¿A qué juega el Banco de España?

Juan Torres López

Fundación Sistema 21 de Diciembre de 2009

 

Uno de los lugares comunes más generalizados respecto a la economía española reciente es el que afirma que el Banco de España ha desempeñado con brillantez y eficacia su labor de control y supervisión bancarios. O incluso que la economía española y su sistema financiero han soportado en mejor medida los impactos de la crisis gracias al celo especial que ha tenido a la hora de vigilar a los bancos.

Se olvida que el mayor celo que ahora ha debido aplicar el Banco de España frente a la banca española es consecuencia de la falta de vigilancia y del desacierto con que se la supervisó en años anteriores, cuando en España se sufrió una crisis bancaria extraordinariamente costosa y en cuyos lodos quizá estemos moviéndonos todavía. Una crisis en la que el BdE actuó más bien como cómplice de los intereses bancarios privados que como defensor de los públicos, como indica el elevadísimo coste que tuvimos que soportar los contribuyentes, la desigual generosidad con que se trató a los responsables de los desaguisados, y el inmenso provecho que de ella sacaron los bancos y los banqueros que ahora se encuentran a la cabeza del ranking bancario, además de tantos funcionarios y directivos que tan casualmente terminaron por incorporarse a sus nóminas.

Más adelante, el Banco de España ha ido manteniendo constantemente la doctrina, o mejor habría que decir la creencia, de la estabilidad presupuestaria y de la deflación salarial como estrategia competitiva. Un prejuicio ideológico que ha incrementado nuestro déficit social, que ha impedido que la economía española cuente con el capital colectivo imprescindible para impulsar la innovación y el cambio de modelo productivo y que, al hacer que aumenten las desigualdades, multiplica el endeudamiento y favorece la generación de fondos especulativos. En el ámbito de la economía real, y al igual que en otros países, el Banco de España ha sido un factor activo principal, si no determinante, en la creación de las condiciones estructurales que han provocado la crisis actual. ¿Cómo desvincular al Banco de España, cómo no hacerlo corresponsable, al aplicar estas políticas, de la multiplicación de la deuda privada en España, mucho más rentable para los bancos que la pública y mucho menos rentable para la sociedad que la privada?

Además, el Banco de España, como el europeo y tantos otros, ha fracasado estrepitosamente en el encargo de combatir la inflación. La política deflacionista mencionada ha limitado el crecimiento potencial de las economías pero no ha sido capaz de evitar la subida más peligrosa de los precios. ¿Cómo calificar su empeño en ahogar el crecimiento de la actividad dificultando así la creación de empleo y forzando la precarización del que se creaba con la excusa de la inflación, mientras dejaba subir a la estratosfera los precios de la vivienda?

¿Qué tipo de lucha contra la inflación es la que frena la actividad económica para que no suba el precio de las cebollas y, sin embargo, deja que se disparen los precios inmobiliarios que consumen la gran parte de las rentas, para enriquecer así a los grandes empresarios y, sobre todo, a la banca?

También se quiere hacer creer que la supervisión del Banco de España ha sido providencial para evitar la crisis en España. Pero tampoco creo que sea verdad. Las políticas deflacionistas son procíclicas por definición, frenan el crecimiento y anticipan el declive cuando se aplican en la expansión y dificultan la recuperación cuando se adoptan (como ya empiezan a demandar también desde el Banco de España) en la salida de las crisis.

Ni siquiera su supervisión financiera ni el control establecidos durante la crisis han sido los adecuados. Para haberlo sido deberían haberse efectuado de consuno con el resto de los bancos centrales europeos. Y, sobre todo, el Banco de España debiera haber sido capaz de evitar no solo la contaminación por las hipotecas subprime sino nuestra auténtica basura financiera: la que procede de la burbuja inmobiliaria que, sin embargo, permitió que se desarrollara. Hasta el propio presidente de la Confederación de la Cajas de Ahorros españolas, Alfonso Quintás, ha reconocido que se podría haber evitado si el Banco de España hubiera llevado a cabo otra política (EL PAÍS 06/12/2009).

