Solidaridad interterritorial y financiación
Antoni Montserrat y Ramón Franquesa
Comunicación presentada en el
marco de las VII jornadas Republicanas celebradas en Sevilla
el 21 y 22 de Noviembre de 2008
La descentralización en el proceso
constitucional de 1979
Una vez fracasado el proceso
modemizador implícito en el modelo austriacista, el ingreso
en la - modemidad del Estado Español estuvo asociado en el
periodo borbónico, durante una buena parte del siglo XIX, a
un proceso de centralización liberal dirigido a establecer
un mercado nacional y en función de ello una unidad jurídica
y funcional que acabara con el relativo aislamiento y
fraccionamiento territorial en el plano económico con el que
venia funcionando España. Este proceso supuso un largo
esfuerzo por unificar desde el marco legal, hasta la moneda
o los pesos y medidas.
Impulsado por la burguesía industrial,
básicamente asentada en Cataluña y el País Vasco con
frecuencia este esfuerzo fue dirigido contra la nobleza.
Pero, este proceso no dejo de provocar resistencias entre
parte del campesinado, que al perder con la desamortización,
sus derechos de uso sobre las tierras- comunales, con
frecuencia reacciono con un rechazo a esa nueva arquitectura
económica y politica. Las guerras carlistas, en zonas de
España, donde los campesinos perdían más derechos y donde la
privatización desde el capital industrial era más fuerte,
marcaron la construcción de una cultura de oposición a ese
modelo de Estado, en particular en Cataluña y el País Vasco.
La débil burguesía, tenderá con
frecuencia a llegar a acuerdos con los sectores más
retrógrados de la sociedad española. El resultado será que
se llegará al siglo XX, con un Estado articulado de manera
oligárquica y corrupta, construido sobre un entramado de
centralización de los recursos públicos que a duras penas
permitía sobrevivir a una burocracia asentada en Madrid. Una
burocracia con reminiscencias imperiales, en un país pobre y
realmente poco desarrollado. Si bien la burguesía logro
constituir un único mercado nacional, la construcción del
estado fue tardía, primitiva y a diferencia de otros países
europeos, poco capaz de articular e impulsar una
modernización del país, con una persistente crisis fiscal
por falta de legitimación.
La burguesía industrial de Cataluña y País Vasco, a pesar de
tener raíces liberales, fue acentuando su discurso crítico
sobre ese estado ineficiente. Desde finales del Siglo XIX,
percibe que la burocracia central del Estado, se ha
convertido en un instrumento con el que empezara a
desarrollar una convivencia conflictiva, por ejemplo en el
uso de los recursos fiscales. Es en este contexto, que
paradójicamente esa burguesía reconvirtió el discurso
carlista del siglo XIX, en plataformas nacionalistas para
presionar hacia una modernización del estado, o como mínimo
para que se empleasen sus recursos más en inversión
productiva (infraestructuras, enseñanza, etc.) de forma mas
eficiente y menos en mantener un Ejercito hipertrofiado y
una burocracia administrativa y parasitaria.
Capítulos de este proceso fueron el
auge del nacionalismo periférico y la respuesta de una parte
de la estructura administrativa central en el marco de la
Dictadura de Primo de Rivera y la mucho más prolongada, dura
y centralista de Franco (1)
Cuando tras el franquismo España
transita hacia la democracia, de nuevo la problemática de
cómo se articula el Estado reaparece. Es clara la necesidad
de moderpizar unas estructuras ineficientes y es clara la
vinculación que existe entre modernización y
descentralización. El movimiento democrático de claro
contenido nacional, en Catalunya está liderado por la
izquierda transformadora (Assemblea de Catalunya y el PSUC)
En ese momento el problema nacional
atraviesa España: la violenta, radical y profunda actividad
de uniformización cultural afectaría a todas las capas
sociales. El modelo de crecimiento franquista, basado en una
acumulación extensiva, en un entorno de desequilibrio social
y territorial afectó la vida cotidiana de miles de personas
que se encontraron trasplantados a otras culturas sin medios
de inserción (excepto la imposición) o que se sintieron bien
justificadamente amenazados su cultura y su lengua, y no
solo por el aparato del estado, sino por la presencia
incomoda de miles de emigrantes. El entorno no podía ser más
favorable para la expansión del nacionalismo. Incluso visto
en perspectiva, sorprende que este no hubiese derivado en
enfrentamiento s más irracional es, excluyente s y
violentos.
El proceso constitucional y los
Estatutos de 1979 serán un intento de responder a esa
tensión. Pero una respuesta que si bien tiene la vitalidad
de generarse en un momento de ebullición social y por tanto
de predisposición al cambio y la ruptura con los marcos
estrechos del pasado, por otra parte se efectúa sin un plan,
ni una reflexiónprofunda.
Paradójicamente esa tensión (y la
percepción del peligro en que vivía la frágil estabilidad
del país) facilitó que se llegaran a consensos mucho más
fácilmente de lo que hoy (supuestamente con un país más
maduro democráticamente) seria posible.
Pero la improvisación con
que se realiza, implicaría que la reforma contendría
contradicciones y disfuncionalidades que aparecerían a medio
plazo.
La Constitución permite, en la
tradición republicana, un reconocimiento de la personalidad
de las nacionalidades y regiones de España. En su discurso
central, supone recuperar el paradigma democrático y aun con
sus limitaciones transformar el principio de la soberanía
popular abstracta, en democracia participativa concreta.
El proceso constitucional puede verse
como una Carta otorgada por la magnanimidad de arriba
(visión hoy dominante de la transición) o como una
transacción más o menos fuerte entre los poderes en
presencia (vivencia real que tuvieron en aquel momento sus
protagonistas atrapados entre las amenazas de involución y
el desbordamiento social). Transacción que se alcanza
precisamente con muchas menos resistencias por esa
inestabilidad que pesa sobre todos los protagonistas.
De este contexto surge una
Constitución qlle contiene los llamados derechos exigibles,
principios de regulación y propiedad pública, y el propio
Título VIII.
El Título VIII se elabora en paralelo
al debate que se produce sobre los Estatutos en las
nacionalidades. Algo parecido ya había ocurrido en la II
República. No hay en ese momento una primera fase de
desarrollo constitucional del Estado y una segunda de
desarrollo en ese marco de los Estatutos. Ambos procesos se
produjeron en paralelo, interaccionándose dialécticamente. Hoy muchos hayan olvidado esa realidad
objetiva y formulan como principio poco menos que teológico, que los estatutos
deben quedar congelados si la constitución no cambia (2).
