La nueva ley de seguridad, impuesta por la separatista Liga Norte en
Italia, incita al odio racista y legaliza el “escuadrismo” fascista. La
inmigración “sin papeles” fue equiparada a un crimen y patotas de
ciudadanos financiados por el Estado ya han salido “legalmente” a cazar
a los trabajadores extranjeros. Pero la Liga Norte, que domina a un
Silvio Berlusconi debilitado por sus escándalos sexuales, va más allá:
su objetivo es –también– discriminar a los italianos del sur, empezando
por reducir sus sueldos.
Gennaro Carotenuto desde
Roma para Brecha
A partir de ahora todo
extranjero que no tenga documentos o que simplemente pierda su empleo (y
con ello su derecho a permanecer en la península) cometerá un crimen y
puede ser perseguido, encerrado hasta 180 días en un Centro de
Identificación y Expulsión –en condiciones mucho peores de las de una
cárcel– y finalmente expulsado. En tiempo de crisis económica, el pbi
italiano cae en picada y los empresarios del norte, que votan a la Liga
pero necesitan mano de obra extranjera barata y clandestina para no
pagar impuestos, obtuvieron medidas que les permiten chantajear más a
los trabajadores: o te sometés (aun más) o te hago expulsar.
Aunque en otros países de
la Unión Europea la inmigración clandestina sea duramente perseguida
(Francia es un ejemplo), sólo en Italia es considerada un delito en sí
misma. A ello hay que agregar la financiación por el Estado de patotas
de ciudadanos, llamadas “rondas”, que, supuestamente desarmadas, pueden
marcar y recorrer el territorio para sustituir a la policía. (Una
policía a la que el primer ministro Berlusconi continúa bajándole el
presupuesto, al punto que se ha quedado sin gasolina para sus
patrulleros.) En su gran mayoría, las “rondas” están conformadas por
militantes de la propia Liga o de partidos neofascistas que ahora están
amparados por la ley para salir a la calle a pegarle al extranjero.
“Esta ley está pensada para causar dolor a los inmigrantes”, denunció el
presidente de la Pastoral de los Migrantes de la Iglesia Católica,
monseñor Agostino Marchetto. En primer lugar dolor físico, pues ya se
cuentan por decenas los episodios de extranjeros golpeados en las calles
italianas. Y a pesar de que por ahora no se ha logrado imponer al
personal médico la obligación de denunciar a sus pacientes
“indocumentados”, se sabe que buena parte de ellos han dejado de
asistirse en hospitales públicos por temor a ser denunciados, arrestados
y expulsados, como ya ha sucedido.
Algunos casos concretos: en
aplicación de la ley, una pareja de ancianos italianos de cerca de 90
años, de la provincia de Ancona, le confiscaron la casa porque ambos
fueron denunciados por haber albergado a una mujer ucraniana clandestina
que cuidaba de uno de ellos, paralítico. El primer día de vigencia de la
ley, un brasileño de 30 años fue atacado y robado en pleno centro de
Milán; en el hospital en que se asistió lo denunciaron, fue detenido y
enviado a un centro de expulsión junto a otros 11 extranjeros; los
recién nacidos de madres “clandestinas” corren el riesgo de convertirse
en “bebés fantasma”, porque no podrán ser legalmente reconocidos por sus
padres, no podrán tener atención médica regular ni ir luego a la
escuela. La única categoría de “indocumentados” que fue relativamente
considerada por la ley es la del servicio doméstico. Y no todos, sino
aquellos –mayoritariamente mujeres– que cuidan a ancianos y suplen así a
los deficitarios servicios públicos. Hay entre 300 mil y 500 mil mujeres
clandestinas en esa situación, provenientes sobre todo de Europa del
este y de Perú.
Italia es prácticamente el
único país del mundo que no prevé ningún recorrido seguro hacia la
integración plena de los ciudadanos extranjeros. Un inmigrante legal
(actualmente son 5 millones) que vive, trabaja y paga impuestos en el
país puede permanecer décadas sin obtener la ciudadanía ni saber
claramente cómo hacerlo. Y si quiere irse o volver a su país de origen
pierde todos sus aportes jubilatorios, que si trabaja regularmente está
obligado a pagar. Más: al estar vigente el ius sanguinis, un joven
nacido en Italia de padres extranjeros inmigrantes legales que no hayan
obtenido la ciudadanía, al llegar a los 18 años puede convertirse en
“ilegal” y ser expulsado del país en el que nació y vivió.
Ya los centros de
Identificación y Expulsión están bajo la lupa de Amnistía Internacional,
la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias, que consideran
aberrante que una persona que no cometió ningún crimen sea literalmente
secuestrada durante 180 días en espera de una expulsión hacia un país
del que huyó por motivos políticos o económicos. Estas organizaciones
denuncian además que las condiciones de vida de esas personas son
infrahumanas: viven hacinadas, en espacios mínimos, tiradas en el piso,
prácticamente sin atención médica. Como Mohammed, 30 años, egipcio, que
dijo a una organización humanitaria: “Hace seis años que trabajo como
albañil en Italia, pero nunca nadie quiso regularizarme. Necesitaba
operarme del oído y debí internarme. Me trajeron al centro de expulsión
directamente desde el hospital”. O Susana, una rom nacida en Italia: “Mi
familia vino de Yugoslavia. Yo nací acá, tengo marido y dos hijos pero
nunca logré tener papeles. Ahora que me expulsan, ¿qué va a ser de mí en
un país extranjero?”.
¿Hablás milanés?
Su actual ofensiva xenófoba no le ha hecho perder el norte a la Liga
Norte: sus enemigos originarios son los italianos del sur, a quienes
acusa de ser culpables de todos los vicios del país, en una carrera en
la cual los estereotipos y los lugares comunes asumen el carácter de
dogma.
Sicilianos, calabreses, napolitanos residentes en las ricas regiones
septentrionales del país deberán ahora someterse a exigencias tales como
saber bergamasco o véneto para poder enseñar química o matemáticas a los
niños o jóvenes nórdicos. Y peor aun: la Liga promueve la adopción de
“jaulas salariales” en función de las cuales por un trabajo similar los
sureños (sean funcionarios o trabajadores del sector privado) cobrarán
sueldos inferiores a los nórdicos. Y se haría por ley, aunque esa ley
viole media docena de artículos de la Constitución. Silvio Berlusconi
dio su apoyo a esa iniciativa, antes de desmentirlo, como ha hecho
tantas otras veces.