Portugal vivió el viernes nuevas protestas contra el plan de recortes propuesto por el gobierno de centro-derecha para reducir el déficit fiscal y acabar con la crisis de deuda en el país de la zona euro. Al menos unas 10.000 personas se concentraron por la noche en Lisboa frente al Palacio Presidencial exigiendo, entre otras cosas, la destitución del gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho. Ya el pasado sábado cientos de miles de personas se habían lanzado en todo Portugal a las calles para protestar contra la austeridad y el gobierno, en lo que fue, según los medios, la mayor manifestación desde la "Revolución de los Claveles" con la que el país volvió a la democracia en 1974.

Mientras los manifestantes lanzaban petardos y gritaban consignas de protesta, el presidente del país, Anibal Cavaco Silva, debatía con los miembros del Consejo de Estado, un gremio de asesoramiento, los posibles caminos para salir de la crisis. El jefe de gobierno Passos Coelho, quien también participó en la reunión, había rechazado los crecientes pedidos de que se pusiera fin a la severa política de recortes de gastos y aumentos de impuestos que llevó a Portugal a una recesión que este año será del tres por ciento, así como a un desempleo récord del 15,7 por ciento. Si Portugal no cumple con lo pactado con sus acreedores internacionales, dijo, el país "caerá en una pobreza increíble, que no durará dos o tres, sino 20 ó 30 años".

En un debate en el Parlamento nacional, el jefe de gobierno advirtió asimismo que, de renunciar a la política de ahorro, el país se vería obligado a pedir un segundo paquete de ayuda o, peor, abandonar la zona del euro. Cavaco, que pertenece al PSD de Passos, advirtió del estallido de una gran crisis política. Pero al mismo tiempo dijo que había que "escuchar al pueblo". Según la constitución portuguesa, el presidente luso puede, en caso de que lo crea necesario, disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, o bien, como piden algunos, formar un "gobierno de emergencia".

El año pasado, Portugal recibió de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) un paquete de ayuda de 78.000 millones de euros. Como contraprestación, se comprometió a reducir el déficit fiscal, que en 2009 y 2010 había alcanzado el diez por ciento del Producto Bruto Interno, al tres por ciento permitido por Bruselas hasta 2013. Hasta el momento no se dieron a conocer detalles de las conversaciones celebradas en el Palacio Presidencial de Belem, en el oeste de Lisboa. Afuera, los manifestantes gritaban consignas como "Cavaco, escucha, el pueblo está en lucha", mientras llevaban pancartas con inscripciones como "¡Basta!".

El Consejo de Estado, el gremio de asesoramiento del presidente, está compuesto por antiguos y actuales mandatarios, entre ellos Passos, pero también por intelectuales como el médico João Lobo Antunes y el poeta Manuel Alegre. El presidente los convocó ante la creciente resistencia que suscitaron los programas de austeridad. Antes de las manifestaciones del sábado pasado, el mayor grupo de oposición, el socialdemócrata Partido Socialista (PS), había anunciado que, tras las nuevas medidas de ahorro, no apoyaba más la política de austeridad y votaría contra el presupuesto del Estado para 2013.

Críticas a las medidas más recientes, como el aumento de los aportes de seguridad social de los trabajadores del 11 a 18 por ciento, habían surgido también en el seno de la coalición de gobierno, formada por el PSD y el derechista Centro Democrático y Social (CDS). Hasta ahora, Portugal se había mostrado como un "alumno ejemplar" entre los países de la UE más afectados por la crisis de la deuda y del euro. El año pasado había bajado su déficit fiscal al 4,2 por ciento, superando las metas establecidas junto con los acreedores.

Sin embargo, en agosto, el Ministerio de Finanzas admitió que en vista de una gran caída de los ingresos impositivos causada por la fuerte recesión no se iba a conseguir cumplir con el objetivo del déficit presupuestario de 2012 sin medidas de ahorro adicionales. Ante este trasfondo, la "troika" de acreedores conformada por la UE, el BCE y el FMI otorgó al país un año más de plazo para sanear sus finanzas públicas, hasta 2014. En 2013, los habitantes del país más pobre de Europa occidental se verán confrontados con un aumento de los impuestos sobre los ingresos, sobre el rendimiento de capital y también de los impuestos inmobiliarios, entre otras medidas anunciadas recientemente.

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Fuente: lavanguardia.com