Nueva Tribuna
7 de Marzo de 2009
Quién nos iba a decir a nosotros, no
hace muchos años ni tan siquiera unos meses, que íbamos a
escuchar tantas voces a favor de la nacionalización de la
banca, procedentes de dirigentes políticos y economistas
convencionales. Hace poco tiempo si a alguien se le ocurría
plantear la nacionalización de la Banca era anatemizado y
señalado como antiguo, desfasado, añorante de un pasado que
no fue mejor, economista rancio y, en definitiva, propagador
de unas ideas que conducían a la mala gestión y la
ineficacia.
Desde los años ochenta del siglo pasado y hasta hace unos
meses hemos asistido a una fiebre privatizadora con
argumentos, como se puede apreciar ahora, más que
discutibles, que se justificaban con la idea de que el
mercado funcionaba como el mejor asignador de los recursos,
mientras que, por el contrario, el Estado era un mal gestor.
El Estado -se nos decía- es el que fallaba, no el mercado.
Con la potenciación de las fuerzas del mercado se estaba
consiguiendo un elevado crecimiento económico y un progreso
jamás conocido.
Pero todo esto se ha desvanecido en tan sólo unos meses,
aunque siempre existen recalcitrantes fundamentalistas de
mercado que siguen erre que erre acusando a las malas
actuaciones del sector público como responsables en última
instancia de la crisis actual. Vulnerando los principios del
rigor académico, de la ciencia y del conocimiento, piensan
que es mejor no enmendar sus posiciones y que es la realidad
la que se tiene que adecuar a sus planteamientos. Pero lo
que tenemos ante nosotros es, más allá de una política
monetaria más o menos laxa que ha permitido el endeudamiento
creciente, un sistema bancario enfermo lleno de derivados
financieros tóxicos. Grandes Bancos que han quebrado y que
han tenido que ser rescatados por los Estados, más que por
la creciente morosidad por los títulos emitidos de elevado
riesgo y sin ningún respaldo de la economía real. La
especulación, las estafas y el incremento de la burbuja
financiera es lo que ha desencadenado la crisis actual. Todo
ello vinculado a la otra gran burbuja, la inmobiliaria.
Tenemos, por tanto, un panorama preocupante ante la
situación de una Banca enferma, a la que ha habido que
apoyar para evitar males mayores, y, en consecuencia, sin
capacidad de proporcionar créditos. Sin el lubricante del
crédito la economía real se paraliza. Ahora se plantea la
necesidad de la nacionalización para sanar a un enfermo y
poder volver a conceder créditos. En estos momentos de
quiebra del mercado, sólo queda el Estado como último
salvador de la economía, pero éste tiene sus límites, no
sólo por el déficit que se está generando, sino por ver
quién financia a éste y porque, además, con las
privatizaciones se ha quedado desarmado para actuar.
Por lo que concierne a nuestro país, las consecuencias
negativas de la privatización de la Banca las ha recordado
Naredo en un artículo en el diario “Público”. En los años
setenta la Banca pública representaba el 20% del crédito, y
todo eso se ha desmantelado, comenzando por el PSOE y
siguiendo por el PP. Esas políticas ahora se están pagando.
Las actuaciones que se han producido resultan más
preocupantes cuando leemos la conferencia que impartió
Miguel Boyer, en el año 1976, en la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona en
un ciclo en el que se exponían las propuestas económicas de
los partidos políticos de la oposición. Decía Boyer: “En el
capítulo de las nacionalizaciones que creemos deben
efectuarse, nos parece necesario, y en esto discrepamos de
algunos otros partidos que han expuesto su estrategia
económica para el futuro próximo, la nacionalización de la
gran Banca española. La gran Banca española supone una
concentración de poder político absolutamente extraordinaria
y es muy difícil que ningún Gobierno español pueda controlar
la política económica e industrial del país sin controlar la
gran Banca, salvo, claro está, que supedite los intereses
generales a los intereses particulares de esta gran Banca”
(“Programas económicos en la alternativa democrática”,
Anagrama, 1976).
Boyer siguió después con sus argumentos a favor de la
nacionalización, y habría que preguntarse qué es lo que le
pasó a Boyer en los seis años que separan aquellas
declaraciones de su cargo como ministro de Economía del
primer Gobierno socialista en la nueva democracia. Fue en
dirección contraria a lo que allí dijo, y no sólo eso sino
que se podía haber reforzado la banca pública con todos los
Bancos que quebraron en los años setenta y para los que hubo
que crear deprisa y corriendo el Fondo de Garantía de
Depósitos. Esa crisis costó varios billones de pesetas al
erario público, y todos aquellos Bancos se entregaron sin
más a los Bancos privados, una vez saneados con los
impuestos de los ciudadanos españoles. Otro tanto se podría
decir de la expropiación de Rumasa y sobre la intervención
de Banesto. Por lo que ni siquiera habría que haber
nacionalizado, sino tan sólo haber reforzado el papel de la
Banca pública que ya existía con todos los Bancos que
entraron en crisis o fueron intervenidos y saneados.
En fin, si ahora tuviéramos una Banca pública poderosa no
tendríamos que tener al Gobierno suplicando a los Bancos
privados para que den créditos, y se podría financiar a los
sectores afectados por la crisis y a las pequeñas y medianas
empresas. Los argumentos de Boyer de 1976 tienen más
vigencia que nunca. Pero los privatizadores nos han
conducido a una crisis de la que no sabemos aún las
consecuencias que pueda tener. Todo lo cual se lo debemos a
los gobiernos precedentes, y a los numerosos economistas que
han justificado una teoría económica cargada de ideología a
favor de los poderosos y en contra de los más vulnerables.
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Carlos Berzosa es
catedrático de Economía Aplicada y rector de la Universidad
Complutense de Madrid desde el 23 de junio de 2003, tras ser
Decano los catorce años anteriores de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de dicha Universidad.