La Constitución Española de 1978 y la Constitución de Honduras de 1982 tienen algunos parecidos notables. En ambas se establece un procedimiento relativamente sencillo para que los poderes constituidos –en último término, los partidos– puedan modificar sus textos en numerosas aspectos (en Honduras, en más de 20 ocasiones), pero ambas han tratado de dejar las cosas “atadas y bien atadas” en lo que consideran sus decisiones esenciales, convirtiéndolas, en la práctica, en constituciones inmodificables. Es decir, en constituciones inmunes a la participación.

Esta concepción de la constitución como barrera frente a la participación ha tenido que ser superada en casi todos los proceso de transformación social emprendidos en Latinoamérica, empezando por el “movimiento por la séptima papeleta” en Colombia en 1990 y concluyendo, sin éxito por el momento, en Honduras.

Efectivamente, la legalidad formal de normas de escaso calado democrático (en algunos casos, ni siquiera sometidas a refrendo popular, en todos ellos, elaboradas con mayor o menor secreto por expertos o por las cúpulas de los partidos pero, en cualquier caso, dejando fuera al pueblo) se ha levantado como una última barrera de contención frente a la tentación de despertar la potencia democrática de la nación.

En Honduras, los partidos, las instituciones del Estado, los medios de comunicación, los “intelectuales”, la Iglesia, el Colegio de Abogados y las Fuerzas Armadas han corrido en defensa de la sacrosanta legalidad constitucional, afirmando que lo que se ocultaba tras la consulta del Presidente Zelaya era, en realidad, un referéndum prohibido por la Constitución pues se estaría tratando de reformar el artículo 374, uno de los considerados “pétreos” o irreformables.

¿Qué había hecho el Presidente Zelaya? Había propuesto una Ley de Participación Ciudadana, aprobada mediante mediante Decreto n.º 3-2006, de 27 de enero de 2006, basándose en la cual y tras recibir las peticiones de más de 400.000 ciudadanos reclamándoselo, convocaba una encuesta (no vinculante) con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009, se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una nueva constitución política?”.

Es decir, se preguntaba a la población si deseaba ser preguntada. ¡Enorme osadía y evidente violación de los principios democráticos!

El final (provisional) de la historia es por todos conocido: los poderes constituidos, infectados por el horror populi, corrieron al ejército a pedirle que salvará su democracia con un golpe de estado…

Más allá de las abrumadoras consecuencias que para Honduras y para Latinoamérica tiene esta reedición del golpismo militar, toda la historia tiene un lamentable aire de familia.

El Parlamento Vasco aprobó el 27 de junio de 2007 la Ley de convocatoria y regulación de una consulta popular en la que se proponía preguntar (sin carácter vinculante) si “¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo Democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?”.

La pretensión era, aquí, mucho más modesta: se preguntaba si la población estaba de acuerdo en que se le preguntara aquello que quisieran preguntarle los partidos vascos. Era evidente que corría peligro la democracia y el estado de derecho.

También aquí las instituciones cerraron filas y el Gobierno, el Consejo de Estado (Dictamen 1.119/2008, de 3 de julio), los intelectuales y académicos (véase, por todos, “Encuesta: ¿Sería constitucional el referéndum vasco?” en el último número de Teoría y Realidad Constitucional) y, como salvador final el Tribunal Constitucional, acudieron al rescate de la democracia.

La Ley del Parlamento Vasco habría sido aprobada con un procedimiento inadecuado, el Parlamento Vasco carecería de competencias para preguntarle a alguien si quiere que le pregunten, y las decisiones que se adoptaran (en un perfecto acto de presciencia, puesto que se votaría aquello que acordaran los partidos, cosa que todavía no ha sucedido) violarían, sin duda, el texto constitucional. Durante meses se advirtió al Lehendakari de que cometería un delito si convocaba el referéndum.

El hoy Presidente golpista Roberto Micheletti fue el primero en advertir al Presidente Zelaya de que cometería un delito si seguía adelante con su encuesta. El Fiscal General (Luis Alberto Rubí) nos aclaró que el Presidente no tenía competencias para convocar la consulta, y el coordinador de la Fiscalía de Defensa de la Constitución (René Adán Tomé), nos confirmó (con no menor presciencia que el Consejo de Estado español) que no se puede utilizar el referéndum para preguntarle al pueblo si quiere reformar el artículo 374 de la Constitución ya que es irreformable, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dictaminó que la encuesta no podía ser realizada por el Ejecutivo por carecer de atribuciones para realizar encuestas o consultas de carácter electoral.

Llevados por su fervor democrático, decidieron asegurar la vigencia de la Constitución, secuestrando al Presidente y expulsándolo del país.

Como sucede con frecuencia, el alumno exageró la enseñanza del maestro: para salvar la democracia basta con impedir que se pregunte a la población si quiere que le pregunten, no parece imprescindible secuestrar y expulsar del país a quienes lo intenten.

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Antonio de Cabo de la Vega  es Catedrático de Derecho Constitucional Fundación C.E.P.S.