La actual ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha calentado con sus últimas declaraciones a buena parte de los padres de España. Durante el congreso de Escuelas Católicas, que representa a 6.000 de los centros religiosos del país, recordó lo anómalo de la situación, parcialmente contraria a la legalidad, en la que se encuentran actualmente los centros concertados.

Como recordaba Celaá, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 basándose en la interpretación del artículo 27 de nuestra Constitución determinaba que no forma parte “de la libertad educativa el derecho a elegir centro” de los padres. Es decir, que aunque los padres tienen la libertad de elegir dónde y qué religión y códigos morales pueden estudiar sus hijos, el Estado sólo está obligado a dar la opción para que se estudie de forma opcional en sus aulas. Por ejemplo, poniendo como optativa Religión frente a otra materia.

Celaá ya ha matizado sus declaraciones para tranquilizar a los católicos.

Aunque Celaá no se refería a eso en su declaración, el artículo 27 también alude a otro de los temas a debate de los últimos años, que el Estado tampoco tiene “la obligación de contribuir a la financiación y mantenimiento” de centros ajenos a la red pública, según la Constitución (sí según la ley, como veremos más adelante).

Cuál es la situación actual del debate

Como bien sabemos, España es el segundo país de Europa con más centros concertados y privados frente a los públicos, tercero si considerásemos la anómala situación de la educación Bélgica. 

Aunque legalmente no debería ser así, los colegios concertados y privados segregan de facto, cuotas y otros trucos mediante, al alumnado por estatus económico y cronifican la desigualdad de la sociedad no sólo por la ausencia de esa mezcolanza entre niños de diversas procedencias, sino también porque los alumnos de la concertada, de pago, tienden a ser más competentes que los de la pública. Todo ello sumado a los habituales reproches de la izquierda que recuerdan que esas escuelas, que en teoría no deberían forzar al pago, en realidad sí lo hacen. Peor aún, muchos padres pretenden desgravarse de ese pago por un servicio privado vía “donaciones” en la declaración de Hacienda.

Resumido, que la concertada que está ayudando a segregar a los alumnos, es subsidiaria de la pública y crece a expensas de esta.

A mediados de los 80 el PSOE llegó con un acuerdo con los colegios privados de España para que ingresaran de alguna forma en el sistema público. La idea era afianzar el derecho y el deber a la educación, que aún no se había logrado, hasta los 14 años primero y después los 16. Pero, como el Estado no contaba con una suficiente red de centros para hacerlo, se acordó pagar los salarios de los docentes y otros gastos generales de las instituciones privadas a cambio de que ofreciesen ese servicio, y entraron al sistema.

Elaboración propia.

Concertada y privada suponen un 32% del total, 19.092 centros, aunque si quitamos los centros exclusivos de Educación Infantil (cuya demanda ha crecido enormemente en los últimos tiempos) se quedan en 9.837, cifra que le acerca al 25% para niños de primaria y secundaria. Eso sí, la concetrada es cada vez más la favorita: en los últimos 15 años ha ganado una media de 22.407 escolares por curso, según los datos del Ministerio de Educación, un crecimiento mínimo pero ilógico dadas las actuales tendencias demográficas.

La última actualización ha venido de la mano de la nueva Ley LOMCE con el PP en 2014, por la que las administraciones educativas ya no tienen que garantizar plazas suficientes en centros públicos, como ocurría desde los 80, sino que ahora sólo tienen que “garantizar la existencia de plazas suficientes” a secas, es decir, que se pueden garantizar plazas vía centros públicos o concertados, que los padres deben pagar.

Elaboración propia.

Por cierto, fue la LOMCE también quien blindó el pago a concertados aunque segregasen por sexo. La llamada Ley Celaá, registrada pero no aprobada en el Congreso este año, busca revertir este hecho concreto posibilitando impedir el pago a los colegios que dividan las clases entre alumnas y alumnos, aunque no ahonda en una limitación de pago a los concertados por otros motivos.

Elaboración propia

Volviendo con la LOMCE, la consecuencia de esta nueva ley, así como los efectos de la crisis y los recortes en educación, han provocado que desde 2007 hasta 2017, los últimos datos consolidados, la escuela concertada haya ganado un 25% de financiación mientras que la escuela pública sólo haya crecido un 1,4% (es decir, que técnicamente ha retrocedido). Así no sólo ha habido un crecimiento de la desigualdad de los alumnos, sino que el gasto educativo por familia ha aumentado un 41% en la última década. Sin la obligación de que haya plazas públicas, más gente tendrá que optar por los concertados y ahí tocará pagar.

Por otra parte, el debate es aún más complejo porque muchas de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas desde el primer gobierno de Aznar.

¿Asignatura de religión musulmana en las aulas? Qué significa el precedente de La Rioja

Hay más conflictos, sobre todo si tocamos la parte religiosa. Siendo España un país aconfesional y en el que la Constitución garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la enseñanza del credo que profese, hay otro debate que también está abierto: qué religiones deben ofertarse.

