En una sala de la terminal de autobuses del aeropuerto de Lanzarote, esta mujer firme, multipremiada por su lucha en defensa de los derechos humanos, cumplió ayer el vigésimo quinto día de huelga de hambre por su justa reclamación del derecho a regresar a su país. Las autoridades marroquíes la expulsaron porque en el formulario escribió lo que es, saharaui, en lugar de declararse súbdita de Mohamed VI, el rey de la nación que ocupa su tierra en contra de la legalidad internacional.

      Ni del Gobierno, atrapado en un problema que le ha caído encima, ni de la oposición ha nacido una sola crítica al proceder despótico de un régimen que ha sometido a un pueblo liberado hace 33 años de la colonización española. Tampoco del rey, que tantas veces ha proclamado su amistad con el monarca alauí, ha surgido una iniciativa humanitaria para poner fin a esta barbarie.

      En la política española ha prevalecido la conveniencia de un vecino que amenaza con poner fin a su papel de tapón en el norte de África a la inmigración ilegal y con romper la cooperación en la lucha contra el terrorismo islámico. Otros países con fuertes intereses en Marruecos, como Estados Unidos y Francia, han optado por la inacción y el silencio.

      El Parlamento Europeo, que este mismo año protestó ante Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en Sáhara, de momento calla. Y la Secretaría General de la ONU, que en abril de 2006 confirmó que ningún país reconoce la anexión marroquí del suelo saharaui porque “ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”, da muestras de su usual impotencia. Ni siquiera la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental) ha movido un dedo.

      España tiene responsabilidades históricas en esta zona de desierto de 266.000 kilómetros cuadrados. El primer enclave, un fuerte, se construyó en 1476 con el afán de explotar la riqueza pesquera del litoral atlántico. El acuerdo que puso fin a la guerra con Marruecos en 1860 permitió 15 años después la reclamación de este territorio como propio, pero la ocupación efectiva no se produjo hasta 1934, durante la Segunda República.

       Cuarenta y dos años después, el 26 de febrero de 1976, España abandonó, de un día para otro, el territorio. Antes, tras la Marcha Verde del 6 de noviembre de 1975, el Gobierno firmó con Mauritania y Marruecos los Acuerdos de Madrid, que establecían una administración temporal tripartita.

      El Frente Polisario constituyó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por una cincuentena de países. El resultado fue una guerra en dos frentes, aunque Mauritania firmó la paz en 1979 y renunció a sus ambiciones anexionistas. Marruecos continuó la ocupación y construyó 2.700 kilómetros de muro para apropiarse de las dos riquezas de este país desértico, los fosfatos y la pesca, así como la mayoría de los escasos oasis. Los saharauis empujados a la pobre zona meridional sobreviven criando cabras y camellos, aunque la mayor parte de los 260.000 habitantes estimados está refugiada en campos instalados en suelo argelino.

       Marruecos y el Polisario firmaron un alto el fuego con la promesa de un referéndum de autodeterminación amparado por la ONU que lleva 16 años esperando. Marruecos boicotea la consulta y exige casi duplicar el censo de 150.000 votantes para voltear el resultado. Sólo ha prometido una autonomía inconcreta. Las dos versiones sucesivas del Plan Baker son papel mojado para un pueblo asolado.

        Así las cosas, es un sarcasmo que la polémica se vea reducida en España a dirimir si hay derecho a alimentar a Haidar a la fuerza, si llegado el caso, su vida corre peligro. La activista saharaui ha dejado claro su compromiso: “Volveré a mi país viva o muerta”.

       A nuestro país, como ex potencia colonizadora, le corresponde asumir sus responsabilidades. El Gobierno y la oposición están obligados a exigir a Marruecos que cumpla con los compromisos contraídos con la comunidad internacional. ¿Cómo, si no, este Estado vecino y socio puede aspirar a reclamar un tratado preferente con la Unión Europea? Primero ha de respetar los derechos humanos y acatar la legalidad internacional.

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