PCE 5 de Diciembre de 2009

1. Desbloquear la negociación colectiva y reducción de la jornada laboral (35 horas). Reivindicación de un subida salarial. Avanzar hacia la reducción de la jornada anual de los convenios (especialmente en los sectoriales), con el horizonte puesto en las 35 horas por ley sin reducción salarial.

2. Reforzar la protección social y fortalecimiento de los servicios públicos de empleo. Aumentar la actual ayuda a desempleados y desempleadas hasta el Salario Mínimo Interprofesional, reconociendo su carácter subjetivo y sin límite temporal. Fortalecer los Servicios de Empleo, potenciando su carácter público. Prohibición de las E.T.T.’s y de las empresas de servicios que actúen como tales de facto.

3. Plan para la creación de 900.000 puestos de trabajo en 2010 y 2011. Una política de pleno empleo centrada que permita cubrir el fuerte déficit social, productivo y tecnológico que sufrimos, por medio del aumento del gasto público y de la inversión que permita cubrir la demanda de Escuelas infantiles, de Centros de salud, el desarrollo pleno de las políticas de dependencia, la rehabilitación de vivienda, y el desarrollo de nuevos sectores productivos como las energías renovables, la construcción bioclimática, el sector aeronáutico, las TIC, la investigación y el desarrollo.

4. Reforma fiscal progresiva. Expansión del gasto y de la inversión por medio de una reforma fiscal justa basada en la progresividad a través de las siguientes medidas: bajada de impuestos a las rentas bajas, mantenimiento de la rentas medias y aumento de los tipos de las rentas altas. Equiparación de las rentas de trabajo y de las rentas de capital de las familias y equiparación de las rentas de capital empresarial con el Impuesto de Sociedades. Desaparición de los beneficios fiscales de las SICAV. Restitución del Impuesto de Patrimonio.

5. Banca pública para una política de crédito que defienda a las familias asalariadas y a la pequeña y mediana empresa.

6. Construir un Estado social avanzado por medio de la defensa de unos servicios públicos de calidad y el desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia. Derogación de la Ley de Sanidad 15/97 y vincular el traspaso de las competencias y del nuevo modelo de financiación autonómica a la no privatización de los servicios públicos.

7. Fortalecimiento del sistema público de pensiones. No al aumento de la edad de jubilación e integración de los Regímenes Especiales en el General de la Seguridad Social.

8. Garantizar el derecho a la vivienda por medio de la iniciativa pública. Defensa del derecho a la vivienda a los trabajadores desempleados, familias que no pueden hacer frente a la deuda hipotecada y que garantice el derecho de los jóvenes a la vivienda, por medio de la creación de un gran parque de vivienda pública en alquiler.

9. Defensa de la universidad pública y del sector científico. Frente a los recortes presupuestarios y los contenidos privatizadores de la Estrategia de Bolonia y de la Ley de Ciencia, aumentar la financiación universitaria y del I+D+i, así como cumplimiento de las reivindicaciones de los científicos e investigadores, en especial de los becarios precarios.

10. Cambio de modelo productivo. Avanzar hacia un nuevo patrón distributivo por medio de un sector industrial sólido y una política en I+D+i. que cumpla con el nivel de inversión tecnológica que marca la Estrategia de Lisboa. Desarrollar una política pública de infraestructuras y transportes sostenibles y articuladores del territorio. Impulso decidido hacia una política energética basada en la sostenibilidad y el ahorro.