Cuando se habla de dar inicio a una verdadera revolución democrática y social, no podemos dejar de hablar de lo local, y suele ser recurrente poner los ejemplos de Torrelodones o Marinaleda. Al márgen del modelo de gestión o los matices ideológicos, este tipo de iniciativas sirven de referencia para otras iniciativas ciudadanas. Pero hay que señalar que Torrelodones tiene poco más de 21.000 habitantes, mientras Marinaleda no llega a 3.000. En nucleos reducidos, basta con la voluntad de algunas personas para poner la primera piedra: en una ciudad como Torrelodones hacen falta unos 500 o 600 votos para lograr representación, en una población de no más de 3000 no hacen falta más de 150. Con tesón y esfuerzo, en una ciudad del tamaño de Elche, de 230.000 habitantes, una candidatura ciudadana puede llegar a conseguir los 5.000 votos necesarios que dan al menos la opción a tener voz en el Ayuntamiento.

 

Pero el recurso local no es ni mucho menos táctico; es sólo en estos nucleos administrativos reducidos donde es posible lograr una gestión razonablemente directa de las cosas que nos importan. Tomemos el ejemplo de Elche ¿y si los 5.000 votos proviniesen principalmente de un barrio concreto de la ciudad? La gestión de ese barrio sin duda resultaría bastante más eficiente si, aplicando el principio de subsidiariedad, lograse autonomía suficiente para gestionar determinadas cosas por su cuenta y riesgo, lo cual será mucho más eficiente que tener un concejal. Así podría hacerlo de forma que más personas puedan ser escuchadas, y su opnión tenida en cuenta, recurriendo a herramientas políticas como los presupuestos participativos y organizándose en concejos abiertos, que puedan tomar cuantas decisiones puedan ser capaces de tomar. Además de tener el concejal, que por el momento seguirá siendo necesario para exigir en la cámara más autogestión y más presupuesto para los barrios.

En ciudades como Madrid no es posible que exista política municipal. Madrid es un verdadero Estado con una población del orden de países como Uruguay, Lituania o Albania, una población de 3.200.000 habitantes que elige solo a 57 concejales, y que para acceder a un sillón en el ayuntamiento exige superar una barrera del 5%, es decir, los 70.000 votos. Que una entidad local del orden de cien mil personas sólo pueda expresarse en la política para hacer las cosas que su barrio necesita mediante un representante en una camara donde hay 56 más resulta una burla, si no un verdadero insulto. El Ayuntamiento de Madrid maneja el dinero de todos los madrileños, pero son los barrios los que realmente saben dónde hace falta el dinero. Sin embargo, la mayoría de las inversiones no van para los barrios, sino que se reparten a dedo en concejalías centralizadas, se dilapidan en obras faraónicas y en definitiva, se destinan a conceptos que no son de interés general. Así, la partida presupuestaria para barrios es más bien una limosna, sin embargo, en cada Junta de Distrito hay 25 vocales vecinos elegidos a dedo por los partidos, cada uno de los cuales cobra 1100 euros al mes por existir, ya que sus decisiones no son ni siquiera vinculantes para la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, considerar alternativas de gestión de ciudades-país como Madrid, que permitan sobre todo una mayor participación de las personas en la toma de decisiones, pero también una legitimidad aceptable -más proporcional y cercana- de sus representantes, no es un trabajo difícil. Modelos como el del Distrito Federal de Ciudad de Méjico, o la city descentralizada de Londres, mantenienen una alta autonomía de los barrios o distritos que los conforman sin mermar su cohesión, y parecen sin dudarlo mucho más indicados y beneficiosos para las personas. Aunque puedan no ser tan beneficiosos, sobre todo en el plano económico, para las élites de la política, pues frente a partidas presupuestarias menores y con sus decisiones fiscalizadas por el control popular tendrían menos posibilidades de llevarse las habituales comisiones millonarias. Valgan estos ejemplos y otros que cualquiera puede consultar para mostrarnos que estas medidas descentralizadoras no son ni mucho menos negativas para los servicios comunes de todos los barrios, el transporte, la sanidad o la educación, sino más bien al contrario, ya que se tratará de una cohesión que se parecerá mucho más a la que realmente desean y necesitan las personas, que a menudo no tiene nada que ver con la que se les impone desde arriba.

Exigimos a las formaciones políticas que pretendan articular una alternativa ciudadana para Madrid que se comprometan a desarrollar plenamente la participación y la gestión autónoma de los barrios, facilitando así la construcción de una democracia desde abajo.

 

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Fuente: Acampada Sol