Con Bartomeu Muñoz, el alcalde
socialista de la importante ciudad de la conurbación
industrial barcelonesa que es Santa Coloma de Gramenet el
pasado 29 de octubre, llevamos ya en poco más de tres años
diecinueve alcaldes detenidos por corrupción
en España: 7 del PP, 5 del PSOE, y otros "independientes" de
pequeños partidos o agrupaciones electorales locales o
regionales. Tenemos esta semana, además, la imputación en
casos de corrupción de un antiguo presidentes del PP de la
Comunidad Balear, Cañellas, y la investigación judicial
sobre otro presidente balear del PP, Matas, así como los
escándalos del "caso Gürtel", que afectan al presidente de
la Comunidad valenciana, Camps, y a un creciente rimero de
personalidades y altos cargos del PP en buena parte de la
geografía nacional, señaladamente en la Comunidad de Madrid.
La detención del
alcalde de Santa Coloma –una ciudad obrera, en la que su alcalde
socialista no se molestaba en dormir: vivía en un barrio alto de
Barcelona— forma parte de un caso que afecta también a otros
antiguos altos cargos del partido de la derecha nacionalista
catalana, CiU y en el que andan de por medio, al alimón, turbios
negocios inmobiliarios con blanqueo de capitales a través de una
agencia del segundo banco español (el BBVA) que operaba en el
paraíso fiscal de la Isla británica de Jersey. Y ese caso catalán ha
venido a añadirse al que estalló hace no muchas semanas, conocido
por el nombre de "caso Palau de la Música", un caso de espectacular
saqueo –más de 20 millones de euros- en beneficio privado de su
presidente –un prohombre del patriciado barcelonés, condecorado hace
años con la Creu de Sant Jordi— y allegados, así como de partidos
afines a los saqueadores, de una entidad cultural emblemática de la
ciudad de Barcelona, sostenida con aportaciones públicas y con
donaciones privadas altruistas.
Nadie espera que la cosa termine aquí. El
antiguo presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, se ha
avilantado hace unos días, en una entrevista concedida a un programa
televisivo de gran audiencia, a aconsejar que no se tirara mucho de
la manta, porque el hedor (farum) podría llegar a ser
insoportable para todos. (Algo parecido debió pensar en su día el
presidente español José María Aznar cuando, ante el caso seguramente
más alarmante de corrupción política registrado hasta ahora en
España, la compra por parte del negocio inmobiliario madrileño de
dos diputados autonómicos madrileños del PSOE para que no votaran la
investidura de quien había ganado las elecciones autonómicas de mayo
de 2003 (el candidato socialista, apoyado por Izquierda Unida),
impidió que el fiscal de Madrid –el socialista Fernández-Bermejo—
investigara el asunto. Hubo que repetir las elecciones.
Y ganó el PP. Y no hubo más.)
Cuatro reacciones del establishment político-mediático
Cuatro son las
reacciones más comunes a lo que algunos, acaso sin exageración,
llaman ya epidemia de corrupción política extendida por España. Las
que siguen, que no son necesariamente excluyentes:
1 Está, primero,
la reacción miope nacida de la obnubilación política sectaria:
sí, nosotros también, pero vosotros más, mucho más.
2 Viene, luego,
el cierre de filas de quienes aceptan ya sin rubor el formar
parte de una "clase política" que, estupefacientemente, se
identifica con el conjunto del "sistema democrático" y aun con los
valores democráticos mismos: hay que defender del descrédito a un
sistema político democrático creciente y peligrosamente amenazado
por la pérdida de crédito ante la población. El grueso de la "clase
política" es honrada, y el interminable rimero de escándalos de
corrupción política afectaría, en realidad, a una minoría. Toda la
"clase política" debería olvidar sus (legítimos) enfrentamientos
partidistas, para unirse en ese mensaje a la población, si es
necesario, con nuevas y más duras medidas legislativas y
administrativas.
3 Otra reacción
común es el escándalo farisaico de la antipolítica. La
política como servicio público y como representación fiduciaria de
los distintos y encontrados intereses de la vida social sería pura
ilusión. No habría tal. La política sería, siempre, un negocio, y
quienes a ella se dedican, necesariamente, unos negociantes que
están ahí "para forrarse" (como dijo textualmente una vez en una
conversación privada que acabó transcendiendo públicamente el
expresidente de la Generalitat valenciana y exminisro de José María
Aznar Eduardo Zaplana).