Aunque finalmente en el modelo de 1978 se rechazan las fórmulas del tipo
"Consejo General del País Vasco", se transige en el reconocimiento de la
personalidad plural de las nacionalidades que componen el Estado. Ello rompe con
la concepción uniformista de la historia de España, la propugnada por el
falangista Carmelo Viñas Rey, cuyo discurso parece que hoy asume cierta derecha
del país, siguiendo a García de Cortázar (España es la nación más antigua de
Europa, los Reyes Católicos, etc.). Por el contrario el reconocimiento de esa
pluralidad se ampara en posiciones como las de los marxistas Pierre Vilar y
Josep Fontana en el caso de Cataluña. Posiciones que sostienen que los Borbones
fueron un retroceso con su absolutismo en el camino de la modernización del
Estado. Una trayectoria que luego mantuvo el Estado del XIX y del franquismo
(incluida la etapa del Opus de López Rodó), que reforzó una visión
"administrativa" del Estado.
Esta descentralización no solo se plantea como un reconocimiento a la pluralidad
del Estado, sino también como una forma de gobierno más eficaz y participativa.
Se sostendrá desde la UCD hasta el PCE el argumento adicional de la eficacia
administrativa de la descentralización.
Sin embargo, aunque el llamado Estado de las Autonomías supuso acercar la
administración a los ciudadanos y reconvirtió la Administración Española en un
aparato mucho más moderno y eficiente, no por ello fue capaz de resolver todas
sus disfuncionalidades.
Los problemas de la descentralización de 1979
La Constitución no logró resolver algunos problemas que
hoy siguen siendo graves. En primer lugar España sigue siendo un país en que el peso
de los Ayuntamientos, esta claramente minusvalorado. Y recordemos que el poder
local es el más próximo a los ciudadanos. Entrar en este aspecto del problema no
es el objetivo de este documento, pero no por ello podemos dejar de observar ese
grave desequilibrio de nuestra arquitectura política y administrativa.
Esta disfuncionalidad puede imputarse tanto a la falta de
un plan bien reflexionado previo a la reforma, como también a la menor tensión
en el plano político: existía y existe problema nacional en España, pero no
había ni hay aún una "cuestión municipal" en la agenda política del país. Ello
no debería hacemos perder de vista que para muchos ciudadanos se ha vivido el
proceso autonómico como un mero cambio de centralismo, por ejemplo para un
ciudadano de Tarragona se ha pasado del centralismo de "Madrid" al de
"Barcelona". En muchos aspectos la administración sigue muy lejana a los
ciudadanos, aunque en nuestro ejemplo, el ciudadano de Tarragona prefiera un
centralismo a 100 km que a 500 km.
Un segundo problema es que la Constitución
no evitó totalmente la existencia de particularismos. Y muy
especialmente el mantenimiento del sistema Foral en País Vasco y
Navarra. También se trata de un problema generado por el
contexto político de la transición. El fenómeno es bien
conocido. El golpe militar franquista, que tenia un carácter
centralizador y que encuentra uno de sus pretextos entre el
estamento militar por la supuesta erosión de ese estamento
burocrático en el proceso racionalizador republicano, encontró
apoyo entre el carlismo de Navarra y Álava. Como premio de
guerra se les concedieron a esas dos provincias el
restablecimiento de un régimen Foral, a la vez que se
suprimieron los estatutos de Cataluña y el País Vasco. En la
transición, con el problema del terrorismo de ET A de fondo, no
solo se mantiene ese esquema feudal, absolutamente alejado de un
estado moderno, sino que se amplia al conjunto del País Vasco.
Es decir a Vizcaya y Guipúzcoa.
Ya entonces debía haber sido evidente que
una asimetría de esta naturaleza no era sostenible sin
conflictos, cuando otras comunidades se empezasen a cuestionar,
en un marco político menos amenazante, el por qué ellas debían
renunciar a acceder a un marco foral. El resultado práctico del
esquema del cupo es que hoy esas dos CCAA que están en la banda
alta de la renta per cápita, disponen de un redistribuyen
en el caso del Pais Vasco un 46% más de gasto por habitante y en
Navarra un 58% respecto la media nacional (3). La realidad es
que no aportan nada a la solidaridad interterritorial del
Estado. ¿Puede alguien sorprenderse que Catalunya que recibe
frente a ellas un 7% menos de la media pueda sentirse agraviada?
En cambio por la demagogia del espacio conservador, los
ancestral es resentimientos étnicos en el Estado y una
manifiesta mala información,
para una gran parte del imaginario de los
ciudadanos de otras CCAA, los insolidarios son los ciudadanos de
Cataluña (4).
Tenemos la fuerte convicción de que no es
viable la construcción de un Estado que hoy ni tan siquiera es
federal, respetando unos principios económicos confederales (5),
que no aparecen con las actuales reformas, sino que ya están en
la Constitución del 78. De hecho la actual arquitectura no solo
no es satisfactoria a nivel del Estado Español, sino que en
algunos casos entra en contradicción con los principios
articuladores de la Unión Europea.
Cuando estos peligros empiecen a
perfilarse, se efectuara un nuevo intento de consenso con la
LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas). La elaboración de la LOFCA será posterior al bloque
constitucional.
Desde las posiciones
progresistas se articulo un discurso con voluntad de
solidaridad, propugnándose el abandono del concierto foral.
En el debate de la LOFCA el PCE y el PSUC sostuvieron frente al
particularismo vasco, la necesidad de un sistema aplicable para todas las CC.AA.
Fue una posición coherente, más profunda y elaborada que su posición inicial en
los trabajos constitucionales.
En ese momento, aparece de nuevo el
argumento de la eficacia de la descentralización para la
organización del Estado. Por esta razón se defenderá que
aunque no hubiese motivación histórica en el sentido
tradicional, la articulación autonómica podía contribuir a
la modernización y articulación solidaria del Estado. Desde
esta perspectiva que por ejemplo Extremadura tuviese
autonomía, era bueno para Galicia o Cataluña, por cuanto que
el modelo de autogobiemo dejaba de percibirse como un
privilegio y se comprendía como un instrumento de
participación y descentralización.
Sin embargo, después esta
racionalización empezó a ser empleada como mecanismo de
degradación y laminación de la Constitución y los Estatutos.
Tras la transición, los sectores más conservadores,
empezaron a considerar excesivas las concesiones alcanzadas
en el proceso constitucional y se inició un proceso de
revisión y reinterpretación, no solo en el ámbito
autonómic06, pero también en ese plano.
En este proceso ha jugado un papel
importante la existencia de un Tribunal Constitucional como
mínimo mal concebido, que con frecuencia sobrepasa su labor
de interpretación, para convertirse funcionalmente en un
instrumento político de creación de normas, por encima del
Parlamento. En particular, con demasiada frecuencia el
Tribunal no interpreta lo que quería decir el legislador,
sino que emite un veredicto legal en materias no reguladas
en el consenso constitucional. Ciertamente, sobre argumentos
jurídicos, pero creando una situación
que se impone de facto a un Parlamento, bloqueado por la
falta de consenso y de mayorías suficientes para una reforma
constitucional.
Este proceso supone una degradación de
la democracia, además porque la existencia de unos juristas
independientes es una falacia poco creíble. Y en primer
lugar es poco creíble para los ciudadanos comunes,
precisamente porque aquellos que los nombran por cupos
políticos (básicamente los aparatos del PSOE y el PP), que
con sus disputas interminables por los candidatos, muestran
a los ciudadanos bien claramente, lo poco independiente de
los nominados. A veces parece como si el parlamento nombrara
a esos efectos un miniparlamento compuesto de magistrados.
Se ha ido derivando hacia una nueva
interpretación, hoy mediáticamente dominante, que se basa en
una visión administrativa, no política, del estado de las
autonomías. Una visión que oculta la responsabilidad del
Parlamento de saber definir unas normas aceptables de
convivencia, que ningún tribunal o texto sagrado puede
resolver. Esta visión se sigue hoy imponiendo en la
interpretación de los Estatutos, que habían sido laminados
en especial durante el periodo Aznar.
Frente a este proceso recentralizador
y administrativista, las Comunidades Autónomas diseñaron una
línea de defensa sobre la propuesta de una revisión de los
estatutos, generada desde la periferia en un periodo de
tensión, en especial de las comunidades históricas (Cataluña
y País Vasco), frente a la revisión de facto de la
arquitectura surgida de la Constitución y del agotamiento de
un marco desfasado también por el paso del tiempo.
La última ley de financiación
autonómica (ley 21/2001) trató de establecer un marco
redistributivo, en función básicamente del numero de
habitantes y de forma indexada con un peso mucho menor de
otros factores como superficie, dispersión, insularidad; y
al que se añaden algunas garantías sobre nuevos usuarios. Al
final resulta un mecanismo tan complejo, que viene a
justificar lo existente, en el año de referencia que se toma
en sus cálculos (1999).
Este reparto del pastel ha acabado por
ser insatisfactorio por diversas razones:
a) No hay una cuantificación de que servicios el Estado
central debe asegurar por igual a todos los ciudadanos
b) No hay una cuantificación del coste de los servicios garantizados por el
Estado.
c) El reparto se refiere a la realidad de 19997 que ha cambiado de manera
importante, especialmente con la emigración.
d) La cantidad repartida es insuficiente para atender a los servicios casi en
todas las CCAA. Incluso las CCAA "ricas" deben completar sus necesidades
recurriendo a los recursos del Estado (8).
e) No incentiva a las CCAA ni a ser eficientes para cobrar impuestos (ser
rigurosos contra la evasión fiscal, gravar con rigor), ni para contener el gasto
(rigor en los cargos institucionales, control de su gasto, etc.)
Efectivamente vemos cómo las CCAA tienen
una fuerte tendencia a rebajar sus impuestos y una fuerte
propensión a seguir exigiendo más del Estado central, incluidas
las CCAA en que gobierna la iz~uierda.
Comentemos un ejemplo reciente de cómo en
Cataluña la coalición gobernante en el
debate sobre la financiación (que sin duda es insuficiente) ha
ocultado el análisis de los costes del modelo de gestión que
aplican, por ejemplo la privatización encubierta (agudizado
mediante la última ley del Institut Catala de la Salut),
de servicios como la sanidad o la educación, al mismo tiempo que
reducen los impuestos sobre las herencias.
Hay sin duda un problema de insuficiencia
financiera, pero su no resolución esta ocultando otros
problemas, en absoluto menos importantes. Aunque la cantidad de
recursos que gestionan las CCAA sean insuficientes para los
servicios que deben prestar, su volumen es muy importante ya
ahora. Hoy las CCAA gestionan el 36% del gasto público, frente
el 22,3% que gestiona la Administración Central 10 . De hecho ya
son más aparato de Estado, que el propio Estado Central.
Estamos ante la paradoja de que
implícitamente se pretende avanzar hacia un sistema federal,
pero al final se sigue en un esquema en que en lugar de que cada
CCAA sea autónoma en el ejercicio de sus decisiones de gasto y
impuestos, siempre se acaba recurriendo a la caja central.
En un estado federal normal, el centro
debe tener autonomía para proveer de unos servicios comunes,
redistribuyendo de los recursos para asegurar que estos se
prestan a todos los ciudadanos y las partes (en nuestro caso las
CCAA) deben tener autonomía, para a partir de esa garantía
común, definida de manera objetiva, establecer sus políticas y
gestión propia en materia de impuestos y gastos.
Hoy en España tenemos un problema muy
serio, hay un marco de tendencia federalizante, pero no se han
definido con precisión los servicios comunes que se garantizan a
todos, no se ha cuantificado seriamente su coste, no se han
imputado los recursos financieros suficientes a las CCAA, el
Estado sigue detentando la caja, que no es de compensación
regional, sino de provisión a todos (aunque obviamente a unos
mas que a otros). En resumen un sistema que tiene poco de
riguroso y que se presta al desarrollo de todo tipo de presión
coyuntural en su ejecución. Si a esto le añade un sistema
electoral diseñado en su momento para penalizar la izquierda
radical (el PCE), que favorece los partidos nacionalistas y que
lleva a que sean estos los que normalmente detentan el
equilibrio de las mayorías parlamentarias, es evidente que el
riesgo de disputas y desacuerdos territoriales es muy alto.
Los nuevos Estatutos Autonómicos del
siglo XXI
Es precisamente en el marco de la última
legislatura del PP, altamente agresiva contra el marco
descentralizado de las autonomías y al mismo tiempo contra la
pluralidad cultural de nuestro estado multinacional, que se
gestan las reformas de los estatutos, que tratan de definir y
concretar defensivamente su marco administrativo, y a su vez
tratan de actualizar este marco a la nueva realidad.
Por la dinámica de este proceso de la
periferia al centro, será notoria la ausencia de un proyecto
central y armonizado de reforma. Ello permitirá a los
conservadores del PP agudizar la sensación de crisis del estado.
Ocultando sin embargo, que en la práctica ellos habían
contribuido a desatar, presionando sobre los sentimientos
nacionales de la periferia, hasta un limite peligroso para una
convivencia normalizada.
La estrategia predominante de la periferia
del estado en esta revisión ha sido tratar de consolidar una
serie de derechos exigibles, que garantizasen la existencia de
unos Estatutos no laminables.
Sin embargo la dinámica política entre
centro y periferia del estado, ha acabado conduciendo a un
debate profundo, complejo y interesadamente distorsionado sobre
el ejercicio de la solidaridad interregional y sus límites.
