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Solución Alakrana

 Amadeo Martínez Inglés

UCR 12 de Noviembre de 2009

 Los dos piratas detenidos, legalmente no deberían estar en España. En estos momentos deberían permanecer en la fragata Canarias a disposición de la justicia militar, no de la Audiencia Nacional.

 

         Desde el primer día del secuestro del atunero Alakrana vengo siguiendo este desgraciado asunto con sumo interés. Tanto, que llevo publicados ya tres artículos y una entrevista en un diario nacional sobre el mismo. De su exhaustivo estudio deduzco que la solución de la traída a España de los dos presuntos piratas, por la que tanto suspira el Gobierno Zapatero, los familiares de los secuestrados y la sociedad española en general, puede ser mucho más sencilla de lo que manifiestan los sesudos magistrados de la Audiencia Nacional y podría estar en acogerse a los razonamientos profesionales que expongo a continuación:

 

         En el proceso de la detención y posterior enjuiciamiento de Abdu Willy y su compañero del esquife interceptado por marineros armados pertenecientes a la fragata Canarias en aguas del Índico, se han cometido flagrantes errores de concepto que han acabado por llevar al Gobierno español a una situación kafkiana, aparentemente insoluble y totalmente inconveniente para solventar la dramática situación de los 36 pescadores atrapados en el Alakrana.

 

         La Audiencia Nacional nunca debió declararse competente para traer a España y juzgar con toda urgencia a los dos presuntos piratas detenidos. Cometió, sin duda, una usurpación de funciones pues estos ciudadanos somalíes habían sido capturados por una Unidad militar armada (la fragata Canarias) y debió ser el juez instructor del buque (que yo sepa, la jurisdicción castrense no ha sido abolida hasta el momento)  el que, tras la detención, abriera las oportunas diligencias y, en su caso, el correspondiente procedimiento judicial.

 

         Por ello, los dos presuntos piratas (que ¡ojo! fueron detenidos en el mar, a bordo de un esquife y sin presentar resistencia armada) debieron permanecer en el barco de guerra hasta que el juez instructor militar determinara sus responsabilidades, si las hubiera, en el secuestro del atunero (podían ser totalmente inocentes ya que ningún marino español podía certificar su implicación en el citado acto de piratería al llevarse a cabo éste antes de que la Canarias llegase al lugar) y su puesta, o no, a disposición del órgano superior de la jurisdicción militar. Nunca de la Audiencia Nacional ya que un acto de piratería en alta mar, en el que en principio no se podía asegurar estuvieran implicados los dos detenidos, no puede ser considerado, en el ordenamiento jurídico español, como un acto de terrorismo o narcotráfico.

 

         En consecuencia, la traída de Abdu Willy y su compañero a España, antes de agotar el procedimiento jurídico castrense, fue a todas luces ilegal y en estos momentos ambos ciudadanos somalíes deberían estar todavía en el barco de guerra español a disposición del juez castrense embarcado.

 

         Por lo tanto, la solución a todo este enredo con los dos presuntos piratas somalíes yo la veo sumamente sencilla:

 

         Legalmente hay que devolverlos a la fragata Canarias que los detuvo para que el juez militar a bordo de la misma termine sus diligencias. Y si de ellas no se puede colegir, con pruebas irrefutables,  que intervinieron en el secuestro, se les libera y en paz. España habría cumplido con la legalidad y ya no habría obstáculo alguno para la liberación del Alakrana.

 

         Esto no es vulnerar o retorcer las leyes, amigos del Gobierno, de la Judicatura y de la sociedad en general, es simplemente cumplirlas, Pues hasta que la Jurisdicción castrense no sea abolida en España las Unidades militares deben actuar con arreglo a sus mandamientos y reglamentos. Y los todopoderosos jueces/estrella de la Audiencia Nacional, respetarlos también.

    

         Espero que estos razonamientos personales míos, absolutamente bien intencionados y en aras de que se resuelva cuanto antes un problema nacional de primera magnitud, sean tenidos en consideración, y con urgencia, por quien corresponda.

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Amadeo Martínez Inglés es  Coronel, escritor e historiador

 

 

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