Ya en plena crisis, la tan cacareada bondad del supervisor se está centrando realmente en aspectos muy indeseables y peligrosos a medio y largo plazo: dejar inalteradas las normas y pautas fundamentales de comportamiento bancario y, por el contrario, ocultar las pérdidas del sector mediante argucias contables que estarían prohibidas si no viviésemos en un mundo en el que a los banqueros se les conceden los privilegios que no tiene ningún otro ciudadano. Y lo que es peor, jugando con fuego y bajo cuerda (como el propio Quintás ha reconocido) para debilitar el espacio público de las cajas y así permitir que el capital privado se quede con el botín (me parece que nunca mejor dicha aquí esta palabra), a costa de desestabilizar el sector financiero en su conjunto e incluso haciendo un flaco favor a las entidades bancarias más consolidadas.

¿Cómo se puede considerar eficaz la actuación de un banco central que a pesar de que se están proporcionando cantidades gigantescas de recursos a la banca privada no consigue que ésta financie a la economía? ¿Qué otra función más importante que la de impedir esto podría tener cuando la economía se viene abajo por falta de financiación? ¿Y qué intereses se puede decir que defiende un banco central que, en esta situación, mira a otro lado, se hace el tonto sobre este asunto y simplemente se dedica a impartir doctrina liberal al gobierno, a los sindicatos y a la sociedad en general tratando solo de conseguir que los trabajadores acepten salarios más bajos y peores condiciones de empleo en beneficio del gran capital?

Para que se pudiera considerar que el Banco de España defiende los intereses públicos y no solo los de los más ricos y que hace frente con eficacia a la crisis tendría que hacer otras cosas muy distintas: acabar con la mentira que suponen las normas contables que autoriza, poner en claro la verdadera situación de la banca (y no solo la de las cajas a las que usa como chivos expiatorios para capitalizar a la banca privada) y establecer las condiciones precisas para que los responsables de su descapitalización carguen con sus responsabilidades. Y, por supuesto, tomar medidas ejecutivas para garantizar el flujo de financiación a la economía y evitar la aparición en el futuro de nuevas burbujas y la continua acumulación de riesgo (que posiblemente ni siquiera se ha detenido). En definitiva, no utilizar la crisis para que los bancos más grandes (con la excusa de que son los que comportan riesgo sistémico y que son tan grandes que no pueden caer) terminen por ser más grandes todavía y más privilegiados, pero también más peligrosos. Y, sobre todo, defender políticas que no empobrezcan a los más desfavorecidos y enriquezcan a los más ricos, creando al mismo tiempo cada vez más inestabilidad financiera. En cualquier caso, es imposible considerar que el Banco de España está defendiendo los intereses de todos los ciudadanos cuando sus directivos aparecen como simples conmilitones de la rama más radical de la patronal y de la derecha, con quienes comparte siempre la música y la letra de las propuestas económicas. El Banco de España se reputa independiente pero nunca se ha visto una coincidencia más expresa entre sus posiciones y los de la derecha económica y política. Tanto así, que ésta última incluso puede replegarse para dejar que sean sus “técnicos” y la patronal quienes actúen como mascarón de proa contra al gobierno. Estos lo debilitan y, mientras, el Partido Popular puede dedicarse tranquilamente a ganar posiciones desde la retaguardia.

No cabe esperar que cambie la posición corporativa del banco, una institución en la que la cooptación es la norma y en donde la pluralidad de pensamiento no se sabe ni lo que es. Pero cuando el banco central se convierte en un ariete contra el gobierno, al menos cabría pensar que su Gobernador tendría una mínima coherencia y que presentaría su dimisión al ejecutivo que lo propuso para el puesto.

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Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla.