La mortalidad en los centros para ancianos ha puesto el foco en estas instituciones, que habían atraído al capital riesgo por su alta rentabilidad

"El poder, el talento y el dinero están en los sénior”. Un anuncio de Vitalia Franquicias, una empresa de centros de día, invita a invertir en el sector del envejecimiento, “un negocio asegurado”, dicen, gracias a que los mayores se han convertido “en una fuente de oportunidades”. La pandemia ha transformado esa fuente de oportunidades en un drama.

Las historias dolorosas se cuentan por miles en los geriátricos del mundo desarrollado diezmados por el coronavirus. En Francia más de un tercio de la mortalidad del país por la covid-19 se concentra en hogares de ancianos; el Reino Unido publicó por primera vez el pasado martes que entre el 1 y el 24 de abril se produjeron 5.386 muertes en instalaciones para mayores. Un recuento de The Washington Post del jueves cifra en más de 5.000 los fallecimientos de este segmento solo de Nueva York (EE UU no publica datos globales) y en Bélgica la mitad de sus 7.200 muertos se ha dado en residencias.

En España el Gobierno todavía no ha ofrecido el recuento que prometió, pero este periódico, con datos oficiales de comunidades autónomas sobre los centros sociales (que incluyen también otras instalaciones, como las de discapacitados), calcula que hasta el jueves pasado podrían haber muerto 15.300 personas en centros públicos y privados.

La riada de fallecidos ha hecho estallar a la sociedad buscando culpables. Quizá ahora más que nunca convenga recordar la primera ley de la ecología, esa que dice que “todo está conectado con todo lo demás”. Los centros de mayores españoles, un mercado en crecimiento que factura más de 4.500 millones (datos de DBK de 2018) y que había recibido fuertes inversiones en los últimos años del capital riesgo, han sido el flanco más vulnerable por un cóctel de circunstancias, como puso de manifiesto el Centro de Documentación y Estudios SiiS tras monitorizar las cifras de mortalidad en Europa. El tamaño de las residencias, el diseño arquitectónico (habitaciones individuales o dobles, espacios más o menos fáciles de aislar), la calidad de la atención (vinculada a la ratio de profesionales por número de internos, a su formación y los salarios), la adopción de medidas rápidas y oportunas por parte de cada centro, su capacidad para comprar equipos de protección y test o su ubicación en territorios más o menos expuestos al virus fueron elementos que jugaron a favor o en contra de cada residencia. El sector, que hasta hace dos meses vivía un enorme boom de invers

Según un estudio de Alimarket del año pasado, los fondos capital riesgo lideraban el prometedor aumento de oferta en el país, que cuenta con 271.696 camas privadas (de ellas, un 65% son puramente privadas y el resto concertadas) y con otras 25.137 en camino. Estudios del sector inmobiliario cifraban el exceso de demanda sobre la oferta en unas 100.000 camas, abono suficiente para ver crecer los planes de expansión de los inversores. Juan de Dios, director de la consultora especializada Angomed, sitúa entre el 20% y el 25% el margen de beneficio de explotación de las residencias. “Hay quien llega al 50%. Depende de si se trabaja con plazas públicas o privadas, en una gran ubicación de una ciudad o en un pueblo. De ahí las diferencias de precios, de 1.300 euros a 2.500 por una misma plaza”.

“En este mercado hay operadores puros, inversores especialistas en inmobiliario y operadores que también son inversores”, distingue Pablo Callejo, director de sectores alternativos CBRE. “Es un sector que tiene demanda, es resiliente, porque no es que sea anticíclico…, es acíclico, estable, no solo en España, ocurre en todo el mundo”. También es un mercado que necesitaba modernización, dice, que ha venido de la mano de empresas nacionales y extranjeras interesadas en tener un flujo de ingresos estable. “Desde aseguradoras como Santa Lucía (accionista de Ballesol) a operadores franceses (Domusvi, Orpea) o a Sanitas, que tiene detrás a la británica Bupa, que no puede ser más estable. Los inversores han entendido la oportunidad y lo están profesionalizando”, defiende Callejo, que cree que se está demonizando injustamente a los operadores privados. Los mismos que controlan, según cálculos de Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare), la gestión del 92% de las plazas en Madrid y que, en su opinión, han deteriorado la calidad por tres razones: las ratios de personal que les exige la Comunidad de Madrid son muy bajos, hay una falta de control por parte de los familiares y porque una demanda muy superior a la oferta ha disparado los precios. “En las residencias donde los fondos han ido desembarcando, los servicios se han ido deteriorando”, cree.

