No
consiento que se hable mal de Franco en miEl sumario de ocho años ha demostrado que no se debía clausurar Egunkaria
Imanol Murua Uria
Sin Permiso 28 de Diciembre de 2009
El martes 16 de diciembre comenzó en
la Audiencia Nacional española el
juicio contra cinco representantes
del periódico Euskaldunon
Egunkaria, clausurado en febrero
de 2003 bajo la acusación de una
supuesta relación financiera del
diario con ETA. Como en la
investigación previa al cierre no
encontraron pruebas para vincularlo
a ETA, lo cerraron para
encontrarlas. El juicio se ha
iniciado con la sola petición de
Hace seis años y diez meses que
clausuraron Euskaldunon Egunkaria,
pero hay que remontarse ocho años
atrás para encontrar el origen del
caso contra el diario en euskera. El
6 de junio de 2001 llegó a las manos
del juez de la Audiencia Nacional
española Juan del Olmo un informe
sobre más de veinte empresas del
ámbito del euskera. Era un informe
del Servicio de Información de la
Guardia Civil (SIGC) y tenía como
objeto las supuestas relaciones
entre esas empresas y ETA:
concretamente si esas empresas
recibían dinero de ETA o si eran
utilizadas para blanquear dinero de
ésta.
A partir de ese informe, del Olmo
ordenó medidas excepcionales contra
muchas personas de esas empresas o
relacionadas con ellas: inspecciones
de cuentas corrientes, escuchas
telefónicas, obtención de datos de
la Seguridad Social y Hacienda, etc.
Todo ello en silencio,
evidentemente, puesto que las tareas
se realizaban totalmente en secreto.
Hicieron una investigación
exhaustiva sobre todas las empresas.
Las primeras 10.000 páginas del
sumario son sobre la investigación
de aquella época. Pero no
encontraron lo que buscaban: no
detectaron relaciones financieras
entre ETA y esas empresas, no
demostraron que nadie recibiera ni
blanqueara ni una sola peseta de
ETA. Entonces, los investigadores
del SIGC tomaron otro camino:
sacaron de un cajón algunos viejos
documentos incautados entre 1990 y
1993 a supuestos miembros de ETA,
los desempolvaron y centraron su
atención en una sola de entre todas
las empresas que habían estado
investigando: Egunkaria SA, la
editora de Egunkaria.
Los documentos eran conocidos. La
prensa dio noticia de ellos en la
década de 1990. En esencia,
demostraban que su anónimo autor
tenía información sobre asuntos
varios de Egunkaria y
mostraba interés por sus vaivenes.
Entre otras cosas, citaba a posibles
candidatos a la dirección de
Egunkaria y, en algunos casos,
opinaba sobre ellos. Según la
Policía, esos papeles eran de KAS y
de ETA.
Esos documentos tuvieron eco en los
medios de comunicación en su época e
incluso provocaron debate político,
también en el Parlamento vasco, pero
no tuvieron consecuencias jurídicas.
Es sabido que el propio juez
Baltasar Garzón los examinó, pero no
vio base para imputar a nadie.
Muchos años después, empero, cuando
esos mismos documentos llegaron a
otro despacho de la Audiencia
Nacional, otro juez, del Olmo,
decidió, a impulso del SIGC, que
había base, además de para abrir un
sumario, para clausurar un diario.
Esos viejos papeles, nada más tenían
del Olmo y la Guardia Civil cuando
cerraron definitivamente
Egunkaria el 20 de febrero de
2003.
En búsqueda de vínculo
En la investigación previa a la
clausura de Egunkaria no
detectaron ni un solo indicio que
acreditara el supuesto vínculo entre
ETA y el diario, pero esta vez
tomaron el camino inverso: en lugar
de cerrarlo porque habían encontrado
pruebas, lo clausuraron para poder
encontrarlas y, junto con el cierre,
adoptaron todas las medidas
excepcionales.
En la operación del 20 de febrero
detuvieron e incomunicaron a diez
personas;
El siguiente paso lo dio el 17 de
octubre del mismo año:
El fracaso de la investigación
Han pasado seis años y diez meses
desde la clausura de Egunkaria
y estamos como al principio. No
tienen más que los viejos documentos
de entre 1990 y 1993 y las
interpretaciones que de ellos hacen
los investigadores del SIGC,
asumidas al pie de la letra por el
juez del Olmo. Al no detectar el
menor indicio de la supuesta
relación entre ETA y Egunkaria,
los investigadores empezaron con
otro tipo de vínculos, a pesar de
que para ello tuvieran que recurrir
a los razonamientos más peregrinos y
estupefacientes. Por ejemplo, que
como para el proyecto de la
izquierda abertzale dicen que
ETA proponía recoger "aportaciones
de capital de los seguidores del
Movimiento del Liberación Nacional
Vasco" y "como Egunkaria
precisamente utiliza cuestación
popular", se puede concluir que el
diario en euskera se financió "con
fondos de ETA, al menos en parte". O
que, como dicen que no es creíble
que Egunkaria obtuviera 591
millones de pesetas mediante
aportaciones de pequeños accionistas
en la campaña de creación y en la
posterior ampliación de capital, esa
vía recaudatoria puede ser "un
procedimiento de ocultación del
verdadero origen de ese dinero". O
que, como Egunkaria tiene una
perspectiva nacional del País Vasco,
tiene "acuerdo total con la de ETA".
O que, al crear el parque Martin
Ugalde, Egunkaria persiguió
los objetivos de ETA, ya que la
organización armada propone "tejer
una red para el apoyo al euskera" y
el parque cultural "fue creado para
agrupar a las empresas que trabajan
por el euskera". O que uno de los 11
principios básicos de Egunkaria
es el carácter militante y ETA
también emplea el "concepto de
militante" en sus estructuras. No
son invenciones, esos y otros
argumentos aparecen en numerosos
autos que ha dictado el juez
instructor durante estos años.
El fiscal da marcha atrás
Hasta diciembre de 2006, del Olmo y
la Guardia Civil actuaron con el
apoyo de la Fiscalía, pero el 14 de
diciembre de ese año el fiscal de la
Sala de lo Penal Ángel Carballo
admitió en su escrito que la
acusación no tenía pruebas: "no se
ha encontrado ni un solo documento
que refleje que Egunkaria
haya sido un instrumento para el
cumplimiento de los objetivos de
ETA". Y, más adelante, "la pregunta
es clara: si Egunkaria no es
fuente de financiación ni
instrumento de blanqueo del dinero
procedente del terrorismo y si
Egunkaria no apoya el terrorismo
de ETA directa ni indirectamente, si
no promueve ni legitima la
violencia, ¿en qué ayuda o ayudó su
actividad a los objetivos de ETA?" Y
la conclusión: "como no se ha
demostrado que Egunkaria
financiara a ETA o fuera utilizado
para blanquear su dinero, visto que
ni Egunkaria ni los imputados
han actuado en pro de los objetivos
de la organización terrorista ETA;
visto que los imputados no han
legitimado las acciones terroristas
[…]; visto que los imputados no han
prestado ningún tipo de colaboración
concreta ni general, es injusto
abrir juicio oral". "En consecuencia
[…], el fiscal es favorable al
archivo provisional del caso." Dos
años después, además, solicitó el
archivo definitivo.
Y, no obstante, hay juicio
Por tanto, no había razón alguna
para que hubiera juicio, ni desde el
punto de vista de la defensa ni
desde el de la acusación pública.
Las acusaciones de la AVT y Dignidad
y Justicia se quedaban solas y se
han convertido en los únicos
defensores de las tesis de la
Guardia Civil.
Después del cambio de postura del
fiscal, también había otra razón
para que no se celebrara el juicio:
el caso sólo tenía a la acusación
popular. La defensa alegó que, de
conformidad con los precedentes
establecidos por la Audiencia
Nacional, no se podía celebrar
juicio oral sólo con la acusación
popular, ya que eso mismo falló la
Audiencia Nacional en, entre otros,
el conocido caso Botín. Pero
el tribunal, a la sazón formado por
Manuel Fernández Prado, Nicolás
Poveda y Ramón Sáez Valcárcel,
resolvió en mayo de 2007 que hubiera
juicio, en un breve auto de dos
páginas. Y el 30 de julio de este
año el mismo tribunal que juzgará el
caso, formado por los magistrados
Javier González Bermúdez, Manuela
Fernández Prado y Ramón Sáez
Valcárcel, ha ratificado la
decisión.
En el banquillo de los acusados
El juicio comenzará el 15 de
diciembre de 2009. Cinco hombres se
sentarán en el banquillo de los
acusados: Joan Mari Torrealdai,
presidente del Consejo de
Administración de Egunkaria,
director de la revista Jakin
y miembro numerario de la Real
Academia de la Lengua Vasca; Iñaki
Uria, consejero delegado de
Egunkaria y director general de
la cadena de televisión Hamaika;
Txema Auzmendi, secretario del
Consejo de Administración de
Egunkaria, durante años
colaborador de Herri Irratia y
jesuita; Martxelo Otamendi, director
de Egunkaria y, actualmente,
de Berria [diario en euskera
creado meses después de la clausura
de Egunkaria (n. del t.)], y
Xabier Oleaga, subdirector de
redacción durante dos años de
Egunkaria y asesor de
comunicación de la Asociación de
Ikastolak. Las acusaciones les
imputan pertenencia a ETA y
solicitan penas de catorce años de
cárcel para cada uno.
Las otras cinco personas detenidas
el 20 de febrero de 2003 han quedado
fuera del caso. A Inma Gomila,
Fermin Lazkano y al difunto Luis
Goia ─murió en septiembre de 2006─
no les procesaron. A Xabier Alegría
y Pello Zubiria les han tenido
imputados durante más de seis años,
pero el pasado julio el tribunal
retiró las imputaciones contra
ellos. A Alegría ya lo han juzgado
con los mismos cargos en el
sumario 18/98
y la acusación contra Zubiria, a su
vez, ha prescrito. A tres de los
cinco imputados que ahora juzgarán,
Torrealdai, Uria y Auzmendi, los
juzgarán de nuevo en el sumario
económico. La AVT y Dignidad y
Justicia solicitan penas de 26 años
y cuatro meses de prisión y una
multa de más de 32 millones de euros
para cada uno. Junto a ellos
juzgarán a Joxe Mari Sors, Ainhoa
Albisu (para ambos solicitan las
mismas penas), Mikel Sorozabal (21
años y nueve meses y 27 millones de
euros de multa), Begoña Zubelzu (17
años y dos meses y 21 millones de
multa) y Fernando Furundarena (13
años y tres meses y 21 millones de
multa).
Imanol Murua Uria
es periodista político
Traducción para www.sinpermiso.info: Daniel Escribano
