La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación de las comisiones del AVE, por valor de 100 millones de euros, que supuestamente cobró el rey emérito Juan Carlos de Borbón. Con esta decisión, se rompe la inviolabilidad del monarca y se abre un camino de incalculable destino en el que la monarquía sólo puede perder.
En un célebre artículo publicado en El Sol poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset se quejaba airadamente de que Alfonso XIII de Borbón pretendiera “volver a la normalidad” después de haber participado activamente de un Régimen corrupto y en decadencia. En opinión de Ortega, la situación de degradación era tal que solo cabía una única alternativa, sintetizada en una consigna drástica, que parafraseaba a los generales romanos que tuvieron que enfrentarse a Cartago: Delenda est Monarchia (la Monarquía debe ser destruida).
Más allá de las intenciones de Ortega, esta severa formulación venía a mostrar que la Monarquía española, sobre todo bajo los Borbones, era todo menos una forma inocua de organizar el Estado. A diferencia de Inglaterra o Francia, España no pasó por una revolución que segara de raíz la trama de poder a la que la Corona servía de argamasa. De ahí que la Monarquía, tanto en su faceta absolutista como en su faceta liberal oligárquica, haya aparecido históricamente como un freno para la limitación y distribución del poder político, económico, social y cultural. Esta constatación se inscribe en una larga tradición republicana, peninsular y extrapeninsular, que todavía hoy resulta central para pensar cualquier programa de reconstrucción en un sentido social y democrático.