La Patria, un concepto difuso e impreciso, era objeto de culto religioso. Jurábamos a Dios y prometíamos a España derramar, si fuese preciso, en defensa de su honor e independencia y del orden dentro de ella, hasta la última gota de nuestra sangre. Se trataba en realidad de una entelequia demasiado confusa para asumir voluntariamente tan extremo sacrificio. En la llamada jura de bandera -que no es la patria sino tan solo un símbolo- un capellán castrense, con gran parafernalia franquista, nos exhortaba a ello: “Juráis a Dios y prometéis a España besando con unción su bandera....”

Las Reales Ordenanzas concretaban: «La Bandera de España y el Himno Nacional merecen el máximo respeto y veneración. La Institución Militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la Bandera, como símbolo de la Patria y de su unidad». Sin embargo nadie nos explicaba con claridad en qué consistía tan alto concepto moral y político. La evolución democrática aportó algo más de claridad a tan imprecisa definición, que lo mismo servía para un roto que para un descosido.

La ley que regula el uso de la actual bandera y los valores que representa fue aprobada el 28 de octubre de 1981, pocos meses después de que en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular, entrase una banda de presuntos patriotas con tricornio al mando del coronel Tejero -en nombre del Rey- y se liaron a tiros; mas bien con la finalidad de humillarla, como claramente se pudo oír. ¡Se sienten, coño!

Ojo, pues, con los patriotas.

En dicha ley, que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, se dice: “La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la Constitución”.

Veamos, sucintamente, algunos de los valores superiores proclamados tan solemnemente por la Constitución de 1978.

Por una parte están los “valores” que afectan a los privilegios del Rey, blindados en la Constitución; entre otros, la jefatura del estado, la jefatura de las fuerzas armadas, y, la más llamativa: su inviolabilidad, es decir su impunidad absoluta. Todas ellas con carácter hereditario y vitalicio, a menos que sus circunstancias le obliguen a abdicar.

Por la otra, los que afectan al pueblo llano, es decir derechos sociales tales como derecho al trabajo, derecho a un salario digno, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a la educación y a la cultura, derecho a una pensión digna al termino de la vida laboral; es decir, los derechos esenciales para la gente común.

Sin embargo, tales valores sociales, esenciales para el pueblo, del que la constitución dice que emanan todos los poderes del Estado, no están recogidos en la parte blindada de la constitución; aquella en la que es imposible modificar ni una coma en la práctica, pues requiere tal cantidad de apoyos y requisitos que hacen inviable tal pretensión.

Por el contrario, los que sí están bien blindados son los privilegios de unos presuntos enemigos de la patria, es decir de aquellos que, enrocados en su inviolabilidad absoluta, la saquean sin contemplaciones, abusando de su poder, mientras afirman cínicamente que la justicia es igual para todos. Se trata, obviamente, del Rey y de sus presuntos sucesores, con privilegios que incluyen la inviolabilidad absoluta, blindados por la Constitución, como ya he recordado más arriba. Privilegios no solo extremadamente injustos, sino también peligrosos para el desarrollo democrático. Quizá por ello algunos catalanes, con razón, dicen que España les roba; en realidad nos roba a todos, es decir al pueblo.
Para modificar o suprimir dichos privilegios se precisa que la reforma sea aprobada por los 2/3 de cada Cámara. Si esto se consigue, se pasa a la disolución de las Cortes y a la celebración de nuevas elecciones generales. Las Nuevas Cámaras tienen que ratificar la decisión de reformar la Constitución y proceder al estudio de un nuevo texto Constitucional que también habrá de ser aprobado por los 2/3 de cada Cámara y ser sometido a referéndum para su ratificación. Es decir, 1/3 de los votos puede impedir la reforma imponiéndose sobre la mayoría de 2/3. Da que pensar, pues para aprobar la Constitución bastó con la mayoría absoluta de ambas cámaras.
Sin embargo, los valores sociales, es decir aquellos que deberían garantizar la atención a las necesidades más vitales de la gente común, escasamente respetados, no están blindados por la Constitución monárquica como sí lo están los privilegios del Rey; la mayoría de ellos en franca regresión, como es el caso de las pensiones.
Por otra parte, no se puede iniciar ninguna reforma constitucional, ni en tiempo de guerra, ni declarados los estados de alarma, excepción y sitio.
El coronavirus ha visualizado con absoluta nitidez quienes son la patria y quienes sus enemigos. La patria es el común de la gente. Son las personas que durante los días más duros de la pandemia seguían acudiendo a su trabajo, hubiese o no riesgo de contagio, asegurando que la sociedad pudiese seguir funcionando.

