En las primeras horas del 5 de enero, un hombre de 21 años de Guinea-Conakry moría en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Barcelona después de quejarse de dolores en el pecho o (según otro informe) de problemas respiratorios. La edad del fallecido, cuyo nombre no se ha facilitado, es suficiente para hacer sonar las alarmas. Los amigos que estaban con él alegan que los guardias tardaron en buscar ayuda médica para el joven. La policía afirma que acudieron de inmediato y que en quince minutos había allí una ambulancia y personal médico para tratar de reanimarle. Los detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por esta muerte, denunciando la inexistencia de servicios sanitarios durante las 24 horas en el centro y que sólo recibían visitas de médicos dos veces por semana. Las autoridades respondieron a la protesta enviando a la policía antidisturbios.

Este joven era la segunda persona que moría en un CIE español en menos de tres semanas. El 19 de diciembre de 2011, una mujer no identificada de 41 años de edad, supuestamente proveniente de la República Democrática del Congo, murió de meningitis horas después de su ingreso en el hospital al que fue trasladada desde el CIE de Aluche, situado en un barrio periférico de Madrid. Un auto judicial sobre esta muerte emitido por el juez de vigilancia y control del CIE de Madrid fue muy crítico con el "palmario hacinamiento" que sufren los internos (a los que se concentra en celdas de 6 u 8 personas) y con la falta de instalaciones para el aseo personal y de letrinas o de enfermería, todo lo cual facilita la propagación de enfermedades infecciosas. El juez, que describió las condiciones del centro de Aluche como "de especial gravedad", ordenó al personal del centro a segregar a quienes hubieran tenido contacto con los fallecidos y a garantizar un tratamiento hospitalario adecuado para todo aquel que lo necesitara. Un mes antes, el juez tuvo que ordenar al personal del centro que pusiera fin a la práctica de cerrar con llave las celdas y denegar el acceso a los aseos (que están en los pasillos), lo que estaba obligando a las mujeres a orinar en bolsas de plástico, botellas o en los pequeños lavabos de las celdas.

Los centros de detención que albergan en España durante un máximo de dos meses a los migrantes indocumentados pendientes de deportación eran ya objeto de condena y de demandas de cierre desde antes de estos sucesos. Un informe de Migreurop publicado el 15 de diciembre, basado en la inspección detallada de cuatro CIE (Málaga, Algeciras, Madrid y Barcelona), documentó "violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales", como los de intimidad, asistencia jurídica, integridad moral y dignidad, e hizo un llamamiento para la regulación legal urgente de los centros hasta su eventual cierre. Su campaña por la regulación de estos centros y la imposición de unas normas mínimas ha recabado 40.000 firmas y el apoyo de 400 organizaciones.

Otro informe de la ONG Pueblos Unidos, publicado al día siguiente de la muerte de la mujer congoleña y basado en más de un millar de visitas realizadas al centro de Aluche donde falleció, describían el "maltrato generalizado", que incluía castigos colectivos y la privación de acceso al aire libre, así como la "humillante y degradante" denegación de acceso a los aseos. Esta organización, al igual que la Comisión Episcopal de Migraciones de España, advierte de la exclusión de los migrantes del conjunto general de derechos y normas legales, situándoles en un estado de "excepcionalidad jurídica" en los centros.

Fuente: Tlaxcala

Traducido y editado por   Mariola Merino y  Ana Atienza, respectivamente.