Documentos de principios del año 2003 reflejan la indignación social que produjo en Euskal Herria el cerrojazo inferido al único rotativo entonces editado exclusivamente en euskera, “Euskaldunon Egunkaria”. Trescientos guardias civiles penetraron en la madrugada del 20 de febrero en sus locales y talleres de Andoain. Enarbolaban un auto del juez de la AN, Juan del Olmo. Entre otras reacciones masivas de la que daremos cuenta, el Consejo Asesor del Euskara, máximo órgano consultivo, se reunió de forma extraordinaria bajo la presidencia del lehendakari Juan José Ibarretxe y dio a conocer su proclama.

       Como parece ya todo dicho acerca de este desafuero y de sus motivos indiciarios que lo mixtifican en su raíz; como en casi todos los medios se ha reiterado que la apertura y reapertura del sumario viene viciada por lo que una reciente jurisprudencia podría instalar en los parámetros del odio cultural-ideológico, es decir, por divulgar información general en otro idioma, ya que “Egunkaria” no se limitaba en sus secciones al entorno estrecho de la CAV; como, amén de otros pormenores referidos a una libertad de expresión que la Constitución garantiza y sin la cual sus propias páginas quedan en papel mojado, nos ceñiremos a la descripción de los datos de entonces, 2003.

       Consignamos, antes, que los encausados en este nuevo proceso contra los derechos que atañen a la prensa, las ondas y la imprenta (resulta imposible borrar de la memoria los casos “Egin”, “Egin Irratia” o “Ardi Beltza”) son Xabier Oleaga, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi.

      Estos veteranos y acreditados periodistas deberán declarar durante los días 14 y 15 de diciembre. Tras esta vista previa, el juicio propiamente dicho se llevará a cabo en enero de 2010. Se trata de un proceso que se dio ilusoriamente por sobreseído cuando el ‘fiscal de la colza’, Eduardo Fungairiño, adamantino en sus decisiones contra “Egunkaria” a pesar de a la fragilidad de los indicios, renunció a sus cargo en la jefatura de la Fiscalía de la AN por iniciativa propia.

       Tras la aceptación del cese por parte de Conde Pumpìdo el 1 de febrero de 2006, su antes fiscal subordinado, Miguel Ángel Carballo, automáticamente ascendido, decidió archivar la causa por falta de pruebas (y muy probablemente por la inexistencia de las mismas). Faltaba ese papel que todo lo corrobora y, sobre todo, su datación cronológica adecuada.

       No obstante lo cual, el tribunal decidió seguir adelante sin acusación pública ni privada: solo con las de la AVT y de Dignidad y Justicia. Claramente anómala, la actitud jurídica. Cumple recordar que el propio juez Del Olmo ya dudaba de su propio sumario antes de que Fungairiño renunciase. No le cuadraban los balances de la connivencia con ETA del periódico que él mismo había cerrado.

      Recurriremos al flashbacks. De la asamblea que convocó al Consejo Asesor del Euskera y que presidió el lehendakari Ibarretxe, deriva el manifiesto que sigue:

Manifiesto 2003

      “El derecho a la información y a la libertad de expresión son básicos e imprescindibles para el correcto funcionamiento de una sociedad democrática y para el propio desarrollo del Estado de Derecho. El cierre de un medio de comunicación es una medida de excepción en cualquier Estado democrático y se convierte en incomprensible cuando se realiza de modo preventivo, imputando a una entidad jurídica colectiva presuntos comportamientos delictivos individuales, máxime cuando se realiza basándose en indicios y sospechas, y no sobre la base de pruebas fehacientes.

       “El cierre de ‘Euskaldunon Egunkaria’ supone cerrar el único diario en euskera, con lo que conlleva de supresión del derecho a recibir información diaria en euskera y de agravio para la comunidad euskaldun, como quedó patente en la respuesta ciudadana del pasado sábado en Donostia. El consejo Asesor del Euskera reclama que se levante de forma inmediata el cierre judicial decretado contra ‘Euskaldunon Egunkaria’ y proclama el derecho de la ciudadanía a disponer de un diario en lengua vasca.