4 Cuarta
reacción, y última aquí inventariada: el recurso al cinismo
antropológico; la corrupción estaría en la "naturaleza humana". Lo
dijo Alan Greenspan, acaso el principal responsable político de una
de las eras de codicia y corrupción económica más desapoderadas del
último siglo. Ahora lo están repitiendo muchos comentaristas
políticos en España.
Esas cuatro
reacciones, tan distintas, tienen, sin embargo, en común la
pretensión de despolitizar el problema de la corrupción política:
1 La
obnubilación sectaria, por la vía de una hipermoralización
partidista elemental: los nuestros son necesariamente más honrados:
o porque, siendo de "izquierda", se les suponen valores morales
incompatibles con la puesta en almoneda de sus actos de servicio
público; o porque, siendo gentes de viso y de "derecha", se les
supone con suficiente patrimonio personal como para resistir al
soborno.
2 La
despolitización dimanante del cierre de filas viene de
suponer, acaso sin advertirlo, que la política democrática es algo
más que, y acaso metafísicamente superior a, la representación
fiduciaria de intereses y voluntades existentes en nuestra vida
social, y de intereses y voluntades las más veces pugnaces y
encontrados. Viene, esto es, de ignorar que lo único que tienen en
común los representantes políticos es la obligación de defender los
intereses y las voluntades de sus representados en el marco de una
deliberación pública realizada con argumentos dimanantes de razones
públicamente defendibles y atenidos al interés general (nadie puede
proponer una ley con el argumento, dimanante de una razón privada,
de que esa ley le favorecería en sus negocios o favorecería a sus
amigos y parientes). Y parte esencial del interés general en una
sociedad escindida en clases y grupos de interés es el
reconocimiento político, con todas sus consecuencias, de esa
escisión social de base y de la legitimidad de sus expresiones y
manifestaciones en la vida política. Patentemente, es la ignorancia
de eso lo que permite a muchos políticos aceptar hoy con un donaire
digno de mejor causa el constituir nada menos que una "clase
política", es decir, un grupo de individuos unidos por intereses
privados propios, y en esa medida, seccionados, desgajados como
casta o como "clase", del pueblo supuestamente "soberano".
3 El
escándalo farisaico niega directamente la posibilidad de la
política democrática. O bien porque cree que el mejor modo de
promover el interés público es tener políticos codiciosos y
corruptibles –no han faltado voces en España en estos últimos años
que han sugerido que la corrupción política es también un saludable
índice de dinamismo y prosperidad económicos—, una versión
posmoderna del viejo ideologema de Mandeville: vicios privados,
virtudes públicas. O bien porque, y tal vez en el otro extremo, ha
llegado a creer que la representación política fiduciaria de
intereses y valores socialmente existentes es tarea de antemano
condenada al fracaso: la "política" es y será siempre una mierda, y
los políticos, sea cual fuere su signo ideológico, un hatillo de
hipócritas y mangantes; de gentes que, ¡qué diablos!, como todo el
mundo, van a la suya.
4 El cinismo
antropológico despolitiza el específico fenómeno de la corrupción
política por la vía de la banalización inespecífica: no hay un
problema de corrupción política, distinto del problema de la
corrupción administrativa, distinto del problema de la corrupción
económica privada, etc., sino que la naturaleza humana, en general,
sería pronta al soborno. Consuelo para políticos corruptos o
irresponsables y pretexto para las protestas de agudeza de
tertulianos y columnistas de grandes absolvederas, el planteamiento
político del problema de la corrupción política es substituido por
la reafirmación de la doctrina paulina de la corrupción general de
la naturaleza humana como consecuencia de la caída de nuestros
padres en el pecado original:
"Porque sabemos
que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del
pecado. / Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero,
hago; antes lo que aborrezco, aquello hago. / Y si lo que no quiero,
esto hago, apruebo que la ley es buena. / De manera que ya no obro
aquello, sino el pecado que mora en mí. / Y yo sé que en mí (es a
saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo el querer, mas
efectuar el bien no lo alcanzo. / Porque no hago el bien que quiero;
mas el mal que no quiero, éste hago. / Y si hago lo que no quiero,
ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. / Así que,
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal está en mí."
(Pablo, Romanos, 6, 14-21)
Corrupción, política, administrativa y económica [El fenómeno de la
corrupción política, visto políticamente]
Para ver
políticamente el fenómeno de la corrupción política, lo primero es
distinguirla de otras formas de corrupción socialmente
significativas, como la corrupción económica privada y la corrupción
administrativa.
