Hace 30 días que la activista saharaui Aminetu Haidar inició una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote, España, en reclamo de que el gobierno de Marruecos le permita volver a su hogar en El Aaiún, la capital de la República Árabe Saharaui Democrática, ocupada desde hace tres décadas por el régimen de Rabat.

       Haidar, luchadora emblemática por la liberación de los presos políticos del Sáhara Occidental y víctima, ella misma, de desaparición forzada y encarcelamiento a finales de la década de los 80, fue ilegalmente despojada de sus documentos, detenida y expulsada de El Aaiún a Lanzarote el pasado 14 de noviembre, luego de que se negó a identificarse como ciudadana marroquí a su regreso de un viaje a Estados Unidos. El gobierno de Rabat ha calificado de acto de chantaje la protesta de la activista y ha reiterado que no le permitirá el ingreso hasta que pida perdón al rey Mohamed VI y se declare súbdita marroquí.

        Ante la cerrazón criminal de las autoridades marroquíes –que amenazan a España y a la Unión Europea con atenuar o retirar su apoyo en materia de inmigración y combate al terrorismo y al narcotráfico–, la inoperancia y la laxitud de las gestiones realizadas por La Moncloa, así como las visibles afectaciones en la salud de Haidar tras un mes de no probar alimento, la activista aún no tiene garantizado el retorno a su país. En todo caso, la admirable muestra de tesón y dignidad que ha dado esta mujer de 42 años ha logrado lo que no han podido o no han querido hacer ni Washington ni Bruselas en todos estos años: cercar mediática y diplomáticamente al régimen de Marruecos, colocar en el centro de la discusión internacional el añejo conflicto en el Sáhara Occidental, y suscitar la condena de la opinión pública mundial hacia las prácticas de limpieza étnica y la ocupación inhumana e ilegal que Rabat ejerce en ese enclave del noroeste africano.

       No puede pasarse por alto que la persistencia de este atropello tiene, como componente insoslayable, la complicidad histórica del Estado español y de los sucesivos gobiernos de Madrid –franquista, socialista o popular–, los cuales, como antigua potencia colonial, abdicaron de su responsabilidad legal sobre el Sáhara Occidental en 1975 y lo dejó a merced del régimen entonces encabezado por Hassán II: éste, por su parte, propició el desplazamiento de 350 mil civiles marroquíes en esos desiertos –en el episodio conocido como la Marcha Verde–; ordenó la construcción de murallas que hasta la fecha dividen en dos al país y a su población, y llevó adelante una ocupación a sangre y fuego, con bombas de napalm y fósforo blanco, en la que fueron masacrados cientos de civiles saharauis, mientras intentaban huir hacia Argelia.

         Más de tres décadas después de aquellos agravios a una nación indómita y a la legalidad internacional, la diplomacia española ha vuelto a claudicar ante la dinastía alauí al aceptar la expulsión y el desembarco de Aminetu Haidar en Lanzarote, aun en contra de su voluntad, y al hacer suya la postura del gobierno marroquí en torno a la huelga de hambre de la activista. Ayer, significativamente, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, aconsejó a Haidar que abandone su protesta.

        Ante los elementos de juicio señalados, la comunidad internacional tiene el deber moral de involucrarse en un episodio que permite ponderar el grado de barbarie del régimen que encabeza Mohamed VI. Es pertinente y necesario que los cerca de 80 países que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática –México entre ellos– ejerzan las presiones diplomáticas correspondientes y exijan al régimen de Rabat que permita el regreso de Haidar a El Aaiún, y a las autoridades españolas que asuman su responsabilidad e impulsen el cumplimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui