El culebrón Alakrana

 Amadeo Martínez Inglés 

UCR 27 de Octubre de 2009

La decisión del Gobierno de autorizar seguridad privada a bordo de los pesqueros, con armas de guerra: Un total despropósito que puede ocasionar víctimas mortales entre las tripulaciones e, incluso, la pérdida de alguna embarcación.

         Ante la decisión adoptada por el Consejo de Ministros del pasado viernes 23 de octubre (que ya ha remitido el correspondiente Decreto-Ley al Consejo de Estado para el oportuno dictamen) en relación con las medidas de seguridad a implementar en el futuro por la flota pesquera española que faena en aguas del Índico y, en concreto, con la autorización para que miembros de empresas de seguridad privada puedan portar armas largas o de guerra para la defensa de las embarcaciones, y como de tan precipitada e irresponsable actuación se colige que el Ejecutivo no ha dispuesto en tiempo y forma del imprescindible asesoramiento de expertos militares, me veo en la obligación moral, cívica, intelectual y profesional, como coronel del Ejército con más de cuarenta años de servicio en unidades armadas, experiencia de guerra con mando de unidades de comandos, varios diplomas de Estado Mayor y amplios y dilatados estudios sobre Estrategia, Táctica y Orgánica militar…, de llamar la atención de los poderes públicos que han alumbrado semejante expectativa (totalmente sorprendente e inédita en el largo devenir de nuestro pasado histórico naval puesto que se trata nada más y nada menos que de dar carta de naturaleza a una especie de milicia naval armada para la defensa de la soberanía y la integridad de barcos españoles en alta mar), de las fuerzas políticas del arco parlamentario español, de los medios de comunicación y de la sociedad española en general, sobre las funestas consecuencias de todo orden que la puesta en práctica de semejantes medidas pueden ocasionar a las tripulaciones de los pesqueros e, incluso, a los mismos barcos; así como sobre determinados aspectos relacionados con la operatividad y funcionalidad de las mismas y su total inutilidad para solucionar un problema asaz complejo y difícil que requiera una actuación coordinada y de alto nivel para su total erradicación.

         En consecuencia, me permito exponer lo siguiente:   

         1º.-   La decisión gubernamental sobre el uso de armas de guerra por parte de civiles a bordo de pesqueros puede acarrear futuros enfrentamientos a tiros de éstos, prácticamente desarmados ya que solo los tres o cuatro miembros de la seguridad privada que vayan a bordo de los mismos irán provistos de armas ligeras, con grupos de piratas dotados de toda clase de armas portátiles, incluidos sistemas contracarro dotados de proyectiles perforantes de carga hueca, lo que puede propiciar bajas mortales, no solo entre los miembros de la seguridad privada sino entre los tripulantes de los pesqueros, totalmente indefensos. Hasta la propia integridad de la embarcación pesquera correrá peligro puesto que las armas perforantes que acabo de citar (lanzagranadas portátiles) tienen poder suficiente en sí mismas para hundir un pesquero de altura de un solo disparo.

         2º.-   Conforme a lo señalado en el apartado anterior, resulta obvio que la seguridad de una embarcación pesquera del porte de las españolas que faenan en el Índico, no se pude garantizar de ninguna de las maneras solo con llevar a bordo un pequeño número de agentes de la seguridad privada, aunque porten armas largas de guerra del tipo fusil de asalto o subfusil ametrallador.

         3º.-    El poder operativo real de un tan pequeño número de profesionales de la seguridad privada como se contempla en los planes tanto del Gobierno como de los armadores (3 ó 4 por embarcación) es muy pequeño, casi despreciable, para poder hacer frente con garantías de éxito al abordaje de uno o varios comandos de piratas, formados por 15-20 individuos muy bien entrenados para conseguir sus fines, bien organizados y sometidos a una férrea disciplina de orden tribal. Aparte de esto conviene tener en cuenta que el poder intrínseco disponible de una fuerza armada (sea militar o, como en el caso que estamos tratando, de una empresa civil de seguridad) para servicios operativos alargados en el tiempo (como es el caso de los extensos períodos de faena de los pesqueros) es tres veces menor que el nominal, puesto que sus miembros, además de trabajar en su misión principal, deben poder descansar adecuadamente y desarrollar otras actividades absolutamente necesarias para mantener su moral y su preparación física.

         4º.-   Por otra parte, y como ya he apuntado en un apartado anterior pero quiero volver a recalcar porque es fundamental para que personas no muy versadas en cosas militares puedan hacerse cargo de la gravedad del problema, los grupos de asalto formados por los piratas somalíes que operan el Índico, como digo bien organizados, bien entrenados, jerarquizados al máximo y con una moral muy alta basada en sus recientes y continuos éxitos ante potencias occidentales (solo Francia y EE.UU les han infligido algún que otro revés), disponen de un arma terrible y resolutiva ante un enfrentamiento a tiros con una embarcación pesquera aunque lleve a bordo tres o cuatro miembros armados de la seguridad privada: el ya mencionado lanzagranadas con proyectiles de carga hueca (perforantes), que puede verse complementado en el futuro con misiles portátiles, también perforantes o con explosivo convencional. Pueden, por lo tanto, ante la resistencia de la nave a su abordaje, amenazar con el uso de un arma de estas características, efectuar disparos de aviso sobre la obra muerta de la misma (puente de mando) y, en el caso de resistencia a ultranza de ésta, proceder a su neutralización total o, incluso, a su hundimiento.     

         5º.-    El razonamiento expresado por algunas personas no muy bien informadas en el sentido de que algunos países, como Francia, utilizan personal militar a bordo de sus pesqueros para garantizar su seguridad, no nos debe llevar a pensar en una actuación similar en el nuestro. Francia dispone en la zona de una gran base aeronaval (Yibuti) y, en consecuencia, puede emplear fuerzas operativas importantes en el Índico (helicópteros de ataque y aviones de apoyo aerotáctico) capaces de ejercer una eficaz disuasión y de actuar si es necesario por la fuerza contra los piratas tanto en el mar como en tierra, por lo que los soldados o marines embarcados tienen como misión, más que defender in situ a los barcos, el alertar a las fuerzas aeromóviles de reacción y contraataque propias para que puedan acudir en apoyo del barco, o barcos atacados, en muy poco tiempo. Los piratas saben, además, que las citadas fuerzas de reacción no les darán tregua y los perseguirán tanto en el mar como en sus escondrijos terrestres.

         La Armada norteamericana, que también ha sido citada estos últimos días como paradigma operativo a imitar, dispone, como todo el mundo sabe, de un gran poder aeronaval en cualquier parte del mundo y, en concreto, en esta zona; poder que utiliza sin contemplaciones en defensa de sus nacionales.

         6º.-   España, por el contrario, no tiene en la zona del Índico ni bases militares ni una fuerza operativa importante capaz de ejercer la oportuna disuasión contra el peligro pirata y, si fuera necesario, actuar en fuerza y expeditivamente contra un determinado grupo de ellos para solventar in extremis el abordaje o apresamiento de uno de nuestros pesqueros. Al no disponer de esa fuerza, la solución de embarcar unos pocos soldados o infantes de marina (al igual que en el caso de miembros de la seguridad privada) queda totalmente desvirtuada y condenada al fracaso. Por otra parte, la disponibilidad de efectivos de infantes de marina españoles es mínima y totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de la amplia flota pesquera española que opera en mares peligrosos.

         Como resumen de todo lo anterior, y como experto militar que se cree en la obligación moral de informar lealmente, y sin esperar nada a cambio, a su Gobierno y a las fuerzas políticas, mediáticas y sociales de su país antes de que por falta del conocimiento real y exhaustivo del problema a resolver se puedan cometer errores flagrantes, reitero mi postura personal en contra de que se autoricen las medidas que en estos momentos baraja el Ejecutivo español, totalmente precipitadas, parciales, inconvenientes y contraproducentes (aquí si que podemos echar mano del consabido dicho popular de que el remedio puede ser peor que la enfermedad) y propongo que se abra un profundo debate sobre las mismas en el que expertos militares cualificados puedan informar exhaustivamente sobre las mismas, su alcance y el enorme peligro que encierran.

La solución debe venir por otros caminos, por un aumento real de la presencia y capacidad militar española en el Índico, planificada a todos los niveles y potenciando al máximo la cooperación efectiva, no teórica, con los demás países de la UE y de la OTAN.