraciones.

En diciembre de 1918 presidía el Gobierno de España precisamente el conde de Romanones. Para él la elección resultaba más sencilla que para Cambó: ni Cataluña ni República, solamente monarquía. Por eso tuvo la ocurrencia de defender al exrey Alfonso XIII en 1931 contra el acta de acusación del Congreso.

El interés general

Está claro que el interés de los catalanes consiste en colaborar con los españoles para conseguir la recuperación de la legalidad republicana, asfixiada en 1939 por los militares monárquicos sublevados tres años antes. Por su propio beneficio, que es también el nuestro. Los republicanos podemos entendernos entre nosotros, pero es imposible ningún entendimiento con los monárquicos, sean populares o socialistos, porque a la hora de la verdad son iguales.

Seguirá repitiéndose la situación advertida muy bien, pero no resuelta, por el conde presuntamente liberal. Los políticos españoles se niegan a escuchar la voz de Cataluña. Lo comentaba en versos espléndido Joan Maragall en 1898, en su aleccionadora “Oda a Espanya”, que termina con estas preguntas antes de la despedida obligada:

On ets, Espanya ? – no et veig enlloc.

No senta la meva veu atronadora?

No entens aquesta llengua – que et parla entre perills?

Has desaprès d’entendre an els teus fills ?

Adéu, Espanya!