Líderes

El negocio está liderado por el grupo francés Domusvi, presente en seis países (Francia, España, Portugal, Chile, Uruguay y Colombia), con una facturación global de 1.374 millones y un margen de explotación del 14% (excluidos los rendimientos de sus inmuebles). El 40% de sus ventas de 2018 —no ha hecho públicos los resultados de 2019— procedieron de España, donde tiene 158 residencias y tres líneas de negocio: hogares de ancianos, atención domiciliaria y atención mental y a discapacitados. El 56% de sus camas las paga el dinero público a través de conciertos o concesiones. Su directora asistencial, Fini Pérez, no da la cifra de fallecidos que han registrado por coronavirus. De hecho, ninguno de los grupos sondeados, excepto la cooperativa vasca GSR, los ofrece. Algunos dicen no hacerlo “por respeto a las víctimas”. “En Domusvi empezamos a realizar la prevención el 24 de febrero, esa semana ya dimos una serie de recomendaciones para el lavado de manos y la utilización de equipos de protección adecuados”, señala Pérez, que destaca que se anticiparon contratando personal en previsión de las bajas que se iban a producir. Las restricciones de visitas se produjeron el 3 de marzo, cuando los casos todavía sonaban lejos. Asegura que, como otras empresas, tuvieron problemas para la provisión de test y apunta a que, más allá de que todas las normas son comunes a todos los centros, sean plazas privadas o públicas, la diferencia fundamental se dio donde la pandemia azotó con más fuerza.

El segundo grupo privado en importancia, Orpea, cotiza en la Bolsa de París y está participado “en una parte muy pequeña” por un fondo de capital riesgo canadiense, explica Ricardo Buchó, su director de marketing. Como en el resto del sector, el grueso de su personal lo forman gerocultores, no sanitarios. “¿Qué ha pasado? Que ha pegado muy fuerte. Que cuidamos, no curamos, y cuando hemos tenido la necesidad de derivar personas a hospitales ha sido imposible, por eso han fallecido en residencias”, dice. La empresa tiene un 35% de camas pagadas por dinero público en 38 de sus 49 residencias. Con 5.500 trabajadores, han incorporado 1.400 personas para reforzarse y cubrir bajas.

Vitalia Home figura en tercer lugar por número de camas. Su residencia de Leganés se convirtió en un infierno en el que los familiares denuncian que han muerto un centenar de ancianos, aunque el consejero delegado y fundador del grupo, Chema Cosculluela, lo niega tajantemente sin aclarar las cifras. “Al principio de la crisis enviamos al Defensor del Paciente y a la Fiscalía un escrito con lo que estaba pasando”, cita Laura Espallardo, portavoz de un grupo de familiares que se han levantado contra Vitalia. “Unas residencias estaban más provisionadas y se habían adelantado y otras no, el modo de operar de todas no ha sido igual”, denuncia. Habla de que inicialmente en Leganés no dejaban usar equipos de protección para no asustar a los internos. “Entre el 1 y el 8 de marzo en esta residencia ya hubo un crecimiento anormal de los fallecimientos y no saltaron las alarmas”. Una dirección inexperta, la falta de protocolos y la constante obsesión por ahorrar, dice, hicieron el resto. “La plaza de mi madre está sufragada por la Comunidad con 1.635 euros más 134 que paga ella de su pensión. El precio de las plazas concertadas es de 54,5 euros diarios y ellos gastan 3,10 euros en comida y 10 euros en la parte sanitaria. A los trabajadores les hacen doblar turnos, no cubren las vacaciones… No quieren dejar de ganar”.

Al otro lado del teléfono se escucha cómo el consejero delegado da pequeños golpes en la mesa al rebatir cada acusación. “En Madrid, el virus nos entró en algunos centros, como el de Leganés, de forma virulenta. En algunos casos lo hemos controlado bien, y en otros no hemos sido capaces. Una de las medidas que adoptamos fue enviar a casa a cualquier persona que presentara síntomas. Contratamos a 900 trabajadores para cubrir bajas y realizamos 4.500 test PCR con la ayuda del grupo Quirón. Hemos medicalizado cinco centros del grupo, hemos contratado cinco médicos y un geriatra y hemos garantizado la atención médica 24 horas”. Describe que entre el 18 de marzo y el 4 de abril los hospitales del sur de Madrid estaban tan saturados que no fueron capaces de dar respuestas de hospitalización, y que se han gastado medio millón de euros en test y dos millones en equipos de protección.

