Pero los precedentes son muy abundantes. Los grandes procesos contra la delincuencia financiera de esta década han concluido en archivo, sin necesidad de llegar a juicio, como el descomunal fraude fiscal atribuido al presidente y otros ejecutivos del Banco Santander, o en absoluciones, como las cuentas secretas del BBVA en la isla de Jersey –con el correspondiente fraude fiscal–, los fondos de pensiones contratados por los consejeros de esa entidad con cargo a dichos fondos, el tráfico de influencias en la Bolsa del actual presidente de Telefónica, y así sucesivamente.

     El Tribunal Supremo llegó a justificar una de las muchas absoluciones invocando «la absoluta libertad de mercado». Esa ideología neoliberal está penetrando cada vez con mayor fuerza en la magistratura y los resultados están a la vista. Ante las gravísimas conductas atribuidas a Millet y sus colaboradores, la fiscalía ha obrado con el rigor y la coherencia que el caso exigía, solicitando la prisión provisional sin fianza, sobre todo cuando concurre un delito de malversación de caudales públicos, castigado con una pena que puede alcanzar los ocho años y, sobre todo, cuando pudiera no estar garantizada la conservación y custodia judicial de todas las fuentes de prueba de los hechos delictivos y de todas sus ramificaciones políticas, con inclusión de una posible financiación irregular de un partido político.