Catedráticos de Derecho Constitucional como Javier Perez-Royo, cuya reflexión y análisis pormenorizado sobre el esperpento llamado Ley de Partidos (que Videla o Somoza hubiesen firmado encantados), dejaron claro hace años que lo que ha dictado Garzón es, por encima de todo, ilícito, inmoral, carente de un gramo de la deontología profesional que se debe suponer en alguien que detenta uin cargo como el suyo, por la simple razón de que su decisión se fundamenta en la solidez de la clara de huevo. Una verdadera justicia jamás debería condenar por meras suposiciones, juicios de intención o manipulación torticera de los hechos imputados. Lo amoral no ha abandonado al magistrado ni siquiera cuando, disfrazado como tal, quiso apoyar las justas aspiraciones de los familiares de las víctimas de la dictadura franquista, algunas de las cuales fueron condenadas a muerte o a prisión, por tribunales compuestos por árbitros de una catadura moral parecida a la que exhibe sin recato alguno el mentado Garzón.  

 

            El que pudo ser un excelente camarero o empleado de gasolinera, sirve hoy a los intereses políticos y jurídicos de una legalidad impuesta a golpe de leyes aberrantes, de desinformación, edificada por los herederos de Franco sobre la sangre de cientos de miles de demócratas que dieron su vida por la libertad. Resulta claro y nítido este nuevo gesto de corte totalitario, encerrando a personas inocentes de los cargos que se ha sacado de la manga, contribuyendo a que el conflicto en Euskal Herría se enquiste hasta la eternidad.   

 

            Jueces como él son a quienes el propio Relator de Naciones Unidas contra la Tortura señala con el dedo, cuando denuncia que en España se practican los malos tratos y la violencia gratuita, de forma sospechosamente habitual, por parte de aquellos que deberían luchar por la dignidad de la persona. Pero en el reino de Juan Carlos, la mayoria de los medios, dirigentes, policías, diputados, partidos, etc. abandonaron ese combate, para reposar en la palestra donde se viola y conculca hasta el derecho a pensar de forma diferente. A ellos no les importa la ausencia del habeas corpus y la práctica de la picana, que se aplica en cuartelillos y comisarias, prisiones y establecimientos del ramo, no sólo según los datos que obran en poder del funcionario de la ONU, sino de organizaciones tan poco sospechosas de colaboración con el independetismo vasco como Amnesty International. 

            El juez Garzón no tiene siquiera el valor de su colega Adolfo Prego de Oliver, quien alaba a Franco sin importarle un bledo el genocidio que cometió su ídolo. Pero Baltasar no posee el coraje para procesarle por apología del terrorismo. El de Úbeda continúa encarcelando a ciudadanos vascos y no euskaldunes que dudan de su honestidad, que lamentan todo lo que representan ambos. Sin embargo, otro fiasco en la carrera del primero hacia la inanidad jurídica no le afectará mucho. Los fracasos no le han abandonado, y este será sin duda otro triunfo de los independentistas, del movimiento abertzale, en el camino duro y lamentable de la violencia y la sangre derramada por quienes no respetan los derechos humanos. ¿Ya sabe a quienes me refiero?