La Ley Mordaza ha dejado un balance de más de 50.000 multas por «faltas de respeto y/o consideración» y una media de 48 multas diarias.

El PSOE no apuesta por “derogarla”, únicamente por “reformarla” eliminando algunos artículos pero dejando otros que siguen atentando contra derechos fundamentales.

Ley mordaza es un término que se acuña a una ley, en la que se declara delitos libertades tales como la de expresión, información o manifestación. También se denominan leyes mordazas cuando se restringen o limitan por ley actividades que antes se consideraban lícitas.

En España con este término nos referimos a Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana que entró en vigor el 1 de julio de 2015 y fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular con el rechazo de la oposición sustituyendo a la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley de patada en la puerta”.

La «ley mordaza» es una amenaza que recorta derechos y atenta contra la libertad de expresión y ha provocado que se haya perdido calidad democrática en España. De momento ha dejado un balance de más de 50.000 multas por «faltas de respeto y/o consideración» a los agentes de la Policía. La Guardia Civil y Policía han multado a 48 personas cada día por este motivo durante los últimos años. A 31 de diciembre de 2016, el Estado había recaudado 131.470.206 euros por aplicar esta ley.

Amnistía Internacional ha recogido 130.000 firmas para acabar con esta perversa ley. Los derechos de reunión, expresión e información no están garantizados, ya que la ley no introduce «mecanismos de control adecuados» a las Fuerzas de Seguridad del Estado y está sirviendo para «procesar penalmente o sancionar administrativamente», por utilizar expresiones que se encuentran comprendidas dentro de los derechos a la libertad de expresión e información.

Ni las movilizaciones en contra ni los recursos ante el Constitucional han logrado detener la aplicación de la ley. Colgar en Internet fotografías de la policía en acción, es considerado como una falta grave. Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados o impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales es castigado. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, es considerado como una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse y no colaborar con las fuerzas de seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones, también es castigado.

Cuando el PSOE estaba en la oposición, se sumó al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional, para derogar ocho artículos, y cuando Pedro Sánchez asumió la responsabilidad de liderar el Gobierno se comprometió a “reformar” esta ley impulsando la derogación urgente de los artículos recurridos, que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión. Nada se ha dicho, sin embargo, de la derogación de otros artículos de la ley no recurridos, que también vulneran derechos fundamentales.

La libertad de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y declaraciones internacionales recogen y la Constitución española reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».

La «ley mordaza» coarta la libertad ciudadana, criminaliza la protesta pacífica y no violenta mediante enormes multas y duras penas de cárcel e intenta evitar la crítica al gobierno.

Los colectivos en defensa de nuestra libertad de expresión advierten que la solución no es volver a la ley de la patada en la puerta. El objetivo de este tipo de leyes debe ser salvaguardar los derechos y no acotarlos, con la Administración como juez y parte. «Tanto la ley mordaza como la ley Corcuera comparten el espíritu de restringir derechos y libertades fundamentales. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), ha advertido que si la derogación del supuesto núcleo duro de la ley, se limita a los artículos recurridos ante el Tribunal Constitucional, se mantendrán en vigor artículos muy lesivos para los Derechos Fundamentales.

La Protección de la Seguridad Ciudadana no puede ser una excusa para continuar con leyes de Orden Público. Eso no es compatible con la democracia. Ni un día más en vigor de la ley mordaza; hay que derogarla, aunque de momento es otra de las grandes promesas incumplidas de Pedro Sánchez.