Por una parte en la periferia, los
sectores nacionalistas especialmente en Cataluña tratan de
construir un discurso sobre el victimismo de una mala
financiación como origen de todas las deficiencias de su
administración. Por otra parte las fuerzas conservadoras en
su afán por reducir la descentralización, responden con el
discurso de la supuesta insolidaridad de las comunidades
ricas. Discurso que ha arrastrado incluso a parte del
espacio sociológico de la izquierda hacia una visión de
confrontación entre las comunidades que conforman el Estado
y entre sus ciudadanos. Se esta produciendo un caldo de
cultivo que fomenta el nacionalismo español y el periférico.
Este discurso altamente incoherente en
ambos bandos, ha propiciado una radicalización de las
posiciones y un enfrentamiento como mínimo cultural, entre
los ciudadanos del Estado.
Sin embargo, cuando analizamos detrás
de las banderas y soflamas, cual es la práctica de cada
cuál, aparece la incoherencia más evidente. Unos y otros
están laminando el papel del Estado en su vertiente de las
políticas de bienestar: educación, sanidad,
infraestructuras; unos y otros se hallan en un proceso de
reducción de impuestos directos y de redistribución del peso
fiscal sobre las rentas más bajas. Unos y otros están en
procesos de privatización de los servicios públicos; pero en
cambio ambos revindican su custodia frente a los ciudadanos.
Pero no solo la derecha es responsable
de esta situación. La izquierda de tradición socialista y
comunista ha ido olvidando, salvo honrosas excepciones, su
matriz tradicionalmente solidaria y federal.
La propuesta progresista, es poner en
primer plano la solidaridad y la convivencia fraternal de
los pueblos, priorizar lo que une y reducir lo que divide.
Hoy la diversidad del Estado no tiene otra salida de futuro
que el federalismo. El federalismo hace posible la
convergencia y la diversidad.
La mayor parte de la derecha se
escandaliza de plantear una reforma constitucional que
aborde con transparencia la constitución de un estado
federal; pero olvida que la constitución de 1978 incorporó
elementos confederales en el aspecto de los Conciertos Vasco
y Navarro. Elementos que como ha señalado ya Jose V. Sevilla
inducen a Cataluña y otras CCAA a seguir el mismo camino.
Es una critica cierta, que se ha
iniciado un proceso estatutario sin haber empezado pro una
reforma constitucional y que eso iba a generar problemas.
Pero es hipócrita que este argumento este en boca de una
derecha que resiste a cualquier avance constitucional de
corte federal. Mientras que con su peso en el Parlamento,
coagula la Constitución e impide un ajuste federalista, en
nombre de los principios patrióticocentralistas, la
consecuencia es el debilitamiento del Estado. Cuantos mas
metros de bandera se ponían en la plaza Colon de Madrid con
el gobierno de Amar, más aumentaba el sentimiento y el
espacio electoral independentista en la periferia y en
particular en Cataluña.
Sin embargo este bloqueo de la mayoría
parlamentaria para permitir un cambio constitucional, no
tenía que haber impedido que desde la tradición progresista
(PSOE y IU) se hubiera adelantado una propuesta,
estableciendo una hoja de ruta que hubiera permitido avanzar
y ganar voluntades hacia un cambio razonable. Había que
poner esa propuesta, antes de abrir la caja de Pandora de
las negociaciones, aunque se supiera que no iba a tener en
ese momento la mayoría suficiente para un cambio
constitucional, por el obstruccionismo del PP.
Desgraciadamente hemos visto un
proceso de baronías emergentes en todo el arco de la
izquierda, en que sin una hoja de ruta, desde cada
territorio estas formaciones trataran de acercar el agua a
sus intereses locales y coyunturales en el marco de sus
retos electorales que periódicamente se producen en el marco
de cada CCAA. Proceso al que por cierto no han dejado de
sumarse laS CCAA controladas por la derecha: Una cosa es
predicar patrioterismo abstracto y otra al parecer dejar
pasar la posibilidad de gestionar desde el espacio de poder
que se controla, el máximo de recursos financieros.
Frente a esta dinámica, de enmascarar
las intenciones reales, de ideologizar en el peligroso plano
de los sentimientos nacionales, la arquitectura de la
convivencia común, se impone la recuperación de un discurso
racional, progresista, solidario y respetuoso con la
diversidad nacional, que guste o no, conforma el Estado
Español.
Desde las posiciones progresistas es
necesario recuperar el discurso federal en toda su
radicalidad. Este implica la voluntad de construir un
proyecto común, sobre la base de la adscripción voluntaria
de las partes constituyentes. Es decir implica un
reconocimiento de las partes que constituyen nuestro Estado,
un reconocimiento en un
plano de la igualdad y un
reconocimiento de la libre determinación como ciudadanos.
Pero también un reconocimiento de que es lo que se apuesta
por poner en común, que niveles de bienestar queremos
blindar en el marco de la solidaridad del Estado
Este reconocimiento debe estar
condicionado por otros principios básicos como son el
principio de soberanía de los ciudadanos y el reconocimiento
de sus derechos básicos bajo cualquier forma administrativa.
Lo que incluye, el derecho de voto en función del lugar en
que se vive y no de caracteres étnicos o culturales, la
igualdad y libertad lingüísticas, el derecho a la vida, el
derecho de expresión, el derecho de libre asociación, el
derecho de opinión, etc. por encima de cómo se organice el
Estado.
Desgraciadamente, este tipo de
planteamiento, aún está lejos de ser suficientemente
mayoritario en nuestro país. El discurso de la exclusión, de
la imposibilidad de convivencia o de la obligatoriedad de
convivir, está profundamente arraigado en partes
significativas de la población del Estado. El recurso a la
demagogia y a la irracionalidad, que en un marco de
dificultades económicas podría empeorar, hace ciertainente
distante la viabilidad de un proceso federal en nuestro
país, que precisa de una amplia mayoría social en el
conjunto del Estado para poder ser viable.
Pero esa distancia es
proporcionalmente mayor a la incapacidad de plantearla con
claridad. Sin una propuesta fuerte, transparente, valiente,
clara, racional de marco federal de convivencia, los
nacionalismos excluyentes de todo pelaje, van a tomar cada
vez más protagonismo y van a
condicionar las actitudes de más ciudadanos, que necesitan
una salida real a los problemas que viven hoy.
No olvidemos que el deterioro de los
servicios públicos es algo que vive en propia carne una
parte muy grande de nuestros ciudadanos tanto en las
autonomías ricas, como en las pobres. Sin una explicación
seria de lo que ocurre y sin una propuesta racional de
mejora progresista, cualquier demagogo puede imputar a la
comunidad vecina o a los emigrantes, la causa de todos los
males.
El Estatuto de Cataluña
El caso de Cataluña es probablemente
el que tiene una mayor importancia por su peso económico y
político, en la articulación del Estado español. La
propuesta que Maragall proponía para Cataluña y las CCAA,
considerando que cada territorio debía aportar por Renta
y recibir por habitante, era básicamente razonable, al
igual que su apuesta por un proyecto federal. Sin embargo,
la evolución de los acontecimientos ha convertido el tema en
algo mucho más espinoso y complejo. Por razones diversas,
pero entre ellas y no la menor, la incapacidad de la
izquierda (PSOE, IV) para plantear un proyecto federal
estratégico, ha acabado por desarrollar un proyecto
estatutario, en que debemos coincidir con José Victor
Sevilla12, esta pensado para resolver los problemas de
Cataluña y no del Estado.
Pero a pesar de reconocer esta grave
limitación de la actual propuesta de cambio estatutario, no
se deben perder de vista otras cuestiones que condicionan la
realidad actual de Cataluña.
En primer lugar el grave deterioro de
las prestaciones públicas en Cataluña. Los ciudadanos de
Cataluña están viviendo por diversas razones una degradación
grave de su salario social. La presión migratoria se produce
sobre unos servicios sanitarios que
básicamente durante decenios no se han
ampliado proporcionalmente al incremeto de usuarios. Esa
misma presión afecta un sistema educativo no preparado para
integrar tal ola de personas con una matriz cultural tan
diversa y distinta. En el ámbito de las infraestructuras, la
incertidumbre del futuro de los traspasos ha llevado a RENFE
a no invertir en Cataluña. Si comparamos las
infraestructuras urbanas de Madrid y Barcelona (Metro,
cinturones viarios, etc.) hay un evidente desequilibrio.
Todo esto se da junto con manifiesto mal gobierno de los
recursos propios de la Generalitat en parte herencia de un
prolongado gobierno autónomo conservador. Así en lo que es
gestión en manos de la autonomía: las privatizaciones han
encarecido el sistema sanitario, mientras que los salarios
se desplomaban entre los trabajadores de la sanidad,
llegando a ser los más bajos de España. La educación sigue
teniendo una brutal sangría en el sistema concertado a la
vez que polariza la población escolar entre emigrantes (y
los alumnos conflictivos que expulsa la privada) en lo
publico y indígenas en la concertada. En abril del 2008 se
ha aprobado el desdoblamiento de la autopista de peaje del
Maresme, en lugar de liberar los peajes de la autopista
concesionada a una empresa privada que hace el trayecto en
paralelo, lo que representa una barbaridad eco lógica y
financiera, menos para la empresa concesionaria y las
constructoras.
Para acabar, resulta que la prestación
del Estado por habitante es inferior en Cataluña que en
otras zonas. Es decir, que contra la imagen estereotipada
que se da en algunas partes de España del catalán no
solidario, en realidad lo que tenemos es que España no es
solidaria con Cataluña. Un desequilibrio que curiosamente,
los ciudadanos catalanes de origen andaluz y extremeño, que
siguen manteniendo relaciones familiares regulares con sus
orígenes, son los que más perciben esa disparidad porque las
ven en cada visita a sus pueblos de origen. De aquí también,
que las campañas fabricadas por la derecha más rancia desde
Madrid, no encuentren ningún eco entre los nuevos catalanes.
Afortunadamente, pese a sirios y troyanos en Cataluña al
menos nos hemos ahorrado la división entre maquetos e
indígenas, que tanto complace a los nacionalistas de todo
tipo.
No hay que engañarse, el problema
financiero en España no es un problema de identidades,
aunque el hecho nacional catalán le de una proyección y
dimensión distinta. El problema profundo es crisis del
sistema público de financiación, al que se le ha pretendido
dar una respuesta fácil y simple desde los sectores que se
sustentan en las banderas y los sentimientos en el
desarrollo de su práctica política.
Desde la izquierda hubiera sido
necesario trabajar en dos líneas en paralelo: Reforma
federal con transparencia de los recursos, y en segundo
lugar de redistribución impositiva, con aumento de la
presión fiscal sobre los que más tienen.
El Estatuto de Cataluña se olvida
totalmente de lo segundo y solo avanza en exigir una
distribución más equilibrada territorialmente de recursos. Y
lo hace en el titulo VI en que trata de la fmanciación de la
Generalitat. En este titulo, junto a artículos razonables,
aparecen algunas cosas sorprendentes como el establecer
(206.6) que el reparto de fondos entre Estado y Cataluña
debe ser función de la población. No es una barbaridad, pero
el criterio de ese reparto no corresponde definido a los
Estatutos, sino a la Constitución.
Pero lo que con más interés debería
examinarse es una nueva institución clave,
la "Comisión Mixta de Asuntos
Económicos y Fiscales Estado-Generalitat" (209) que tiene
como función redefinir la transición hacia una relación más
equilibrada. El problema es que no esta definido cual es el
equilibrio a alcanzar, el proyecto federal, y que en este
contexto esa Comisión puede derivar en una relación
bilateral estructural entre Cataluña y el Estado en un
proceso que puede volverse estructural e interminable.
Ante la incapacidad de plantear un
proyecto federal, se esta abriendo paso la transición de
Cataluña hacia el modelo de conciertos, lo que en nuestra
opinión no solo
es políticamente incorrecto, sino
además inviable económicamente, puesto que el Estado no
puede sobrefinanciar Cataluña, como ahora al País Vasco o
Navarra, porque su peso es mucho mayor.
La aceptación del principio de la
negociación bilateral a partir del Estatuto de Cataluña,
posible a partir de una cierta lectura del Estatuto, puede
tener riesgos importantes para el futuro. Si bien puede ser
aceptable que el Estado negocie bilateralmente un proceso de
reajuste, es decir, se negocie bilatetalmente como se
reconduce la situación asirnétrica presente a una situación
de equilibrio y sostenible, es muy fácil que esta
negociación coyuntural se entienda como una relación
bilateral estructural, no transitoria sino
permanente.
Es decir, se entienda como un
ejercicio de corte confederal, en que una de las partes
negocia permanentemente que aporta estructuralmente al fondo
común. Por no abordar un proceso transparente, claro y
federal, se toma el riesgo en la práctica de adentrarse en
una línea confederal que puede despertar en el conjunto del
Estado una dinámica centrípeta.
y queremos ser claros, es cierto que
hoy hay un desequilibrio peligroso en la relación
Cataluña-Estado. Es claro que precisamente lo que se
reivindica desde las CCAA más pobres, es lo que hay que
asegurar también en Cataluña: asegurar unos servicios
mínimos comunes a sus ciudadanos. Es cierto también, que
todos somos conscientes que esto debe darse en un proceso
gradual, porque no es viable ni en Extremadura ni en el País
Vasco reducir sus presupuestos disponibles de un ejercicio
fiscal a otro. Pero si esto no se aborda, tenemos un
problema que acabara por estallar y los resultados de una
crisis de este tipo desde luego no van a ser beneficiosos ni
para los trabajadores ni de Cataluña, ni para los del resto
del Estado.
Los problemas que otean en el horizonte
El retardo en la reforma del sistema
de financiación puede tener costes muy importantes en el
futuro.
Estamos ante un sistema
insatisfactorio para una parte importante del Estado. Frente
la ausencia de indicadores sólidos de lo que se debe prestar
en común y de su coste, hoy tenemos un primer elemento
objetivo que muestra la debilidad del sistema. Ese elemento
nos lo da la mera lectura de la redistribución del sistema
financiero español que actualmente conduce a que los euros
que redistribuye el Estado por habitante sea en Baleares de
1665 y en Extremadura de 2504, en el año 200513. No es
sostenible que los que aportan más, reciban menos en
servicios del Estado, de forma estructural. Tomando solo
este indicador puede ser defendible, que cualquier habitante
del país reciba lo mismo, a pesar de aportar más o menos,
con un criterio de igualdad radical. Pero un sistema que da
más servicios en sanidad o educación a quien aporta menos,
no es sostenible sin tensiones importantes.
Puede argumentarse que hay necesidades
perentorias que hacen más caros estos servicios en
determinados lugares. Pero entonces hay que argumentarlo con
indicadores objetivos. Puede llegar a ser aceptable que en
lugar de medir en dinero la distribución, lo hagamos en
función de indicadores más complejos: médicos por habitante,
estudiantes por aula, etc. Pero desgraciadamente no se ha
hecho ningún esfuerzo por objetivizar este análisis,
proveyendo de la publicación de todos los indicadores
necesarios. Más bien al contrario,
predomina la tendencia a la ocultación de datos, siendo cada
vez más frecuente que todas las administraciones tiendan con
el argumento de la privacidad de la información a ocultar
datos a los investigadores o a distorsionarlos. No solo se
ocultan datos económicos, sino datos de tipo sanitario,
educativo, etc. Por ejemplo, no se facilita medir si el
reducir las pruebas de
mamografias ha producido un aumento de
mortalidad entre las mujeres. O si la enésima reforma
educativa ha producido mejores o peores resultados
académicos. O si el aumento de las listas de espera de cada
tipo de acto médico aumenta el coste sobre las familias de
atender a una persona limitada en su autonomía. En cuanto la
distorsión hay cientos de ejemplos, como por ejemplo que
cuando se mide la eficacia del sistema educativo con los
resultados de la selectividad, tender a poner exámenes más
fáciles.
Un proceso federal implica objetivizar
qué servicios son iguales para el conjunto de una
federación. Definir por tanto que derechos son exigibles por
el conjunto de los ciudadanos y que por tanto es
responsabilidad del estado asegurar su provisión
igualitaria.
Pero no se ha avanzado en un diseño
negociado y consensuado. Al contrario la situación de
asimetría presente, se trata de perpetuar con una
irresponsable guerra de criterios oportunistas: unos
defienden la distribución en función de los habitantes,
otros de la renta per capita, otros del territorio, otros de
la insularidad, otros de la capitalidad. Todos han aprendido
que unos indicadores les favorecen más que otros y la guerra
de cifras puede emnascarar la más profunda insolidaridad y
falta de perspectivas en la búsqueda de un acuerdo razonable
y satisfactorio para todas las partes.
A modo de síntesis de lo expuesto
hasta aquí, se puede hacer una recopilación de los graves
problemas que tiene el sistema presente ante el turbulento
futuro que parece aguardamos los próximos años, en la
siguiente lista, quizás no exhaustiva:
1. Es un sistema carente de
transparencia, en que nos se publican datos básicos para una
gestión racional. Y no solo las balanzas fiscales, sino otra
mucha información referente a indicadores evaluadores del
coste de los servicios e incluso del nivel de eficiencia del
gasto. Sin esta información se hace muy difícil un debate
racional y un acuerdo que pueda ser asumido por el conjunto
de población de las diversas CCAA.
2. Es un sistema que tiene
alteraciones evidentes de una redistribución racional, que
implica una provisión de algunos servicios fmales peor en
las CCAA que contribuyen más. Fenómeno que se ha agravado
por la distorsión que ha supuesto la ola emigratoria sobre
estos servicios, en especial en la sanidad y la educación
3. Es un sistema que será lento de
adaptar. Aunque reconozcamos que la
redistribución es ahora
insatisfactoria, es evidente que no es posible un ajuste
brusco aquellas CCAA que están recibiendo más de lo que al
final deben recibir en un nuevo esquema, no pueden de un
ejercicio a otro adaptar su gasto. Se va a necesitar un
proceso de adaptación en que el óptimo seria que en un
proceso de crecimiento se ajustara hacia el equilibrio sin
reducir a nadie, pero ello puede requerir más tiempo del
aceptable por los que ahora reciben poco.
4. Nos movemos en un sector público
que auto reduce sus ingresos. Por una parte, con reformas
fiscales imprudentes y que se orientan a primar la
imposición indirecta muy sensible al consumo. Ello no solo
es injusto socialmente, sino que insuficiente en una fase de
recesión económica. Este panorama se agrava con el cambio de
posición de España dentro de la Unión Europea y el fin de
las ayudas estructurales
5. Un contexto económico recesivo, que
aumentara los gastos (seguro de paro) y reducirá los
ingresos del Estado, en buena parte basado en impuestos
indirectos y las Rentas del Trabajo, que se reducirán con el
aumento del paro. El horizonte de crisis hipotecaria y de
crisis en el precio de los alimentos (14), es especialmente
sombrío en un país en el que la construcción(15) y el
turismo han tenido hasta ahora tanto peso en su PIB.
6. Un contexto de reducción de las
aportaciones de la Unión Europea, que hasta ahora han
contribuido a reequilibrar nuestro presupuesto y nuestra
distribución interna de inversión.
Con estas amenazas en el horizonte, no
deberíamos permitimos ni una inmovilidad justificada demagógica
e interesadamente en que el cambio afecta las esencias de la
patria, ni caer en una reforma improvisada. La distribución de
los fondos públicos es un asunto muy serio, para jugar con ellos
en un regateo basado en la coyuntura y las encuestas
electorales. En un país atravesado por la multiculturalidad y
los desencuentros históricos, el tema reclama mucha más
responsabilidad.
La tradición progresista debe abordar el cambio
Federal
Aunque el entorno sea dificil es posible
pensar y estructurar una propuesta racional, que articule una
reglas de juego transparentes y aceptables para la inmensa
mayoría de ciudadanos, que saben en el fondo que la mejor
variante es alcanzar un acuerdo de convivencia aceptable. Quizás
incluso el marco de crisis que emerge, puede ayudar a generar
una nueva conciencia entre nuestros ciudadanos en la necesidad
de sustituir las banderías, el enfrentamiento primario y
fraticida por el acuerdo sólido y racional
Es posible avanzar en la construcción de
este' estado federal, sobre la base de adoptar medidas que
contribuyan a fundamentar una nueva cultura y a sustentar otra
visión en el conjunto de los ciudadanos del Estado.
Para ello se deben buscar, promover e
implantar medidas que sustenten un nuevo marco federal. Entre
estas medidas se deberían articular bajo los siguientes
principios:
a) El principio de transparencia en todas
las transferencias fmancieras. Publicación de las balanzas
fiscales y de todos aquellos indicadores que permitan dar a
conocer las relaciones económicas entre comunidades y en
particular las que tienen que ver con la gestión de la
administración y el bienestar de los ciudadanos.
b) La administración también ser
transparente en la provisión de otra información básica. Se
trata de elaborar indicadores objetivos del coste de la
provisión de servicios, incluso de su efectividad debe asegurar
la transparencia de otros aspectos de la balanza de pagos como
son los movimientos de capital privado; los fondos de pensiones
a nivel nacional e internacional, etc.
c) El principio de proporcionalidad entre
contribución y disposición de servicios. En la renta personal
disponible no puede invertirse el orden sin caer en tensiones.
Una Comunidad no puede pasar del 4° lugar al 8° por puros
efectos fiscales (renta antes de impuestos versus renta personal
disponible)
d) El principio de convergencia del
desarrollo. En las políticas públicas se buscará el desarrollo
de las comunidades más atrasadas. Se trata que los cambios en el
orden que se puedan producir sean causa del desarrollo regional
endógeno y no por la transferencia fiscal de recursos de los que
retroceden. El Estado del bienestar no es suficiente. No basta
con actuar en el consumo, individual o social, hay que actuar
más arriba en la cadena de producción en una dirección de
convergencia territorial, que además permita un desarrollo más
sostenible y menos congestionado. Esta es la gran
responsabilidad de la izquierda: desarrollar, a diferencia de la
derecha, políticas públicas globales para toda España y
articularlas localmente, para vencer el subdesarrollo relativo,
y no administrar fondos de manera caciquil sin contribuir a
ningún cambio de fondo permanente. Con CiU hemos visto que sin
voluntad de cambio se genera clientelismo. Suponemos que esto
explica lo que ha pasado en otras CC.AA. Es el caldo de cultivo
de la corrupción.
e) El principio del seguimiento del
uso de todos los recursos públicos y de los resultados de su
asignación. Sin cambios sociales, efectivamente, el
ejercicio de la solidaridad se ve falseado. El penoso
ejemplo a nivel comunitario de cómo personajes como Mario
Conde o la Duquesa de Alba, resultan ser los grandes
beneficiarios de determinadas políticas agrarias, debe
estimular a un control más riguroso de la aplicación final
de los
principios de compensación.
1) El principio de aumento de la
igualdad no solo interrregional sino intraregional. La
medición de la eficiencia del sistema no solo por
acercamiento de niveles medios de renta per capita entre
CC.AA. sino por disminución del índice de Gini (16) interno
en cada Comunidad (menor distancia entre ricos y pobres)
g) El principio de la suficiencia de
los recursos disponibles para atender a un mínimo común de
servicios por ciudadano. Ello implica definir ese mínimo
común, lo que da una ocasión de oro para el despliegue de un
debate político de izquierdas y luego cuantificar
rigurosamente su coste.
h) El principio de defmir en el
ordenamiento legal (no en los tribunales) las competencias
de cada administración. Definiendo que derechos son propios
de todos los ciudadanos del Estado y cuales son potestad de
sus gobiernos autonómicos. Los derechos federales deben ser
garantizados por el Estado, aunque pueda delegar su gestión,
debe asegurar su provisión y supervisar su calidad. Ello
debe plantearse buscando mantener en lo posible el principio
de subsidiariedad.
i) Un sistema federal debe basarse en
la corresponsabilidad fiscal. La Constitución debe
establecer unos criterios sobre qué ingresos fiscales deben
corresponder a las Comunidades Autónomas; qué ingresos deben
reservarse al Estado; qué mecanismos de armonización deben
establecerse entre unos y otros actores, y también las
fórmulas de contribuir a la solidaridad territorial.
La gestión recaudatoria debiera
estructurarse de forma corresponsable, según el principio de
subsidiariedad y Administración única.
j) El principio de la responsabilidad
de gestión. Cada CCAA tiene capacidad para gestionar los
servicios comunes y propios, pero tiene que rendir cuentas a
los ciudadanos de su acción. Por ejemplo transparencia de
gasto, de resultados (mortalidad, niveles educativos
alcanzados, etc.)
k) Hay que
acabar con el sistema de conciertos y buscar un camino a
una adaptación federal, en un proceso suave que permita una
adaptación sin traumas a un sistema realmente federal de las
comunidades de País Vasco y Navarra.
l) Mayor papel a
los municipios. En coherencia con los valores de la
cultura federalista que hemos expuesto, no resulta admisible
un Estado federal en el cual cada una de sus partes se
organice internamente de fonna centralista. El reforzamiento
de la autonomía de las Comunidades Autónomas se ha hecho en
buena medida a costa de las entidades locales. La autonomía
municipal proclamada en la Constitución ha quedado en papel
mojado. La Constitución debe incorporar garantías para la
suficiencia financiera de las entidades locales, como puede
ser el principio de participación en los tributos estatales
y autonómicos en una cuantía mínima determinada. También en
este caso debe asumirse el principio de la subsidiariedad.
Se puede argumentar que este es un marco no viable a corto
plazo por las mayorías electorales existentes. Incluso, por la mediocridad y
falta de valor en el espacio político de la izquierda, para abordar un cambio de
tal envergadura, en un entorno cuyas preocupaciones no van más allá de quien se
coloca en la próxima lista electoral y cuantos cargos permiten alcanzar los
votos obtenidos. Pero la politica en su sentido noble, es proponer para alcanzar
hegemonía, no el mercadeo y el regateo a corto plazo, sin más proyecto que el
rendimiento inmediato en prebendas y reparto de poder. Es necesario defender propuestas que puedan ganar
voluntades porque sitúen el debate, no en la irracionalidad y la demagogia, sino
en la propuesta de progreso que busca y permite una convivencia armónica. Que
sitúe el debate en lo que de verdad debe interesar a los ciudadanos: asegurar su
convivencia pacifica y voluntaria. Redúzcase la vísceralidad a los hinchas de
cada equipo local que pueden desahogarse en el deporte nacional y esforcémonos
para remover la consciencia de nuestra ciudadanía para visualizar la necesidad
de dotamos de unas normas de convivencia aceptables para todos, porque se basen
en criterios justos y transparentes. Y para mejorar la convivencia pacifica, el
camino no es ni someter a las minorías a una supuesta idea caduca de patria, ni
segregamos en comunidades cada vez más puras y aisladas. El camino, como
muestran todos los cambios sociales que han asentado un progreso histórico, es
la construcción federal de un proyecto de estado que todas las partes reconozcan
como propio y justo.