      “En este sentido, el Consejo Asesor del Euskera insta al Gobierno vasco a seguir desarrollando las líneas de fomento para asegurar la presencia del euskera en los medios de comunicación y para garantizar la propia existencia de medios en lengua vasca.

     Tratos inhumanos o degradantes

      “Reivindicamos para los detenidos la presunción de inocencia reconocida en la Declaración de Derechos Humanos y no ocultamos el malestar y enfado que genera en la sociedad el que personas tan significadas en el mundo del euskera y la cultura se encuentren en esa situación.

      “Denunciamos el trato inhumano recibido por Peio Zubiria, quien, pese a sufrir una grave enfermedad, ha permanecido incomunicado e incluso se ha negado a su familia toda información acerca de su estado de salud. Por el más elemental sentido humanitario solicitamos que el señor Peio Zubiria no permanezca más tiempo en prisión preventiva.

      “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales se deben interpretar de conformidad con la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

      “Este Consejo muestra su preocupación, al igual que lo han hecho el Gobierno, el Ararteko o la propia sociedad, por las graves denuncias de torturas que se han formulado. Asimismo reclama que no solo se investigue este caso hasta esclarecer lo sucedido, sino que depuren responsabilidades para evitar la mera posibilidad de que se produzcan torturas.

       “Quienes formamos el Consejo Asesor del Euskera reivindicamos, como la gran mayoría de la sociedad vasca, que la diversidad lingüística y cultural son fuente de riqueza y de información y cohesión social. En ello creemos y para ello trabajamos. El euskera es patrimonio de todos y necesita de todos.

       “Por eso declaramos, una vez más, que todo intento de incriminar al euskera o la cultura vasca, o de poner en bajo sospecha y en connivencia con la violencia toda iniciativa de fomento de las mismas, supone un claro obstáculo y freno para la consecución de la convivencia y la paz social”.

       Hasta aquí, el manifiesto.

Denuncia de torturas

Además del precintado de las instalaciones que “Egunkaria” tenía en las tres capitales de la CAV, la orden emitida decidía la detención de diez personas, entre ellas varios directivos que ya no trabajaban en el diario euskaldun, como el arriba citado Pello Zubiria, “aquejado de una enfermedad crónica”.

Zubiria, primer director del periódico, antes de ingresar en la cárcel permaneció varios días ingresado en el hospital tras un largo periodo de incomunicación. Martxelo Otamendi, director de “Egunkaria” en la fecha de autos de 2003, y tres de sus compañeros de redacción, denunciaron tras recuperar la libertad torturas infligidas por miembros del Benemérito Cuerpo. Para el resto, incluido Peio Zubiria, el juez Del Olmo decretó prisión. Algunos salieron, mediando fianza, en días sucesivos.

Dicha querella por torturas originó la natural alarma. Desde numerosos estamentos políticos, culturales y sociales se exigió que se investigara y esclareciera lo sucedido.

Movilizaciones y actividades

      Siempre en febrero y a lo largo de 2003, se convocaron y realizaron manifestaciones masivas, además de concentraciones y movilizaciones como las que hoy, siete años después, han podido verse a lo largo y ancho de toda la geografía vasca. La de Donostia, en aquel año, fue multitudinaria, como las que en su día clamaron en desierto por la reapertura de “Egin” y otros medios de comunicación amordazados en Euskal Herria.

      Una representación del diario demonizado viajó a Bruselas, esa meca de lo imposible, invitada por la asociación Verdes/ALE. Se denunciaron los hechos ante el Parlamento europeo. No solo el cierre en sí, sino la inexistencia de una investigación policial interna que clarificara la conducta de los agentes denunciados. Los servicios jurídicos del rotativo estudiaban también la posibilidad de presentar el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

     Otros grupos y asociaciones, como el Observatorio de Derechos de las Lenguas, informaron de que denunciarían el abuso en diversos foros internacionales como Naciones Unidas y el Comisionado del Consejo de Europa de Derechos Humanos, así como a expertos y profesorado universitario del ámbito español e internacional.