Sanitarias y sanitarios atendiendo heroicamente a los enfermos, muchos de ellos agonizantes o muriendo en las UCIs, o en los pasillos, por falta de medios materiales. Ancianos, que nos legaron la patria, muriendo en completa soledad en sus residencias, a los que algunos políticos sin escrúpulos, de la Comunidad de Madrid, ordenaron que no se les atendiese en los hospitales, aunque ahora a eso lo llamen libertad. Enseñantes, muchos de ellos interinos indefinidos, en evidente fraude de ley, transmitiendo sus conocimientos. Madres y padres teletrabajando, mientras atendían a sus hijos menores. Obreros y obreras en las fabricas, asegurando la producción. Trabajadoras y trabajadores de los comercios, asegurando la distribución de los productos básicos. Marineros, faenando en la mar en duras condiciones. Jornaleros y jornaleras del campo, en condiciones no menos duras, asegurando la producción agrícola. Científicas y científicos, esforzándose hasta la extenuación en una infernal carrera contra reloj para encontrar vacunas efectivas, vacunas que salven a la humanidad de una catástrofe global, y quizá algún día, tal vez no lejano, de la extinción de nuestra especie. Y muchas otras más.

Ellas y ellos, trabajadores y trabajadoras, son la esencia de la patria, y no una minoría de explotadores y de chupópteros. Aunque algunos, aún, no nos hayamos enterado.

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Madrid, 1º de mayo 2021

Manuel Ruiz Robles

Capitán de Navío de la Armada,

antiguo miembro de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD),

miembro de Anemoi, socio del FMD,

Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.

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Asuntos de interés:

Hay que acabar con el Pacto de Toledo por Juan Miguel Fernández en Radio Rebelde Republicana

El blindaje de la Constitución monárquica de 1978 por Doris Benegas en AraInfo

La auditoría de la Seguridad Social, una propuesta democrática

Tras el envío a Bruselas de unos presupuestos de Seguridad Social falsamente deficitarios elaborados por el equipo económico del gobierno, el ministro Escrivá se reunió con el Pacto de Toledo para empezar a desgranar los recortes de pensiones avalados por Brusela y fundamentados en cuentas públicas maquilladas para este propósito.

Los partidarios del Pacto de Toledo unas veces dicen que el sistema de reparto es sostenible. En otras ocasiones dicen que el déficit de la Seguridad Social está causado por las existencia de "gastos impropios", y añaden que eso "explicaría en buena medida el déficit actualmente existente". En otros momentos, como en esta ocasión, al ministro le tocaba defender que no es sostenible y que por eso, para que sea sostenible, deben hacer reformas. Reformas que siempre concluyen en lo mismo, en reducir las pensiones.

Para aclarar esos enredos es necesaria la auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social.

La propuesta levantada por la COESPE de una auditoría pública, apoyada por los colectivos, militantes y grupos que elaboran y difunden este periódico, pretende restablecer la verdad de los hechos y sentar unas bases sólidas para la solución política positiva para los pensionistas actuales, los trabajadores activos y la juventud. Al margen de engaños y manipulaciones que solo benefician a la banca y el capital financiero ansioso por meter la mano en las cotizaciones sociales.

Esa iniciativa está teniendo una amplia asociación de voluntades con miles de firmas de trabajadores y jóvenes. En esta página se cuenta de más de 2.000 firmas recogidas en Euskadi por la Plataforma "UNIDAD CATP", así como de las mociones de congreso de CCOO y la toma de posición a favor de la auditoría de Izquierda Socialista.

La favorable acogida en el movimiento obrero de la iniciativa ha ayudado a que en el ámbito parlamentario ocho parlamentarios de siete organizaciones, con representación parlamentaria significativa, retomen la iniciativa de al COESPE y llamen a su apoyo a diputados, senadores, consejeros y concejales, sindicalistas y trabajadores y trabajadoras y jóvenes en general.

Lo que constituye un llamamiento a la unidad y a la movilización hasta alcanzar la exigencia democrática planteada.

Juan Miguel Fernández en Información Obrera (Abril 2021):