España y quizás la Unión Soviética
son los únicos países del mundo que
han mantenido hasta ahora el olvido
del pasado dictatorial como animal
de compañía, mientras que en el
resto, tanto en África, Europa o
América, las sociedades han avanzado
algo en reparación o en
reconocimiento de la verdad respecto
a dichos años de plomo. Aquí, en
España, mientras tanto, ni fosas
abiertas, ni memoria histórica real,
ni reparación efectiva, ni verdad
oficial.
Un juez del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco ha
confirmado, a través de un auto de
fecha 27 de febrero último, la
imputación de 15 agentes de la
Guardia Civil al apreciar "indicios
de la posible comisión de varios
delitos de tortura y lesiones" a los
miembros de ETA Igor Portu y Mattín
Sarasola, que formaban parte del
Comando Elurra de dicha organización
terrorista y que fueron detenidos en
enero del pasado año. La justicia
deberá dilucidar ahora si dichos
cargos se sustentan o no, por más
que, como pueda inferirse de la
correspondencia incautada a Txeroki,
los etarras suelen denunciar
torturas en falso para desacreditar
a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y alimentar el victimismo
entre los suyos.
Llueven las denuncias por malos
tratos y agresiones físicas contra
el Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE), de Aluche, en
Madrid. Una de las últimas fue
presentada por SOS Racismo,
Ferrocarril Clandestino y Médicos
del Mundo ante los Juzgados de Plaza
Castilla al Centro de Internamiento
de Extranjeros (CIE) de Aluche por
los malos tratos y agresiones
físicas que sufren allí los
inmigrantes. Recientemente, uno de
los internos, Ali Kharmel, de
nacionalidad argelina, «fue
deportado después de que los
policías del CIE le rompieran un
brazo por dos sitios y le
mantuvieran en una celda de
aislamiento varios días». Eso es lo
que denuncian las ONGs. Un informe
interno de los responsables del CIE
asegura sin embargo que resultó
herido tras abalanzarse sobre los
agentes que le recriminaron que
fumara y destaca que el Fiscal
Especial de Extranjeros dictó orden
de expulsión contra él. ¿Existieron
o no existieron torturas en ese
caso? La presunción de tales excesos
suele descartarse de antemano como
un tabú, en este país, cuando los
informes de Amnistía Internacional y
de otras organizaciones, nos alertan
de que dicha práctica es frecuente,
incluso, en naciones de probada
raigambre democrática. Esteban
Beltrán, director de la Sección
Española de Amnistía durante los
últimos diez años, recuerda como
durante una visita oficial a México,
el gobernador del Estado de Jalisco,
objeto de frecuentes denuncias al
respecto, se jactaba de que allí no
existía la tortura. Juraba y
perjuraba en torno a dicho albur
cuando le interrumpió el
representante holandés de Amnistía.
“Me parece sorprendente que no
exista tortura en Jalisco, cuando
sigue existiendo en Holanda”.
Lo peor de la tortura no es la
tortura en sí misma sino el hecho de
no asumir dicha práctica como un
problema real, tanto en las
sociedades democráticas como, por
supuesto, en las autocráticas. Y en
España, más allá de los discursos
políticamente correctos, no se
considera que tales prácticas puedan
concernirnos más de lo que
imaginamos. Esteban Beltrán cree que
los derechos humanos no son
patrimonio de los gobiernos. Antes
bien, en muchos casos, ciertos
gobiernos monopolizan la falta de
derechos humanos. Pero no hay manos
limpias, como diría Jean Paul Sartre:
la libertad es una carrera de fondo,
un maratón a cuya meta quizá no se
llegue nunca porque la democracia,
al igual que la felicidad, consiste,
nada más y nada menos, que en
buscarla.
