Para terminar con la corrupción y el neoliberalismo los españoles deben instaurar una República Democrática

La crisis financiera del 2008 originó una onda depresiva de la economía, que se ha profundizado con la pandemia de coronavirus. Según la OCDE (Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económicos) la contracción de la economía española puede alcanzar un 11,1% del PIB en el mejor de los casos, llegando a un 14,4% del PIB (la mayor caída dentro de los países que componen ese organismo), en caso de que hubiera un rebrote de la epidemia.

Se espera que al retomar el ritmo económico normal, la economía vuelva a crecer un 7,7% recuperando algo de lo perdido. Por su parte el FMI (Fondo Monetario Internacional), que preveía una contracción de la economía española del 8%, ha aumentado hasta el 12%  esa previsión. El Gobierno de España ha enviado un informe a la UE en el que prevé una disminución del 10,1% del PIB.

La tasa de desempleo según el informe de la OCDE alcanzará el 19,2%, pudiendo llegar hasta el 22% en caso de un rebrote de la pandemia después del verano. Algunas fuentes hablan de una pérdida de un millón de puestos de trabajo en los meses de marzo y abril, aumentando el paro en 600.000 personas –según el periódico Expansión la tasa de paro fue de 14,8% en abril-. FUNCAS (Fundación de Cajas de Ahorro) calcula 8,5 millones de parados en junio 2020, con una tasa de paro de 34%, contando con los trabajadores en regulación temporal de empleo: hay 3 millones de personas acogidas a los ERTEs.

Se prevé una fuerte destrucción del tejido de pequeñas empresas que no podrán hacer frente a la situación de crisis. Una situación como esta, en un sistema económico basado en las leyes del mercado de trabajo, está suponiendo un empeoramiento de los niveles de vida y las condiciones laborales de la clase trabajadora, proceso que se viene ahondando cada año.

La economía española se ha endeudado en cantidades que superan la producción económica anual medida por el PIB. Los gastos ocurridos durante la pandemia han incrementado una deuda pública, que ya se había multiplicado a causa del trasvase de fondos públicos a manos privadas desde la crisis del 2007.

La deuda pública en marzo alcanzó la cifra de 1.224.243 millones de euros, lo que supone el 109,3% del PIB. Además debe contarse la deuda privada de empresas y familias, que en el 2019 subía hasta el 132% del PIB. El peso de la deuda se hará sentir a lo largo de las próximas generaciones.

La cumbre de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) celebrada entre el 15 y el 25 de junio ha planteado una vuelta a la normalidad anterior a la pandemia, lo que significa precariedad y bajos salarios para los trabajadores como forma de competitividad económica.

Piden resolver la situación con fondos públicos para garantizar los beneficios privados, como se hizo con el rescate de la Banca en 2008. En el Estado español hay ‘una red empresarial dedicada a parasitar lo público’ (Albert Recio, mientras tanto, 192). Por ejemplo, los bancos no devuelven los 60.000 millones que recibieron del Estado para hacer frente a la crisis del 2008. El impuesto sobre las grandes fortunas, que estaba en el programa de este gobierno se ha descartado, incluso después de haberse comprobado que los más ricos han seguido ganando más con la pandemia.

Los sectores clave de la economía española, el ladrillo y el turismo, no van a poder tirar de la economía en los próximos años. El primero porque ha sufrido una crisis de sobreproducción, y ha agotado sus posibilidades de expansión. El segundo porque la pandemia limita las posibilidades de viajar y visitar países extranjeros. Otro sector importante, la industria del automóvil, depende del capital extranjero y puede suceder que emigre a otros países como sucede con Nissan.

2. La crisis política

La enorme corrupción del Estado monárquico español ha salido a la luz pública en los últimos años: juicios de Urdangarín, Rodrigo Rato, Bárcenas, etc. La corrupción tiene su origen en la misma cabeza del Estado, como se ha demostrado por las denuncias de la princesa Corina, amante del rey Juan Carlos I, el Comisionista.

El sucesor Felipe VI, también es sospechoso de corrupción después de haberse gastado medio millón de euros en su viaje nupcial. Como una tenia esta chupando las energías de la sociedad española, y como un cáncer se ha propagado por el tejido social. Mientras la pobreza aumentaba un 23% bajo el gobierno de Rajoy, el fraude fiscal se elevaba hasta 90.000 millones de euros.