Como señalan desde Público, y a pesar de que el país cuenta desde 1992 con un pacto con la Comisión Islámica de España, de momento sólo hay en España 76 maestros contratados de religión islámica para más de 300.000 alumnos que la profesan. Sólo uno de cada 10 niños musulmanes puede acceder a su religión, y de ahí que noticias como la de la Consejería de Educación de Islas Baleares de que 10 centros ofertarán Religión islámica para el curso que viene no sólo puedan ir haciéndose más habituales (la religión musulmana crece y la católica retrocede), sino medidas legalmente necesarias. De ahí que muchos también aboguen por finiquitar el debate y sustituir la enseñanza de tal o cual credo en las aulas públicas por una Historia de las religiones.

Cómo le sale rentable al país la existencia de los colegios concertados

Uno de los argumentos habitualmente esgrimidos para mantener el sistema concertado es su inferior gasto. Afirma la Conferencia Episcopal que, según ellos, el Estado ahorra 2.500 euros por alumno y curso gracias a sus centros. Que, en teoría, son más eficientes.

Jesús Roguero García y Mario Andrés Candelas en Eldiario.es. Nota: En el gasto público no se incluyen las partidas que no son pertinentes en la comparación (administración general, investigación educativa y formación del profesorado), puesto que la finalidad del gasto revierte en ambos tipos de educación. Tampoco está incluida la partida destinada a Educación Especial.

Elaboración:Jesús Roguero García y Mario Andrés Candelas en Eldiario.es. Nota: En el gasto público no se incluyen las partidas que no son pertinentes en la comparación (administración general, investigación educativa y formación del profesorado), puesto que la finalidad del gasto revierte en ambos tipos de educación. Tampoco está incluida la partida destinada a Educación Especial.

 

Y, aunque según las estadísticas del Ministerio de Educación les sobran unos cuantos euros a sus cifras, tienen razón. Ocurre que el gasto del profesorado es sustancialmente más bajo para los centros privados que para los públicos. Dado que es la Administración quien paga los salarios de los profesores de estos centros, se ahorra un pico que, de ser todos los centros públicos, habría que pagar (el salario de los dicentes es un 60% del gasto educativo).

Ojo también a la última tendencia, con cifras de 2012, ya que, provocado por los recortes de profesorado de la pública en los últimos años y a un aumento de gasto de la concertada, esa brecha ha mermado. Si en 2007 el gasto de un concertado era un 69% con respecto al 100% de la pública, en 2012 se sitúa en el 79%. Los 5.300 euros del alumno de la pública para los 4.100 de la concertada.

La foto final de ese ahorro de la concertada está también en disputa. Los defensores de lo público defienden que parte de ese ahorro y eficiencia del sistema concertado proviene de la no obligatoriedad de dar servicios que la Administración está obligado a dar, como por ejemplo, escuelas en zonas rurales con menos alumnos por aula. Según cifras de 2011 los centros públicos tenían de media de 21.2 alumnos por aula y 1.98 profesores por clase, mientras que en los concertados eran 23 estudiantes por aula y 1.68 profesores por clase.

Y por último, porque la concertada, al filtrar a alumnos de mayores estratos socioeconómicos, se ahorra un dinero en materias de refuerzo y apoyo a alumnos más desaventajados. Por ejemplo, porque ocho de cada diez niños inmigrantes acaba en la pública aunque el peso de la pública es del 71% del alumnado general. Ojo: el factor de segregación de la inmigración no tiene que ver únicamente con el nivel económico de la familia en exclusividad, y entra también el factor de la proximidad (muchos colegios caros suelen estar en los distritos más pudientes y viceversa).

¿Podría el Estado aumentar la oferta pública?

Igual ni siquiera le hace falta. La natalidad ha bajado casi un 30% en los últimos 10 años. Si la tendencia no cambia y si no conseguimos atraer inmigración, la pérdida demográfica también afectará a la pérdida de alumnos. De hecho, y si quitamos la escolarización de 0 a 3 años, ha habido un 2,2% menos de matriculaciones de niños y niñas en 2019 con respecto a 2018.

 

Si se mantienen las actuales Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística), España tendrá 800.000 niños menos de aquí a 2030 y habría que cerrar más de 30.000 aulas en estos años. Existe, pues, una oportunidad si las fuerzas políticas lo consideran, de, ante el retroceso del alumnado, reducir las partidas de ayuda a las concertadas y consolidad las públicas, aunque existirían otras opciones, como mantener el presupuesto y ofrecer mejor calidad de enseñanza al poder dar clase el profesor a menos alumnos por clase.

Elaboración propia

 

Ese posible cierre de aulas además conllevaría nuevos retos, ya que la pérdida demográfica no será igual para todas las comunidades autónomas, y algunas como Andalucía, una de las que tiene mayor porcentaje de peso de escuelas públicas, sería una de las más afectadas por ese invierno demográfico, por lo que tendría menos margen de acción.

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Fuente: Magnet