La corrupción
económica privada afecta a las instituciones y a los agentes
económicos privados, y a las relaciones de agencia fiduciaria entre
ellos, entre los que actúan como agentes propiamente dichos y los
que actúan como principales: un ejecutivo es un agente fiduciario de
su principal, que son los accionistas propietarios de la empresa; un
abogado de empresa es un agente fiduciario de su principal, que son
los directivos de la empresa; un bróker financiero es un agente de
su principal, que es el inversor financiero o bolsístico. Las
relaciones entre principales y agentes están marcadas siempre por
una asimetría informativa que hace que, objetivamente, las
posibilidades de que el agente traicione la confianza puesta en él
por el principal sean enormes, es decir, que hay un amplio espacio
para que el agente se deje interferir en su labor por intereses
propios o de que se deje corromper y sobornar por intereses privados
que no son los de su principal. La regulación pública de la
actividad económica privada tiene en buena medida que ver con la
yugulación legislativa de aquellas posibilidades, con la restricción
radical del espacio social e institucional que permite el fraude en
las relaciones de agencia. No hará falta insistir en que el
incremento espectacular de la corrupción económica en el mundo en
las pasadas décadas, señaladamente en el sector financiero, tiene
que ver con la desregulación pública de la actividad económica
privada.
La corrupción
administrativa afecta a los funcionarios públicos, es decir, a
agentes que, a diferencia de los representantes políticos, guardan
con el "pueblo soberano" una relación muy mediata. O bien son cargos
de confianza de políticos electos (así pues, agentes fiduciarios del
político electo, que es su principal, el cual, a su vez, es agente
fiduciario del "pueblo soberano"), o bien son funcionarios de
carrera, y entonces la relación de agencia con la ciudadanía es aún
más remota: en general, viene dada por los criterios legalmente
establecidos de selección para entrar en la carrera del servicio
público y por los criterios, legalmente establecidos también, para
sancionar al funcionario público que falta a su deber de probidad.
El descrédito de la función pública que ha acompañado al auge del
"neoliberalismo" en las últimas décadas ha jugado un papel de primer
orden en la degradación de ambas cosas: ha habido una bien
documentada relajación en los criterios de selección de funcionarios
(con la admisión de zorros como guardianes del gallinero: como el
estafador Madoff presidiendo el Comité de directores de la agencia
regulatoria NASDA): culpa in
eligendo; y ha habido una política de gestión y de sanciones,
importada del mundo de la empresa privada e impropia del sector
público (todos serían corruptos y holgazanes, hasta que se demuestre
lo contrario), como el llamado New Public Management, que ha traído
consigo, entre otras cosas, una desmoralización general de los
trabajadores públicos: culpa in
vigilando.
Huelga decir que
el caso más interesante de corrupción administrativa es el que trae
su origen causal en la vida económica privada, es decir, la
corrupción de funcionarios públicos por grandes (o pequeñas)
empresas privadas. El incremento de la corrupción administrativa en
las pasadas décadas, señaladamente en los países en vías de
desarrollo, ha sido sencillamente espectacular. También porque ha
sido instrumento capital del saqueo de esos países por las grandes
empresas del hemisferio norte en el orden neoliberal de la
"globalización". Peter Eigen, el fundador de Transparency
International, con sede en Berlín, lo resumía así en enero de 2000:
"La magnitud de
los sobornos pagados por corporaciones internacionales en los países
en desarrollo es a gran escala. Las acciones emprendidas por la
mayoría de los gobiernos de los países industrializados para luchar
contra la corrupción internacional son modestas. Los resultados se
traducen en mayor pobreza en los países pobres, un persistente
socavamiento de las instituciones democráticas, y cada vez más
distorsiones en el comercio internacional honrado."
La corrupción
política es particularmente lacerante, porque afecta a una
relación de agencia fiduciaria directa entre el supuesto "pueblo
soberano", como principal, y los partidos y los representantes
políticos como meros agentes suyos, formadores y canalizadores de
las voluntades y los intereses populares. No suele observarse que
los distintos partidos políticos no sólo representan distintos
intereses sociales –lo que es una obviedad—, sino que las relaciones
fiduciarias de los distintos partidos con sus bases sociales (y más
en general, con los intereses sociales que supuestamente
representan) son también muy distintas. El marxista Gramsci
popularizó la idea de que los intelectuales y los políticos de un
determinado signo social, político o ideológico pueden ser más o
menos "orgánicos en" sus respectivas bases. Y observó con gran
perspicacia que para los dirigentes y representantes de las clases y
estratos subalternos de la población la "organicidad" en, es decir,
la miríada de vínculos capilares de retroalimentación con, sus bases
sociales es mucho más difícil de mantener que en el caso de los
representantes y los agentes fiduciarios de las elites sociales y
económicas tradicionales. No sólo porque resulta harto más difícil
encontrar buenos representantes y calificados dirigentes entre
quienes están obligados a vivir por sus manos, y desde luego, no de
renta; no sólo porque, una vez encontrados, es más difícil
substituirlos por otros, lo que da a esos agentes un gran margen de
chantaje autoritario sobre sus bases ("si no os gusta, me voy": como
Felipe González, cuando obligó a un PSOE mayoritariamente reluctante
a "abandonar el marxismo" en 1979; o como el propio Felipe González,
cuando en 1986 obligó a un pueblo abrumadoramente pacifista como el
español a entrar en la OTAN); también porque, una vez con cargos y
aupados al núcleo del funcionamiento del sistema político, con todas
su pompas y vanidades, tienden espontáneamente a desarrollar una
nueva identificación con los hábitos de sus colegas bienhabientes,
tienden, esto es, a sentirse más "clase política" que representantes
de su fábrica, de su barrio o, en general, de las gentes menudas de
cuyas filas proceden o a las que, al menos, declaran representar.
