Los gobiernos del mundo nos están engañando. Nos han dicho que era preciso salvar a los bancos -lo que podía ser cierto-, pero han terminado por salvar a los banqueros (los accionistas) y a los administradores, lo que no sólo era innecesario sino también ilícito.

La aseveración de que era preciso emplear miles de millones de euros o de dólares de los contribuyentes en sanear las entidades financieras debería haber obligado a los mandatarios a adoptar tres decisiones. La primera, pedir disculpas y mostrar arrepentimiento por haber abdicado de sus funciones y haber desatendido un sector tan estratégico, dejándolo sin control en manos privadas, sobre todo, teniendo en cuenta que el desaguisado íbamos a pagarlo después todos los ciudadanos. La segunda, exigir responsabilidades a los gestores que habían conducido a la ruina a las entidades financieras y, desde luego, forzar, antes de sacar un euro de las arcas públicas, que los administradores abandonasen sus puestos y los accionistas perdiesen su dinero. La tercera, intervenir quirúrgicamente de modo inmediato, sin prolongar la agonía. Si tan necesario resulta para la economía sanear el sistema financiero, no se puede permitir la permanencia de bancos zombis que, con tal de no mostrar sus vergüenzas, están ahogando financieramente a las empresas y a las familias restringiéndoles el crédito.

Pues bien, las autoridades españolas no han tomado ninguna de esas tres decisiones. Con respecto a la primera, lejos de pedir perdón, nos han hecho creer que el sistema financiero español gozaba de muy buena salud, que su único problema era de solvencia y que la actuación del Tesoro iba a consistir tan sólo en préstamos y avales, sin que ello acabase costando un euro al contribuyente. La Caja de Castilla-La Mancha dejó al descubierto el infundio al demostrar la necesidad de la ayuda pública. El Gobierno creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con una aportación inicial de 9.000 millones de euros, ampliables hasta los 99.000 en los años próximos. Cantidad tan fabulosa y periodo tan dilatado de tiempo indicaban bien a las claras que el mal era mucho más profundo de lo que se había afirmado.

En cuanto a la segunda decisión, desde el principio era muy claro que no estábamos dispuestos, como sí lo estaban algunos de nuestros vecinos, a seguir el camino de la nacionalización con el cese y la liquidación de administradores y propietarios. Hasta ahora, las operaciones de rescate que han salido a la luz hacen referencia a las cajas de ahorro. Estas entidades poseen una naturaleza jurídica muy especial. No son privadas, pero tampoco públicas. Tienen lo peor de las dos. Carecen del control de las verdaderas entidades públicas, pero están sometidas a los intereses provincianos de los políticos de la periferia. Que sepamos, porque todo se lleva con bastante secretismo, tres son las operaciones ya realizadas o a punto de finalizar, y que van a necesitar recursos del FROB, es decir, de los contribuyentes: la intervención por el Banco de España de la Caja de Castilla-La Mancha y dos fusiones, la de Caixa Terrasa con Caixa Sabadell, Caixa Girona y Caixa Manlleu, y la de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa.

Las fusiones son la forma de ocultar la verdadera realidad de la operación, que una o más cajas de las fusionadas están pasando por graves dificultades económicas y necesitan la ayuda del Estado: 750 millones de euros la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, 500 millones la primera de las fusiones y más de 1.500 millones la segunda. Compárense estas cantidades con la destinada a incrementar la cobertura del seguro de desempleo, 640 millones de euros, y se verá la falacia de esa llamada a la solidaridad para subir los impuestos. Esos recursos no van tanto a gastos sociales como a sanear las entidades financieras.

Siguiendo la lógica de lo anteriormente señalado, por lo menos se debería haber prescindido de los ejecutivos y del consejo de administración. Resulta bastante incomprensible que Narcis Serra continúe al frente de la nueva entidad. Si el dinero lo pone el Estado, la nueva caja debería pasar a poder del Estado, y si va a quedar en manos de la Diputación de Barcelona, de Tarragona y de algunas otras corporaciones catalanas, de manera que puedan seguir dando subvenciones mutuas a las fundaciones de CiU y del PSC, pues entonces que sean las diputaciones las que pongan el dinero.

En cuanto a la tercera decisión, es evidente que las autoridades españolas están retrasando el saneamiento de las entidades financieras y permitiendo que oculten con diversas triquiñuelas su verdadera situación. Las agencias de calificación no me dan ninguna confianza, pero lo que Moody's acaba de señalar públicamente era un secreto a voces. Con este comportamiento se está intentando salvar a los administradores y a los accionistas, pero al restringir consecuentemente el crédito se hace un daño enorme a la economía y se prolonga aún más la crisis económica. Más valdría que el gobernador del Banco de España no se preocupase tanto de los problemas del mercado laboral y sí de controlar a las entidades financieras y no permitir la supervivencia de bancos zombis.

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