Ante la inclusión en el
Anteproyecto de Ley de
Economía sostenible de
modificaciones
legislativas que afectan
al libre ejercicio de
las libertades de
expresión, información y
el derecho de acceso a
la cultura a través de
Internet, los
periodistas, bloggers,
usuarios, profesionales
y creadores de Internet
manifestamos nuestra
firme oposición al
proyecto, y declaramos
que:
-
Los derechos de
autor no pueden
situarse por encima
de los derechos
fundamentales de los
ciudadanos,
como el derecho a la
privacidad, a la
seguridad, a la
presunción de
inocencia, a la
tutela judicial
efectiva y a la
libertad de
expresión.
-
La suspensión de
derechos
fundamentales es y
debe seguir siendo
competencia
exclusiva del poder
judicial. Ni
un cierre sin
sentencia. Este
anteproyecto, en
contra de lo
establecido en el
artículo 20.5 de la
Constitución, pone
en manos de un
órgano no judicial
-un organismo
dependiente del
ministerio de
Cultura-, la
potestad de impedir
a los ciudadanos
españoles el acceso
a cualquier página
web.
-
La nueva legislación
creará inseguridad
jurídica en todo el
sector tecnológico
español,
perjudicando uno de
los pocos campos de
desarrollo y futuro
de nuestra economía,
entorpeciendo la
creación de
empresas,
introduciendo trabas
a la libre
competencia y
ralentizando su
proyección
internacional.
-
La nueva legislación
propuesta amenaza a
los nuevos creadores
y entorpece la
creación cultural.
Con Internet y los
sucesivos avances
tecnológicos se ha
democratizado
extraordinariamente
la creación y
emisión de
contenidos de todo
tipo, que ya no
provienen
prevalentemente de
las industrias
culturales
tradicionales, sino
de multitud de
fuentes diferentes.
-
Los autores,
como todos los
trabajadores,
tienen derecho a
vivir de su trabajo
con nuevas ideas
creativas, modelos
de negocio y
actividades
asociadas a sus
creaciones. Intentar
sostener con cambios
legislativos a una
industria obsoleta
que no sabe
adaptarse a este
nuevo entorno no es
ni justo ni
realista. Si su
modelo de negocio se
basaba en el control
de las copias de las
obras y en Internet
no es posible sin
vulnerar derechos
fundamentales,
deberían buscar otro
modelo.
-
Consideramos que las
industrias
culturales necesitan
para sobrevivir
alternativas
modernas, eficaces,
creíbles y
asequibles y que se
adecuen a los nuevos
usos sociales,
en lugar de
limitaciones tan
desproporcionadas
como ineficaces para
el fin que dicen
perseguir.
-
Internet debe
funcionar de forma
libre y sin
interferencias
políticas
auspiciadas por
sectores que
pretenden perpetuar
obsoletos modelos de
negocio e
imposibilitar que el
saber humano siga
siendo libre.
-
Exigimos que el
Gobierno garantice
por ley la
neutralidad de la
Red en España,
ante cualquier
presión que pueda
producirse, como
marco para el
desarrollo de una
economía sostenible
y realista de cara
al futuro.
-
Proponemos una
verdadera reforma
del derecho de
propiedad
intelectual
orientada a su fin:
devolver a la
sociedad el
conocimiento,
promover el dominio
público y limitar
los abusos de las
entidades gestoras.
-
En democracia las
leyes y sus
modificaciones deben
aprobarse tras el
oportuno debate
público y habiendo
consultado
previamente a todas
las partes
implicadas. No es de
recibo que se
realicen cambios
legislativos que
afectan a derechos
fundamentales en una
ley no orgánica y
que versa sobre otra
materia.
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Correo
No
consiento que se hable mal de Franco en mi