-----------------------
1 Tanto
especiahnente Primo de Rivera primero, como Franco después,
tuvieron el apoyo de la burguesía catalana, asustada por el auge
obrero y tímida ante las reformas del Estado que sus sectores
más lúcidos intuían necesarias. Franco conseguiría la
complicidad de algunos representantes de esa burguesía (como
Cambo de la Lliga Regionalista, que inicialmente le financio
generosamente para enfrentarse a los movimientos sociales y
sindicales. Movimientos populares del pueblo catalan, que
aspiraban a un nuevo modelo de sociedad más igualitaria y
avanzada, no solo más eficiente.
2 No pretendo decir que
sea mejor ese desarrollo desordenado, que una reforma ordenada
en dos etapas. Lo que si quiero afirmar, es que si por alguna
circunstancia los cambios constitucionales están bloqueados a
nivel de Estado y la presión crece en una parte de el, es mejor
una válvula de escape (inicio de reformas estatutarias) que
ayude a reequilibrar la convivencia, que mantener sellada la
caldera a todo cambio, con el peligro de que estalle.
3 Jordi
Sevilla (2004, pp 23), da datos de 1997 en que menciona como el
sistema de financiación proporcionaba de media a cada español
270.000 ptas; mientras que el sistema de conciertos aportaba
426.000 a los ciudadanos de Navarra y 396.000 a los del País
Vasco, mientras que los de Catalufia se situaban en las 251.000.
4 Esta
situación no solo se da en Catalufia, sino que afecta a Madrid,
Valencia y Baleares. Aportando por encima de la media, sus
ciudadanos reciben menos recursos per capita en los servicios
que provee el Estado (por ejemplo en educación, sanidad, etc.)
que los ciudadanos que viven en otras CCAA.
s
Con ello no pretendo decir que sea una constitución confederal,
sin duda en general queda aún lejos de una constitución
federalista, pero tiene junto a aspectos centralistas otros de
confederales, amen de una distribución poco clara de
competencias, que abre continuamente discusiones competenciales,
cuya resolución se adopta desde el ámbito jurídico, en lugar de
lo democráticamente correspondería: desde el legislativo.
6 Para los
conservadores y neo liberales algunos derechos en el ámbito del
trabajo, de la vivienda, del papel garantista y regulador del
estado les resultan evidentemente molestos y hace tiempo que
trabajan por reducir el campo de acción social del estado,
recogido en la Constitución de 1978. Mientras no pueden
cambiarla, se limitan a recortar esos derechos mediante las
leyes que los desarrollan y se apoyan en las versiones más
liberales del futuro europeo (Tratado de Lisboa ahora,
Constitución de Giscard d'Estaing antes).
7
El mantener los datos de hace
tanto tiempo (casi 10 años) como criterio de base, en un país
que ha cambiado tan radicalmente con las últimas olas
migratorias, es también motivo justificado de polémica
8 Esta
insuficiencia puede suponerse que se ha programado para asegurar
un cierto papel de dominio al Estado, que conserva supuestamente
el poder de premiar y castigar a las CCAA. Pero en la práctica
implica la obligación de financiarlas, frente a su déficit que
tienen una parte imputable a la insuficiencia de lo que reciben,
pero que puede ampliarse por un gasto poco riguroso. La
consecuencia terrible es que se les da el poder de gastar, pero
se eles evita la responsabilidad de cómo se gasta, porque el
Estado sigue siendo el que paga la factura final.
9
Un gobierno de coalición que se
sostiene en un acuerdo que va desde el socialismo (PSC) a lo
verde (IC), pasando por el independentismo (ERC) y con el apoyo
de EUiA del espacio de IV
10
Santiago Diaz de
Sarralde, La Reforma del Sistema de Financiación Autonómica. El
Público, 28 de marzo 2008,
pag.8.
11 En las
últimas semanas la prensa no deja de hacerse eco de diversas
maniobras de coalición entre las CCAA. Así en abril del 2008 se
intentaba iniciar un ftente común entre Cataluña y Valencia para
revisar los principios de reparto financiero. En este contexto
se especula con la posibilidad de la consolidación de dos
bloques: uno articulando las comunidades mediterráneas (Aragon,
Baleares, Murcia) ftente a las del Noroeste (Galicia, Cantabria,
Asturias; Castilla y León). Mientras Andalucía queda descolocada
sin saber muy bien que criterios le permiten recibir más. La
Vanguardia, 25 de abril 2008, Pag 15: "Chaves trata de romper la
alianza de financiación de Cataluña y Valencia"; "El ftente del
Noroeste", etc. Bajo el pretexto de parámetros técnicos cada vez
más obscuros, puede abrirse una mayor ftactura de la convivencia
de los ciudadanos de un Estado, que nadie debe olvidar que es
muy diverso.
12 Jose V.
Sevilla 2004, pag 24
13.- El
Pais, 24 de abril 2008. La guerra de la financiación autonómica
pag 12.
14 La parte del salario
que iba a alimentos era en Espafía de 43,2% en 1965, en el
2006
se había reducido a
un 17,4% en un modelo de
alimento barato que cierra ahora su ciclo ¿Qué ocurrirá con la
renta disponible si se revierte el peso del costo de los
alimentos? Datos de Informe mensual de la Caixa abril 2008
15 La
construcción tiene un importante efecto de arrastre sobre la
industria de los materiales de construcción y de la maquinaria
de construcción, no solo se perderán los empleos en la mano de
obra predominantemente emigrante de la construcción, sino que
afectará a una parte más amplia de la clase obrera en un efecto
en cadena que es dificil de prever con exactitud.
16 Este
indicador económico mide el grado de igualdad en la distribución
de la renta entre la ciudadanía
Bibliografía
- Antoni Montserrat &
Jacint Ros Ombravella, L 'aptitudjinancera de Catalunya, 1967 -
Trabajos de la Asociación Española de Ciencia Regional (diversas
ponencias)
- Debates de la LOFCA
(participación en debate en comisión por el grupo parlamentario.
comunista)
- Estatuto de Autonomía de
Cataluña
- José Victor Sevilla,
El Sistema de jinanciación autonómica,
- José Victor Sevilla, Las
balanzas fiscales, el concierto económico y las propuestas
financieras del nuevo gobierno catalán, Revista de libros, num
86, Febrero, 2004
- Enmienda núm. 20, Grupo
Parlamentario IV-IV-ICV, Congreso de Diputados, 3 enero 2006,
serie B núm. 210-7 pp 84-86