Así que, en punto a corrupción política, el partido de izquierda que
no sea especialmente sensible a esas realidades, va listo: quien no
vive según piensa, termina pensando según vive. El alcalde de Santa
Coloma detenido por corrupción la pasada semana –dicen que un
socialista aficionado a los buenos restaurantes, a los buenos
automóviles y a las buenas compañías de gente con estilo—, que regía
con mayoría absoluta una de las ciudades obreras más importantes del
cinturón industrial de Barcelona, ni siquiera vivía en Santa Coloma,
sino en uno de los barrios altos de la Ciudad Condal.
Eso no quiere
decir que las elites políticas o ideológicas de la derecha hayan de
tener siempre mayor "organicidad en" sus bases, o más facilidad para
lograrla. Los numerosos casos –en realidad, ampliamente
mayoritarios— de corrupción política de la derecha tradicional en la
España de estos últimos años son buen ejemplo de ello. Pero es
interesante observar que la pérdida radical de organicidad en sus
bases sociales de las elites ideológicas y políticas conservadores
se da fundamentalmente en momentos históricos dominados por la
mentalidad rentista, es decir, en épocas de hegemonía social y
cultural de los estratos y capas sociales que viven fundamentalmente
de rentas: de rentas inmobiliarias, de rentas dimanantes de grandes
patrimonios financieros y de rentas monopólicas desapoderadas,
derivadas de posiciones de abuso de poder en los mercados. El
rentista no produce nada, no crea nada, no genera valor, ni riqueza,
sino, a lo sumo, apariencia de ella; el rentista es, básicamente, un
saqueador; un expoliador de bienes comunes y de bienes privados
ajenos; y un activo buscador de rentas a través de mecanismos
políticos, que no puede ver en la vida política representación de
interés social alguno, sino oportunidad de negocio y cabildeo. Lo
que en Alemania ha dado en llamarse "puerta giratoria" entre la
política y el mundo de los negocios (el hecho de que grandes
fortunas entren como si nada en el juego de la vida política
–Berlusconi— y, a la inversa, grandes dirigentes políticos vayan a
parar al mundo de los negocios luego de abandonar su cargo –Schröder
con Gazprom, Felipe González con Carlos Slim, Aznar con Rupert
Murdoch—), un fenómeno relativamente reciente, expresa bien esa
realidad.
No es por
casualidad que uno de los clásicos de la ciencia social
contemporánea, La teoría de la clase ociosa (1898), del
economista noruego-estadounidense Thorstein Vebblen se escribiera en
plena Era de la Codicia norteamericana, un período, por tantos
conceptos, muy semejante al que hemos vivido en las últimas décadas.
En Veblen puede encontrarse un atisbo de explicación al hecho de que
precisamente políticos sin la menor organicidad en intereses
sociales objetivos de ningún estrato social relevante –basta ver la
pinta, involuntariamente cómica, de un Ricardo Costa, el de los
relojes de 6.000 euros y los coches de 60.000—, y enfangados hasta
el cuello en asuntos de corrupción política, como en Madrid, como en
Valencia, o como en Santa Coloma de Gramanet, puedan jactarse de
lograr una y otra vez mayorías absolutas:
"… la institución
de una clase ociosa opera en el sentido de hacer conservadoras a las
clases inferiores al privarles, hasta donde es posible, de los
medios de subsistencia, reduciendo así su consumo, y, por ende, de
la energía de que pueden disponer, hasta el punto de hacerlas
incapaces del esfuerzo exigido para el aprendizaje y adopción de
nuevos hábitos mentales. La acumulación de riqueza en el extremo
superior de la escala pecuniaria implica privaciones en el extremo
inferior. (…) El efecto inhibitorio directo de la desigual
distribución de la riqueza está secundado por otro indirecto que
tiende al mismo resultado. (…) El mantenimiento del consumo
ostensible como uno de los elementos principales del patrón que mide
el decoro en todas las clases, no es, desde luego, atribuible por
entero al ejemplo de la clase ociosa adinerada, pero la práctica y
la importancia que se le da se robustecen, sin duda, por el ejemplo
de la clase ociosa."