Fuente: CSIC, Eurostat, OCDE y DBK. CARMEN AYUSO / EL PAÍS

 

El suyo es un grupo con fuerte presencia del capital riesgo. Cosculluela lo fundó a principios de la década pasada. Durante su crecimiento se asoció con el fondo Portobello: “Una residencia cuesta 10 millones, yo no tenía capacidad para invertir”. Hace tres años dio entrada al fondo británico CVC, que también está presente en Deoleo o Naturgy, pero dice no sentirse presionado para conseguir una determinada rentabilidad. “Efectivamente hay esa creencia de que el capital riesgo invierte de forma temporal, pero CVC es el fondo más tranquilo que existe. Desde la presidencia de CVC nos están transmitiendo que nos olvidemos de los resultados, que lo importante es salvar vidas”. Con 55 residencias, 8.235 camas y 4.400 trabajadores, el año pasado facturó 122,3 millones y ganó 13,8 después de impuestos. “El 85% de nuestros residentes no han sufrido ningún tipo de contagio; del 15%, la inmensa mayoría se recupera. Quien ha fallado es el sistema de salud”, insiste.

Otras fuentes del sector apuntan a que la constante rebaja de las condiciones para ganar concursos públicos ha convertido el negocio en una pura subasta. Cristóbal Valderas, presidente de Clece (la división de residencias de ACS, que factura 76 millones), admite que se están alejando de la financiación pública porque no pueden competir a esos precios. “Prima el dinero sobre la calidad a costa de los profesionales. Creemos que adjudicar servicios así…, esto requiere empresas con experiencia, serias, y estamos compitiendo con gente que no aporta todo eso”. Repasa lo que se ha gastado estos dos meses de pandemia: 7,2 millones en esta crisis en personal, material, test…, incluso en cámaras de frío al ver que las funerarias no se llevaban a los muertos. “Nunca hemos pensado en el corto plazo. Firmamos acuerdos a 30 años vista [con los propietarios de los inmuebles que explotan]. ¿Qué otro grupo hace eso?”, se pregunta.

María Jesús Zabaleta, directora de GSR, una cooperativa que gestiona 1.350 camas integrada en la Corporación Mondragón, se llevó las manos a la cabeza durante un congreso del sector celebrado en Madrid hace unos meses. “Los fondos de inversión presentaban cuentas donde el peso de los gastos de personal eran el 50% [de los ingresos]. Me levanté. Eso es explotación. Mis ratios en todas las residencias están por encima del 75%. Aquí no repartes resultados, repartes salarios”. Apenas han tenido contagios y fallecidos en sus centros, en parte por la actuación, dice, de diputaciones como la de Gipuzkoa, gracias a la que pudieron hacer test a todos los empleados e internos. “Todas las semanas hemos tenido inspecciones. Así sí se tiene una foto perfecta de las residencias. Además, la mitad de los 1.000 trabajadores son socios, son gente muy comprometida. Solo el 2,7% del personal se infectó. Si las ratios te marcan que hay que tener 5 auxiliares, aquí tenemos 7,5. Eso hace que la gente no se sienta explotada”.

Un año de pérdidas

Mientras la pandemia remite, las empresas se preparan para entrar en pérdidas: las plazas de los fallecidos no se han cubierto, aunque los Gobiernos autónomos siguen pagando a modo de reserva las que tenían concertadas. Y los ciudadanos quizá se lo piensen dos veces antes de optar por una residencia. “Lo inmediato van a ser los cambios de protocolos en los centros”, cree Juan de Dios, que se mantiene optimista. “Los promotores, constructores, los family office… quieren seguir invirtiendo, hay un gran futuro”. Al menos los grupos sondeados aseguran que van a mantener las aperturas y las inversiones que habían proyectado. En Sanitas, por ejemplo, hablan de que el modelo de consumo de la población quizá cambie. “Será sin duda mucho más digital y con mucho predominio de la atención a domicilio, pero también será mucho más preparada asistencialmente”. O será, como cree Ignacio Fernández, director asociado de la empresa de ingeniería Arup España, un sector con servicios mucho más segmentados que irá abandonando el esquema de los macrocentros actuales con un número claramente escaso de cuidadores. “Lo que hay no ha funcionado. Hay que dar un servicio específico, me vale igual privado o público, en un centro necesariamente más pequeño con mejores servicios. Que facilite que un mayor vaya a una residencia porque encuentre un ambiente de hogar colectivo”. Y no como ahora, añade la responsable de GSR, con un sistema donde las personas pasan una media de 2,5 años, que convierte las residencias en centros donde se va a morir. O, como dice un consultor en ese lenguaje eufemístico de centro de negocios, lugares donde van las personas “no válidas”. “Porque, seamos sinceros: a las residencias no van las personas con buena salud. Una residencia es la manera más económica de pasar tus últimos dos o tres años. Suena un poco fuerte, pero es una realidad”.

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Fuente:  El País