Firmas recogidas

        El mundo del deporte, la cultura y el periodismo se sumó asimismo como foro a las clamorosas protestas populares y sociales. Rubricaron sus quejas 200 deportistas vascos de distintas especialidades reunidos en las instalaciones centrales de “Euskaldunon Egunkaria”, en Andoain.

        Su mensaje fue de solidaridad con los trabajadores del periódico y de iniciativa para que se pusiera en marcha otro diario escrito en euskera. Incluso se donaron algunos objetos que sirvieran, subastados, para iniciar una caja de resistencia. Porque en estos casos se tiende a lo grandilocuente en detrimento del muy prosaico pero deplorable hecho de que la plantilla se quede sin la nómina, básica para su subsistencia.

       Entre los presentes en Andoain estaban: Abraham Olano, y Haimar Zubeldia, ciclistas; escaladores como Edurne Pasaban, Alberto Iñurrategi y Josune Bereziartu; los harrijasotzailes Iñaki Perurena y Mieltxo Saralegi; los pelotaris Martín Alustiza, Abel Barriola, Haritz Berraondo, Jokin Etxaniz, Enrique Galarza, Kepa Peñagaritano, Imanol Agirre, Oier Zearra y Aimar y Asier Olaizola. También estuvo presente y firmó el acta el piloto Andrés Vilariño.

       El mundo del remo quedó representado por José Luis Korta. No faltaron futbolistas de la Real y el Athletic.

      Tras el deporte, al día siguiente se concentró en Andoain gente de la cultura que declaró su compromiso para que se creara un nuevo diario en lengua vasca. A destacar, Unai Elorriaga, premio nacional de narrativa, y Anjel Lertxundi. También se adhirieron personalidades de la interpretación como Karra Elejalde, Unax Ugalde, Elena Irureta y Joseba Apaolaza. No faltaron los músicos: Benito Lertxundi, Kepa Junkera y Ruper Ordorika. Ni los bertsolaris, los directores de cine, numerosos miembros de colectivos culturales y contraculturales y personal de la enseñanza.

El Gobierno, el Parlamento, Euskaltzaindia

       Tanto el lehendakari Ibarretxe como la consejera de Cultura, Miren Azkarate, manifestaron reiteradamente la necesidad de impulsar y crear un nuevo diario en euskera – que con el tiempo, y tras el provisional “Egunero” iba a ser “Berria” – ya que el cierre de seis meses que el juez había decretado, como sucediera con “Egin” y “Egin Irratia”, provocaría el deterioro irreversible de maquinaria, infraestructura y habitabilidad de las redacciones, talleres y otras dependencias. Declaró el Ejecutivo que la prensa escrita en euskera es un derecho inalienable de la sociedad vasca.

      En cuanto al Parlamento autonómico, se sumó asimismo a la oleada de protestas y denuncias sociales contra las clausura de “Egunkaria”.

     El pleno, celebrado en el mes de marzo de 2003, aprobó una resolución presentada por el Gobierno en la que se exige la reapertura inmediata del periódico prohibido, así como el esclarecimiento de las denuncias de torturas y la depuración de responsabilidades penales e institucionales.

     La Real Academia de la Lengua Vasca, “Euskaltzaindia”, por su parte, mostró su profunda preocupación por el cierre de “Egunkaria”. También consideró inaceptables los intentos de vincular el euskera con el terrorismo. “Tanto el euskera como la cultura vasca son patrimonio de toda la sociedad, sin distinción de ideología alguna”.

      Ningún medio de comunicación puede cerrarse. Es decir, no debe hacerse. Si la historia sigue repitiéndose de forma rutinaria y si seguimos en clave de TOP, siete años después, los términos aquí invocados de derecho a informarse y a informar; de Constitución; de Declaración de Derechos Humanos, Estado de Derecho, democracia, dignidad de la persona, conceptos ya abstractos e ilusorios, pueden perder la escasa definición que les sustenta. Basta pronunciarlos para que se desvanezcan. Como vaho invernal.