Aunque Beltrán publica regularmente
artículos en numerosos medios de
comunicación, "Derechos Torcidos",
editado por Debate, es su primera
obra de ensayo, donde vierte
opiniones expresadas siempre a
título personal, ya que en absoluto
quiere comprometer la ecuanimidad de
Aministía Internacional, de cuya
dirección acaba de tomarse por dicho
motivo, unos meses de descanso justo
cuando cumple su décimo aniversario
como director. El milita desde hace
veinticinco años en la Sección
Española de Amnistía Internacional (AI),
profundizando, desde diversas
responsabilidades internas, en la
defensa de los derechos civiles y
las libertades públicas, ese
radicalismo democrático que
preconizaba Thomas Jefferson y que,
aún hoy, cuenta con defensores
acérrimos que ponen una seria
distancia con la horda de tahures
corruptos y de cazadores de votos
que se suele asociar habitualmente
con las cloacas de este sistema. La
obra lleva un subtítulo largo que
avisa sobre un contenido valiente y
riguroso, en el que pone en solfa
"los tópicos, medias verdades y
mentiras sobre pobreza, política y
derechos humanos".
Profesor de derechos humanos y
desarrollo en cursos de postgrado en
seis universidades españolas, a
principios de los años noventa vivió
en varios países de América Latina,
como Argentina, Ecuador y Costa
Rica, donde ofició como consultor
internacional para el desarrollo
dentro de Amnistía Internacional,
logrando consolidar dicha
organización en esas naciones. A su
vez, ha investigado violaciones de
derechos humanos en países como
Guatemala, Costa Rica y Panamá, en
trabajos de campo exhaustivos que,
sin duda, nutre la capacidad de
análisis y observación de la que
hace gala en este libro.
¿Qué nos cuenta, más allá de los
consabidos pero no siempre
recordados calabozos donde se
humilla la dignidad humana y su
libertad de expresión? Nos avisa de
que el pensamiento único sólo sirve
a aquellos que se benefician de un
mundo único, el de la riqueza del
privilegio minoritario frente a la
miseria de los más. Que las
sociedades pueden suicidarse
democráticamente cuando no la
democracia puede servir para
asesinar en su nombre. Que Europa
debe dejar de soñarse fortaleza y
abrirse racionalmente a la
inmigración. Que las constituciones
proclaman derechos humanos que la
realidad incumple. Que la rebeldía
es una especie en extinción. Que los
gobiernos pretendan domesticar a las
sociedades mediante subsidios,
subvenciones o el pan para hoy y el
hambre para mañana. Y, sobre todo,
que las ONGs no pueden ser
subcontratadas para asumir servicios
públicos ni deben ser utilizadas
para lavar la conciencia de una
sociedad adocenada, que no suele
contrastar ideas sino confirmar las
ideas preconcebidas, a través de
encuestas, medios de comunicación y
otros espejismos.
Pero también presenta un balance a
contracorriente de la España de hoy.
Por ejemplo, cuestiona que la
transición democrática fuese
modélica y denuncia sus zonas de
sombra, algunas de las cuales, como
la tortura, perduran todavía.
Beltrán, lejos de las generalidades
al uso, brinda datos concretos y
denuncia a torturadores con nombres
y apellidos, lamentando al mismo
tiempo como los gobiernos de uno y
otro signo han perdonado y amparado
estas prácticas, pese a las
denuncias de organismos
internacionales. El libro lleva un
mes y pico en las librerías y nadie
se ha atrevido a desmentirle
oficialmente.
Beltrán ha llegado a declarar, por
otra parte, que España y quizás la
Unión Soviética son los únicos
países del mundo que han mantenido
hasta ahora el olvido del pasado
dictatorial como animal de compañía,
mientras que en el resto, tanto en
África, Europa o América, las
sociedades han avanzado algo en
reparación o en reconocimiento de la
verdad respecto a dichos años de
plomo. Aquí, en España, mientras
tanto, ni fosas abiertas, ni memoria
histórica real, ni reparación
efectiva, ni verdad oficial. Sobre
todo cuando se insiste en que no hay
derecho a seguir manteniendo una
equidistancia entre los excesos en
ambos lados de las trincheras de la
guerra civil y la terrible represión
de cuarenta años que siguió a su
término y cuyas heridas todavía no
han cicatrizado.