La percepción de la corrupción económica, administrativa y política.
El caso de España.
A pesar de la epidemia de corrupción política
que aparentemente se ha abatido sobre España, es muy notable que, en
la percepción de los españoles –y como saben todos los estudiosos
del fenómeno de la corrupción, suele haber, ceteris paribus,
una elevada correlación positiva entre la percepción de la misma y
su realidad objetivamente medida— la corrupción económica del sector
privado resulta ser mucho más importante que la corrupción de los
partidos y de los representantes políticos. Según el
informe de 2009 de Tranparency International,
mientras que en países como Argentina, Grecia, Israel, Italia o
Reino Unido lo más destacado en la percepción ciudadana es la
corrupción de los partidos políticos; mientras que en países como
los EEUU, Indonesia y Panamá se destaca la corrupción de todo el
poder legislativo (las cámaras parlamentarias); mientras que en
países como Chequia, Japón y Rusia se destaca la corrupción
administrativa; en España, en cambio –como en Hong Kong, Islandia,
Países Bajos y Noruega—, se destaca la corrupción empresarial.
En contra de los sermones casi unánimes de los
políticos españoles de estos días, el crédito popular de la
"democracia", del sistema de partidos políticos y de los
representantes políticos electos no está por ahora gravemente
amenazado, a pesar de la que está cayendo. Diríase, en cambio, que
la población española tiene una percepción bastante clara del origen
causal de los males de la política en los males de una vida
económica –de un "modelo de crecimiento", como se dice con
tecnocrática unción— fundada, no en la creación de riqueza o de
valor, sino en la inflación de activos (inmobiliarios y
financieros), en la inclemente destrucción del patrimonio común
natural (el caso de las
costas españolas es particularmente
llamativo, y ahora ha saltado dramáticamente a la luz el caso de los
humedales de las
Tablas de Daimiel), en el saqueo y
privatización de patrimonio público del Estado (una política de
privatizaciones iniciada por Felipe González y seguida luego por
Aznar, pero a la que, inicialmente,
se oponía hasta la derecha política tradicional),
en la asombrosa sobreexplotación de una mano de obra calificada (el
63% de los asalariados españoles es "mileurista"), en un Estado
social raquítico, en el volumen de desempleo estructural más crecido
de los países de la OCDE y en el insostenible endeudamiento de las
empresas y de los trabajadores españoles.
Si comparamos con
Italia, el contraste es notable. Mientras en España un 29% considera
que el sector más corrompido es el de la empresa privada, en Italia
sólo un 7% cree eso. Es verdad que en España un 27% creen ya que son
los partidos el sector más corrompido (cerca, pues, de la empresa
privada), pero en Italia tenemos un abrumador 44% de ciudadanos que
lo cree. Ese 27% registrado en 2009 podría crecer; visto lo visto
estos días, y lo cierto es que si la pregunta es cuán corrompido
está un sector (no qué sector es el más corrompido), en España ganan
ya los partidos políticos con una puntuación de 3,4 (en contraste
con el 3,3 que se da a las empresas, el 3,1 que se da al parlamento,
o el moderado 3,0 –el más bajo— que se da a los funcionarios. (Por
seguir con el contraste: en Italia la puntuación más alta de
descrédito en materia de corrupción se la llevan también los
partidos, pero con un 4,1, seguidos de los funcionarios, 3,9, del
poder judicial, 3,5, y de los medios de comunicación, 3,4; la
empresa privada queda en un 3,3, al mismo nivel que el Parlamento).
Y si la izquierda
institucional no reacciona políticamente a esos males básicos de la
vida económico-social de nuestro país, si no logra al menos
acompasar sus percepciones básicas a las percepciones del común de
la ciudadanía, entonces sí podría empezar a temerse muy en serio en
España una generalización à la italiana de la antipolítica.
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El texto aquí
reproducido es el esquema de una intervención de su autor en el
Seminario de cultura socialista que se realizó con profesores de las
facultades de Economía y de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Correo
No
consiento que se hable mal de Franco en mi