Por eso el dinero que tiene que llegar desde Europa podría perderse en las redes clientelares de políticos y empresarios corruptos que dominan la economía del país, como sucedió con el plan de Zapatero para combatir la crisis del 2008. Como ha señalado la ONU, la corrupción es un grave impedimento para el estado de derecho y el desarrollo sostenible.

Hay una cierta desmoralización entre los funcionarios del Estado que hace posible que los corruptos prosperen, pero la situación podría paliarse con un nuevo orden político. Especialmente eso es evidente entre los jueces, profundamente conservadores que apenas castigan los delitos contra lo público.

Existe un Grupo Ciudadano contra la Corrupción en el Estado español, y podemos destacar la denuncia de la corrupción en la Junta de Extremadura, que hizo en su día la PCRN (Plataforma Ciudadana Refinería No). Una República tendría que remover la Jefatura del Estado, pero también numerosos funcionarios que faltan a sus deberes para con la sociedad, facilitando la destrucción de los bienes comunes.

La fuerza para la renovación tiene que salir de la sociedad movilizada. Como consecuencia de la crisis económica, se desató una movilización popular en los años pasados, que ha traído la descomposición del sistema político bipartidista, dominante en la vida política durante la monarquía de Juan Carlos I, el Comisionista.

Los movimientos progresistas se reforzaron alcanzando la participación en el gobierno a través de PODEMOS, pero su capacidad política en alianza con el PSOE es insuficiente para establecer políticas favorables a la clase obrera. Las medidas que ha tomado el gobierno de coalición tienden a paliar los daños más graves de la pandemia sobre la población española, pero son insuficientes para relanzar una economía enferma por los vicios de la corrupción y gravemente dañada por las deficiencias estructurales.

El nacionalismo catalán se ha radicalizado exigiendo crear su propio Estado de carácter republicano; y el nacionalismo mantiene una hegemonía indiscutible en Euskadi, si bien con el final de la guerra de ETA ha disminuido la tensión soberanista entre los vascos.

La vinculación de las aspiraciones republicanas con el nacionalismo no español es evidente entre los catalanes, gallegos y vascos, pero también entre los ciudadanos de los diferentes pueblos de la península ibérica.

En Euskadi la derecha española claramente monárquica ha disminuido su influencia, hasta quedar en niveles de voto por debajo del 10%. Y el españolismo supera por poco el 20%, contando con los votos del PSOE. Por el contrario, en el resto del Estado español, la extrema derecha ha crecido vertiginosamente para conservar el orden establecido, como una respuesta de ciertos sectores populares a la crisis social, económica y política.

La crisis del UE también es notable, por su incapacidad para hacer frente de forma solidaria y coherente a la emergencia provocada por la pandemia. Las diferencias entre los países del norte europeo y los mediterráneos se han revelado insuperables este año –Holanda y Alemania han bloqueado los fondos de solidaridad de UE- y podrían causar una ruptura interna, pues la tensión es especialmente fuerte en Italia.

Además la ruptura del Reino Unido con el resto de los países europeos ha puesto de manifiesto la fragilidad de los lazos comunitarios. La crisis financiera ha golpeado la credibilidad del dólar y subsidiariamente al euro, por lo que la fortaleza europea se encuentra cada vez más debilitada. Por el contrario, la RPC (República Popular China) ha conseguido superar la pandemia sin graves dificultades y su economía ha remontado la depresión causada por la paralización económica de la cuarentena.

La política exterior del Estado monárquico es profundamente reaccionaria; primero, con su participación dentro de las estructuras militares de la OTAN, el ejército español ha colaborado en la destrucción de varios países árabes de Oriente Medio y África: Palestina, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Somalia,… La ayuda prestada a Estados profundamente reaccionarios aliados de la OTAN, como Israel y Arabia Saudí, es inaceptable.

La intervención de la FR (Federación Rusa) en Siria ha conseguido detener la expansión del Estado Islámico, apoyado por la OTAN y sus aliados en Oriente Medio, de carácter extremista y reaccionario, pero la región ha quedado destruida y la guerra continúa su marcha implacable.

En segundo lugar, por su alianza con el imperialismo estadounidense, contribuye al control del continente americano por las grandes empresas norteamericanas. Ese control se ha evidenciado en la destrucción de varias democracias en Latinoamérica, a través de golpes de Estado judiciales: Brasil, Paraguay, Honduras, Bolivia, Colombia, así como el intento de liquidar la legitimidad del gobierno bolivariano en Venezuela mediante maniobras políticas fraudulentas. Finalmente la intoxicación de la opinión pública para justificar la participación en esas guerras y el apoyo a los gobiernos antidemocráticos, lleva a una visión completamente deformada del mundo actual.

