Algo muy preocupante ocurre en las libertades de un país cuando muere el Fiscal General del Estado y cunde la inquietud por si algún tweet puede acabar con su autor en el juzgado. Posibilidad nada remota dado que la confirman algunas autoridades políticas. A Albert Rivera, García Albiol y el Ministro del interior Juan Ignacio Zoido les faltó el tiempo para tapar bocas avisando que el gran cuñadismo ultra organizado vigilaba las redes. No iba a haber “impunidad para los delitos de odio” anticipaba, textualmente, Zoido, mientras en un chat de policías municipales de Madrid se vertían insultos y amenazas de extrema gravedad hacia la alcaldesa, Manuela Carmena, Pablo Iglesias –convertido ya en un clásico – y los periodistas de La Sexta Ana Pastor y Antonio García Ferreras. Extrema, mentar la Matanza de abogados laboristas de Atocha en la Transición para lamentar que la entonces magistrada Carmena no estuviera allí o desearle “ una muerte lenta y agónica” es odio recocido en décadas. Lo amplificaron con una serie de loas a Hitler y planteamiento de cacerías a emigrantes. Son una minoría pero  les apoyan una mayoría de sus sindicatos.