Sobre
la celebración del XXX aniversario de la proclamación de Juan Carlos I como
Rey de España
La impostura
El Gobierno español ha creado una comisión en su
seno, que va a organizar y coordinar
los actos y celebraciones de tres efemérides para el presente año: la XV
Cumbre Iberoamericana de Salamanca, los diez años de la Conferencia
Euro-mediterránea y el XXX aniversario de Juan Carlos I como Rey de España. El
Real Decreto del 3 de diciembre del 2004 que la ha puesto en marcha ha nombrado
a María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, como
responsable máxima de la misma.
Sorprende el que un Gobierno emanado de las urnas,
a comienzos del siglo XXI y que se acoge a las siglas históricamente
republicanas del PSOE, sitúe al
mismo nivel dos acontecimientos internacionales con otro que hace referencia a
una cuestión meramente interna. La sorpresa y extrañeza aumentan cuando se
sabe que en otras monarquías europeas los aniversarios de las distintas
coronaciones y proclamaciones o no existen o están reglados por un palatino,
breve y discreto protocolo. ¿Qué tiene de especial la monarquía española de
1975? ¿Qué aportación enjundiosa y notable hace a la sociedad española la
persona de Juan Carlos de Borbón y Borbón? ¿Qué extraña comunión existe
entre el PP (cuyo gobierno organizó en el 2000 la conmemoración del XXV
aniversario, aunque más discretamente) y el PSOE? ¿Estamos ante “una cuestión
de Estado”? Y en ese supuesto tan socorrido siempre para ocultar fraudes,
claudicaciones y delitos de lesa Democracia ¿Cuál es la materia que lo
sustenta? Para Unidad Cívica por la República la conmemoración del XXX
aniversario de la proclamación del Borbón es la culminación de una gigantesca
impostura
Desde
hace años, se viene desarrollando en nuestro país, y de manera intensa, un
proceso de recuperación de la memoria en torno a hechos y situaciones referidas
a la represión franquista durante la Guerra Civil y durante la dictadura que,
afortunadamente, se ha ido abriendo paso pese a las trabas e incomprensiones de
gobiernos e instituciones. Sin duda, este proceso de recuperación de la memoria
histórica es un acto de responsabilidad hacia el cual Unidad Cívica por la República,
junto con otras organizaciones, está dedicando esfuerzos importantes.
Sin
embargo, cuando se trata recobrar desde la historia y la memoria más recientes,
las que atañen de manera más inmediata a la inmensa mayoría de la población
y que tienen antecedentes, nexos y relación causa-efecto con el pasado, están
siendo sistemáticamente silenciadas, tergiversadas y desviadas para mayor
consolidación del Régimen de Restauración alfonsina que se inició con la
Transición. Se arrumbaron los aspectos y contenidos más hirientes y menos
homologables del franquismo y se estructuraron en un nuevo molde los intereses
económicos, sociales, ideológicos, axiológicos y políticos del mismo. La
Constitución de 1978 aparecía como el pacto, el acuerdo para la consolidación
de la Democracia. Lo que desde luego significó fue una especie de Ley de Punto
Final no escrita. ¿Qué se había quitado de la vista y de la memoria histórica?
Las
Cortes Constituyentes de la II República (última legitimidad indiscutible)
aprobaron en Noviembre de 1931 la declaración de Alfonso XIII como “culpable
de alta traición” y el decaimiento de todas sus dignidades y títulos sin que
pudiera “reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores”. El 22 de
Julio de 1969 el dictador propuso, y las Cortes franquistas aprobaron, la
designación de Juan Carlos como “sucesor de Franco a título de Rey”. El 21
de Noviembre de 1969, tras jurar los principios del Movimiento Nacional, el
actual Rey fue proclamado ante las Cortes Españolas. Desde entonces reina, sin
que haya cumplido el precepto de jurar la Constitución tal y como lo contempla
el artículo 61 de la misma.