La negativa de Europa a reconocer la nueva situación mundial, donde la RPC ha conseguido un enorme desarrollo alcanzando la hegemonía económica, ha relanzado la guerra fría entre el bloque asiático y la OTAN. La tensión bélica se ha incrementado notablemente en los últimos años, porque los EE.UU. se han negado a prorrogar los tratados de limitación de armas nucleares firmados durante la guerra fría.

La actitud beligerante de la OTAN contra la FR (Federación Rusa) y la RPC (República Popular China) ha dado lugar a una nueva carrera de armamentos y aumenta el peligro de una catástrofe atómica. La causa explicativa de esta situación está en el intento de EE.UU. y sus aliados europeos de detener a la RPC en su ascenso a la hegemonía como primera potencia económica.

3. La solución republicana.

Para acabar con la crisis económica es necesario un activo papel del Estado, como reconoce la propia CEOE. Pero en lugar de ceder los recursos públicos privatizándolos, es necesario que el Estado retenga la riqueza generada por la sociedad para redistribuirla equitativamente.

El capitalismo fraudulento en el que hemos vivido hasta la fecha no será capaz de sacarnos de la situación depresiva en que se encuentra la sociedad española. El gobierno de coalición no es capaz de imponerse sobre la patronal, que no acepta la liquidación de la Reforma Laboral de Rajoy, ni una remodelación progresiva de los impuestos que graven las rentas más altas. Pues la burguesía dominante cuenta con una amplia base de apoyo política, como se muestra por la fortaleza electoral del bloque de derechas (PP, C’s y VOX), así como por la complicidad de una parte de los ministros del gobierno de coalición, adheridos al dogmatismo neoliberal.  

Sin embargo, el dogma liberal está pasando a la historia. Como ha demostrado la República Popular China, el sistema económico óptimo para la creación de riqueza permanentemente consiste en una combinación del sector público con el privado, donde el Estado conserva la capacidad para tomar las decisiones fundamentales, mirando el bien común y no el bien privado de los poderosos.

Por tanto, desde el punto de vista económico el restablecimiento de la economía española debe hacerse a partir del fortalecimiento del sector público, que necesita hacer importantes inversiones para sacar la economía adelante, evitando el parasitismo de los sectores oportunistas del empresariado. Pero el Estado necesita ser regenerado eliminando la corrupción.

El papel que debe jugar Estado en la recuperación económica y social exige que se depuren los funcionarios venales, empezando por el Jefe del Estado, que es el Jefe del Ejército y de las demás Instituciones armadas del Estado (policía y tribunales). En este país con un alto paro juvenil hay suficientes fuerzas para regenerar las instituciones del Estado, siempre que se transformen las estructuras que corrompen la justicia social.

En tercer lugar, las aspiraciones de las nacionalidades sin Estado en la Península Ibérica imponen un modelo federal o confederal de Estado, a menos que se interfiera de forma oportunista generando violencias y guerras civiles. Es en esas nacionalidades donde la aspiración republicana es más fuerte, vinculandose a los sentimientos nacionales de los pueblos peninsulares.

Por tanto, Extremadura debe tener su propio programa de desarrollo regional, debatido ampliamente por la ciudadanía y soberanamente decidido con la participación de todos los extremeños, apostando por un futuro sostenible a largo plazo. Un programa que tenga en cuenta los problemas actuales de la humanidad, científicamente establecidos, como son el cambio climático y la destrucción ambiental.

Finalmente recogemos la reivindicación de una República pacifista, que renuncie a la guerra como medio para las relaciones internacionales, y al imperialismo que exprime las riquezas de la Tierra creando un sistema injusto y depredador.

Una República que se adhiera al progreso económico y social de todas las naciones, regulado por la ONU regenerada democráticamente. La iniciativa de la RPC, llamada Ruta de la Seda para rememorar las antiguas relaciones comerciales entre el Extremo Oriente y Europa, es una oportunidad para establecer sinergias comerciales entre China y Europa de modo que se favorezca el desarrollo económico basado en la cooperación internacional.

Miguel Manzanera Salavert, profesor de Historia

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Fuente: Observatorio de crisis