Lobbies
empresariales y universidad: el rayo que no cesa
Albert
Corominas · Vera Sacristán
Sin Permiso
27
de Abril de 2009
Susan
George [1] y George Lakoff [2]
han descrito de forma convincente el proceso por el que
el pensamiento neoliberal se ha ido adueñando del
panorama cultural y político de los EEUU a través de
organizaciones y fundaciones privadas, uno de cuyos
objetivos es ir imponiendo como “sentido común” su
lenguaje y sus principios.
Este
fenómeno se da también en España, en particular en el
ámbito de la universidad. Un año más, acabamos de
asistir a la presentación a bombo y platillo del Informe
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre la
Universidad. La Fundación CyD, presidida por Ana
Patricia Botín, tiene por patronos a presidentes,
vicepresidentes y consejeros delegados de
Ana Patricia Botín, presidenta de
la Fundación CYD; Ángel Gabilondo, ministro de
Educación; Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e
Innovación; y Javier Monzón, presidente del Comité
Ejecutivo de la Fundación CYD
buena parte
de las empresas más importantes del Ibex 35 y declara como
objetivo en su página web [3] “analizar y promover
la contribución de las universidades al desarrollo económico y
social de España”.
Este año, el
énfasis del informe se centra en el gobierno de las
universidades públicas. Los autores nos deleitan con una serie
de lugares comunes sobre la supuesta rigidez del sistema de
órganos de gobierno (colegiados, por supuesto) de la universidad
pública que, según ellos, hace casi impracticable el sistema de
toma de decisiones. La receta que proponen, como era de esperar,
es “profesionalizar” el gobierno de las universidades, apostar
por los órganos individuales en detrimento de los colegiados,
que el rector pase a ser una especie de consejero delegado y,
claro está, que se aumente la representación externa –léase
empresarial– en la universidad pública.
Causa estupor
comprobar la pobreza intelectual con que se construye la
argumentación del informe (como, por otra parte, la de muchos
otros documentos análogos; véase, por ejemplo, el Libro Blanco
de la Universidad de Cataluña [4]). Las técnicas
fundamentales para sostener sus tesis se reducen básicamente a
tres. Por un lado, se presentan análisis –en muchos casos,
exactos y justificados– de los defectos o carencias del
funcionamiento actual de la universidad (por ejemplo, haciendo
notar las altas tasas de abandono de los estudios), y de ellos
se infieren, como por arte de birlibirloque, las conclusiones
que a uno le interesan (en el caso que nos ocupa, que el
gobierno de la universidad tiene que ser más jerárquico), sin
que se sepa qué relación guarda el análisis con las
conclusiones, ni se estudien y comparen posibles alternativas.
En segundo lugar, se recurre a la autoridad de supuestos y
autodenominados “expertos” que emiten opiniones categóricas e
incuestionables sobre el tema de que se trate. Finalmente, se
escriben páginas y hasta capítulos enteros sobre las denominadas
“tendencias” actuales, para lo cual se eligen adecuadamente los
ejemplos que a uno le interesan (las universidades danesas o,
incluso, como en este caso, la Universidad de Vic) y se
presentan como la evolución “natural” de las cosas.
Pero eso es
lo de menos. Lo relevante es constatar, una vez más, cómo se
intenta, sin que los representantes de la ciudadanía y los
responsables de las universidades públicas muevan una ceja o,
incluso, con su aquiescencia, condicionar en beneficio propio el
futuro de un servicio público imprescindible para un país y para
sus ciudadanos, como motor de la formación y del avance
científico. Resulta irritante observar las fotografías de los
actos de presentación del Informe y comprobar, un año más, con
qué naturalidad los poderes públicos se prestan a respaldar las
iniciativas y las tesis de la patronal. En Madrid, avalaban el
informe con su presencia dos miembros del gobierno de España
(Ángel Gabilondo, ministro de Educación, y Cristina Garmendia,
ministra de Ciencia e Innovación) y el presidente de la
Conferencia de rectores de las universidades españolas (Federico
Gutiérrez Solana, rector de la Universidad de Cantabria). En
Barcelona, veinticuatro horas más tarde, se anunciaba que harían
lo propio un consejero (Antoni Castells, conseller d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya) y el presidente de la
Asociación Catalana de Universidades Públicas (Josep Joan Moreso,
rector de la Universidad Pompeu Fabra).
Es
imprescindible que quienes estamos a favor de la universidad
como servicio público intervengamos en este debate con análisis
serios y críticos de la situación de la universidad actual, y
con argumentos y propuestas de futuro que permitan mejorar la
universidad pública y el servicio que ésta presta a la sociedad.
Análisis, argumentos y propuestas que sirvan, de forma efectiva,
como contrapeso a unas presiones mercantilizadoras que todavía
no han ganado la batalla. Una modesta contribución puede ser la
próxima jornada Construir el futuro de la universidad pública[5], pero se necesitan muchas más.
No
consiento que se hable mal de Franco en mi