Las
Cortes Generales elegidas en Junio de 1977 (en absoluto constituyentes)
redactaron una constitución en la que aceptaban la imposición de la monarquía
(sin opción alguna a que el pueblo, previamente y mediante referéndum, pudiera
elegir entre monarquía o república), el Real Decreto de Enero de ese año por
el que el Rey se adelantaba a cualquier legalidad y nombraba a su hijo Felipe
heredero con el título de Príncipe de Asturias, apoyándose en el articulado
de la extinta Ley Orgánica del Estado franquista
El
espíritu de la Transición duró lo que las oligarquías de todo tipo estimaron
necesario para trasladar sus muebles y bagajes a la nueva situación. Los artículos
más importantes del Título I (Derechos y Deberes Fundamentales), los del VII
(Economía y Hacienda) o el funcionamiento democrático de las instituciones y
los Poderes del Estado fueron invalidados en la práctica, subvertidos por una
oligarquía política de factura bipartidariamente canovista. La manipulación
“europeísta” hizo el resto. Hoy en día se constata que la pretendida
Democracia se ha transformado en un Régimen de adhesiones partidarias, opacidad
y modorra. La Constitución que era intangible hace un año es objeto de un
debate acerca de su reforma. El problema del Estado Español sigue sin ser
abordado en serio (hay que plantear su construcción desde la ciudadanía y los
pueblos que componen España). La UE es una fuente de problemas a causa de la
vertebración capitalista de la misma. Europa no se perfila como una entidad
cohesionada y con proyecto propio. Consecuentemente, ¿a qué recurrir como
fuente de legitimación a tales fastos ante los problemas que al fin y a la
postre no han sido resueltos?
Las
castas políticas que administran este sucedáneo de Democracia han vuelto a
recurrir al mito del “hombre providencial”, al seguro de la alienación
personal y colectiva. Invalidada la Constitución, inexistente el Estado de
Derecho, pinchado el globo “europeísta” y temiendo la agudización de
problemas estructurales de todo tipo, se recurre a un nuevo tipo de caudillismo
cimentado en medios de comunicación rosas, adictos al sistema y sobre todo a
sus prebendas. Consecuentemente, el Rey les sirve para ser la clave del arco del
edificio que sustenta y cubre sus intereses.
El
que un Gobierno, un Parlamento, unas instituciones y unos medios de comunicación
celebren, jaleen y ensalcen el XXX aniversario de la proclamación como Rey del
heredero de un dictador, dando carta de naturaleza a sus deseos y legitimando de
definitivamente la monarquía, además de representar un insulto a la ciudadanía
y significar un agravio a todos aquellos que, en defensa de la legalidad
republicana, dieron su vida, sufrieron la represión en la dictadura o
padecieron el exilio, denota el pobre concepto que para los promotores
representa la Democracia y sus valores, colocándose a la altura de aquellas
cortes franquistas y de aquellos serviles medios que pusieron el nombre de España
en el nivel más bajo de su Historia.
La monarquía y su entorno, no es sólo un grupo profundamente conservador, muy
alejado de la experiencia y cotidianeidad de la mayoría de las clases
populares, sino que también actúan como inhibidores de la recuperación de la
historia real de nuestro país. Recuperación sin la cual no se puede establecer
una auténtica democracia. La monarquía es una antigualla, una contradicción
democrática, un impedimento para el desarrollo material, político, económico,
cultural y social que a buen seguro, superaremos.
Desde
Unidad Cívica por la República, hacemos un llamamiento a la ciudadanía en
general y los distintos colectivos, organizaciones y entidades a organizarse
para protestar e impedir semejante impostura.
Por
la democracia plena, por el inicio de un verdadero proceso constituyente, por la
República Federal, Laica y Solidaria. ¡Viva la República!
Para
contestar el 30 aniversario, puedes enviarnos tus sugerencias, iniciativas o
aportaciones al manifiesto.
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