Una de las ideas más novedosas que
pregona el libro estriba en su
creencia de que la pobreza y la pena
de muerte debieran abolirse por ley.
De hecho, pretende promover una
batalla para que los países eliminen
en sus Constituciones la pobreza,
como en su día se hizo con la
esclavitud, a fin de juzgar a los
responsables de que millones de
personas mueran de hambre. La
miseria, eso es lo que él cree, no
tiene que ver con la economía sino
que supone una clara vulneración de
los derechos humanos. Y le
sorprende, justamente, que nadie
haya sido llevado ante un tribunal
para responder de esas hambrunas que
violan los derechos humanos y que
sufren dos tercios de la humanidad,
que no tienen donde acudir para
reclamar su derecho a la educación,
a la salud o a no morir de hambre.
He ahí una de sus grandes banderas.
La defensa de que la ayuda
humanitaria deje de ser un gesto de
magnanimidad por parte de algunas
instituciones, para convertirse en
algo exigible, sine qua non,
obligatorio para gobiernos y
empresas. Hoy por hoy, según su
análisis, la geografía de la ayuda
humanitaria, lejos del sueño del 0,7
por ciento, coincide sospechosamente
con los despliegues de tropas o con
los lugares de procedencia de la
inmigración clandestina.
Beltrán tampoco olvida otra
asignatura pendiente. Y es que en
los países del sur de la Unión
Europea, entre los que se encuentra
España, "no hay documentación
oficial del número de incidentes
racistas" que se producen y que a
veces se enmascaran bajo otros
supuestos delictivos para no romper
la bucólica imagen de un mundo
relativamente perfecto que no guarda
demasiada relación con lo que sucede
afuera de los discursos públicos. De
hecho, España, Portugal, Grecia e
Italia, son los únicos países
comunitarios que no registran
oficialmente los incidentes
racistas. Según sus datos, mientras
Gran Bretaña documentó en 2005 hasta
55.000 actos de este tipo, España
archivó "diez o doce casos" en el
mismo periodo y el Observatorio de
Igualdad de Trato, que se creó en
2003, no cuenta todavía con ningún
funcionario asignado al mismo. Por
lo demás, los fiscales apenas
aplican la agravante de racismo que
ya contempla la ley y que la mayoría
de los casos de tortura y malos
tratos, que se registran en el
Estado español, los sufren los
inmigrantes. Dichas prácticas
disminuirían posiblemente si se
instalaran videocámaras bajo control
judicial en salas de interrogatorio,
que lo mismo servirían para prevenir
torturas que denuncias falsas.
Uno de los escasos aspectos
positivos que pretende introducir la
nueva reforma de la Ley de
Extranjería que acomete el actual
Gobierno, estriba en ofrecer
alternativas a otra de las denuncias
que Esteban Beltrán recoge en su
libro. Y es que las mujeres
inmigrantes que sufren violencia de
género no llegan a denunciar a sus
agresores por miedo a ser expulsadas
del país, cuando carecen de papeles.
El libro incluye un “diccionario de
contenido sorprendente”, irónico y
sabio por demás, en el que desmonta
el acostumbrado uso de palabras como
apartheid o democracia. Pero
incorpora también algunos
neologismos como el de demodura,
similar hasta cierto punto a aquella
dictablanda que marcó la transición
entre el autoritarismo del general
Miguel Primo de Rivera y el adviento
de la II República Española. A
juicio de Beltrán, que pone como
ejemplos de lo mismo a Japón,
Estados Unidos y, por supuesto,
Rusia, el término “demodura” vendría
a definir a “aquellos países con un
sistema democrático de gobierno que,
aderezado convenientemente con
pinceladas de autoritarismo,
retrocede en sus libertades hasta
adquirir rasgos evidentes de
dictadura”. Luchar decididamente
contra la tortura, en vez de
esconderla bajo la alfombra, nos
ayudaría a alejarnos de semejante
modelo.
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Juan
José Téllez es escritor y
periodista
No consiento que se hable mal
de Franco en mi