Uno de los dogmas que se reproducen en la doctrina neoliberal (basada en la fe en los mercados) es creer que subir los impuestos no es bueno para la economía, y todavía menos en momentos de recesión, es decir, en momentos de descenso de la actividad económica. Puesto que en una recesión hay un déficit de la demanda, se asume que la subida de impuestos reduciría todavía más tal demanda, pues la gente tendría menos dinero para consumir. Pero tal creencia ignora varios hechos. Uno es que el aumento de los impuestos no tiene porque reducir la demanda. Que los reduzca o no depende del tipo de impuestos. El impuesto del IVA (que se basa en el consumo), por ejemplo, puede reducir la demanda, aunque, incluso ahí tal reducción, depende del tipo de IVA y sobre que productos se aplique tal aumento. Pero, hay otros impuestos, como el impuesto sobre las rentas altas, que tienen un impacto menor en la reducción de la demanda, dado que la gente rica ya consume mucho y cuando recibe dinero extra, lo invierte más que no lo consume, pues su nivel de consumo ya es muy elevado. De ahí que se sabe en la literatura económica que las bajadas de impuestos a los ricos tienen más impacto en estimular el ahorro que el consumo, al revés de lo que ocurre cuando se bajan los impuestos de las rentas medias y bajas. Las personas de bajos ingresos consumen todo el dinero extra que reciben, pues siempre andan cortos de dinero. De ahí que si se quiere aumentar la demanda es mejor reducir los impuestos de las personas y familias de rentas medias y bajas que de las personas de rentas altas. En realidad, subir el impuesto de los ricos y de las rentas del capital puede aumentar la demanda si el estado –con los fondos recibidos como consecuencia del aumento de los impuestos- invierte en servicios e infraestructuras que creen empleo. Esta creación de empleo tiene un impacto muy importante e inmediato sobre el incremento de la demanda.

ESTO EMPEZÓ EN 1994, CUANDO AÚN NO HABÍA CRISIS

JUNIO DE 1994: El gobierno de Felipe González facilitó el despido y suprimió muchos aspectos del Estatuto de los Trabajadores.

MAYO DE 1997: El PP creó un contrato indefinido con 33 días y otro con 20 días de indemnización por año.

MAYO DE 2002: El “decretazo” del PP propició la última huelga general, gracias a la cual fue retirada la mayor parte de la reforma laboral que proponía el gobierno, aunque se mantuvo el despido improcedente inmediato depositando el empresario en un juzgado los 45 días de indemnización.

DICIEMBRE DE 2006: Primera reforma laboral de Zaatero, en la que, por primera vez desde 1995, se bajaron las cotizaciones.