Una alcaldesa del PP rindiendo homenaje "a los caídos por Dios y por España" en el municipio madrileño de Quijorna, en el que se montó un mercadillo con mercadotecnia de simbología nazi y fascista; jóvenes de Nuevas Generaciones del PP colgando vídeos en YouTube donde dan pábulo al proselitismo franquista; alcaldes gallegos como el de Baralla que añoran públicamente el antiguo régimen o, como el del Ayuntamiento orensano de Beade, que despiertan al son de la infausta melodía del Cara al sol como tono de móvil; o el ataque a la librería Blanquerna en la jornada de la Diada y la Vía Catalana por parte del grupo Alianza Nacional, cuya ilegalización estudia el Tribunal Supremo.

No son pocos los episodios de carácter ultraderechista que al albur de la crisis económica, la desafección política, la desconfianza en las instituciones o la inmigración han germinado con una cuota de visibilidad creciente con intención de capitalizar esta tormenta perfecta y, frente al espejo de los éxitos obtenidos por movimientos semejantes en varios países de Europa, con el griego Aurora Dorada de referente, trabajan en la ensoñación de captar adeptos y, por qué no, asomarse a los poderes públicos.
Al amparo de que la apología del franquismo no es todavía constitutiva de delito -vulnera el código moral, que no el penal-; los grupos de extrema derecha han aprovechado estos años de recesión, amén de demandas independentistas como la procedente de Catalunya, para tratar de aumentar sus áreas de influencia. Según el informe más reciente del Movimiento contra la Intolerancia, se estiman en 4.000 los incidentes y agresiones que provocan anualmente; con grupos racistas y xenófobos en todas las comunidades; un millar de localizaciones a través de web, blogs o foros en Internet; decenas de conciertos de corte neofascista; y fijando en unos 10.000 el número aproximado de militantes de esta ideología y sus ramificaciones. La propia Policía española tiene constancia de la existencia de 46 grupos activos de derecha radicalizada, en cuyo seno se han detenido a 74 personas solamente en 2013; aparte de las más de 250 bandas neonazis que las Fuerzas y Seguridad del Estado contabilizaban ya en 2008, 53 de ellas muy peligrosas. Tanto, como la iniciativa denominada La España en marcha (LEM), abanderada por La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y Democracia Nacional, cuya puesta en escena tendrá lugar el próximo sábado día 12 en Barcelona para denunciar el propósito soberanista catalán mediante "quema de trapos separatistas". Es más, el líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, avisó de que los catalanes podían tener "por seguro" que no obtendrían su independencia sin derramar "sangre". "Si es preciso la lucha armada, pues lucha armada". "Lo que no permitiremos es que se escinda un territorio de España sin que haya sangre", amenazó.
Esta última iniciativa de carácter unitario surge de la escasa representatividad electoral que estas formaciones arrastran desde finales de los años setenta, sumergido como está el voto de estos grupúsculos bajo las siglas del Partido Popular, por ser donde más "cómodos" se encuentran y, como recomendó la FAES, por la labor del partido de Génova en concentrar su sufragio. De hecho, el conglomerado que ahora conforma LEM sufrió un descenso significativo en los comicios de 2011 en comparación con las generales precedentes, pasando de 20.175 a 4.760 votos. En su horizonte se encuentran las elecciones europeas de 2014 quizás como pulsómetro a corto y medio plazo. No es de extrañar que la Unión Progresista de Fiscales haya mostrado su "preocupación" por el incremento de actos fascistas tras la pintada nazi aparecida en la plaza de toros de Pinto con el lema Hitler tenía razón, ya que "puede ser semillero de actuaciones mucho más graves".
Carrusel de incidentes El cierre en falso en el periodo de la Transición de todas las derivadas del franquismo ha llevado incluso a que sea Argentina quien haya tenido que reactivar el juicio contra cuatro torturadores de la etapa dictatorial, poniendo en evidencia a la justicia española; por no hablar de las exhumaciones de quienes se agolpan aún en las cunetas y que, desde la óptica de la derecha radical, es una página a pasar por aquello de no reabrir heridas que, paradójicamente, todavía sangran. Para colmo, el verano ha resultado un nicho para incidentes de este corte. Primero, trascendieron las fotografías de jóvenes militantes del PP de Valencia y Castilla-La Mancha con el brazo en alto, desautorizados en voz baja por su formación, y con Rafael Hernando, portavoz adjunto popular en el Congreso, añadiendo leña al fuego al considerar que "las consecuencias de la República llevaron a un millón de muertos". El 26 de julio fue el regidor de Baralla (Lugo) quien sentenció que "los condenados a muerte por Franco se lo merecían". También el popular José Luis Fernández, concejal de Cultura de Talavera la Nueva (Toledo), se plantó en el Valle de los Caídos en noviembre de 2012 para retratarse envuelto en una bandera franquista; mientras que María Bermejo, secretaria general de las Nuevas Generaciones de Sevilla, posó bajo un escudo preconstitucional.
Para colmo, las formaciones populistas anteriormente citadas, animan a retomar el "proyecto" del 18 de julio, día del Golpe de Estado contra el gobierno democrático de la Segunda República, bajo un ideario común en el que sobresale la derogación de la Constitución, la prohibición de las ideas secesionistas, el cese de la inmigración, la oposición radical al aborto y la eutanasia, la abolición del matrimonio homosexual y la eliminación de las autonomías. Planteamientos que cogieron vuelo electoral bajo la representación de Plataforma por Catalunya, el partido de Josep Anglada, que obtuvo 67 ediles hace dos años; y España 2000, que tiene en Valencia y Alcalá de Henares, con cuatro concejales y uno respectivamente, su mayor vivero. Demagogia fácil y simplona que halla en los jóvenes desarraigados del mundo laboral su mayor tárget.
Ahora el debate se centra en la ilegalización de estos partidos de extrema derecha acudiendo a la Ley que en su día sirvió para censurar los derechos de la denominada izquierda abertzale tradicional en Euskadi; o en la reforma del Código Penal que posibilite un clon de la legislación contra el nazismo promovida en Alemania. Si se trata de prohibir las formaciones cuyos líderes enaltecen a los seguidores que cometen actos vandálicos nos topamos ante un problema que deben resolver los magistrados. Pero si se pretende excluir a formaciones por su ideario supone adentrarse en un terreno minado porque el veto de las ideas no conduce a su erradicación; e incluso su prohibición podría resultar contraproducente porque podría victimizarlos, además de publicitarlos. El espejismo regeneracionista que ofrecen deslumbra a un sector poblacional ávido de proclamas grandilocuentes e ideologías purificantes, pero, alerta roja aparte, revela el fracaso en la construcción de una mitología democrática. Demasiadas águilas en el armario.

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Fuente: Noticias de Gipozkoa