No consiento que se hable mal
de Franco en mi
Juan Francisco
Martín Seco
Público 17 de Marzo de 2009
En el
pasado solía ser una de las reivindicaciones de
la izquierda. Conviene
recordar que en 1976, en
la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que
seis años más tarde sería superministro de
Economía y Hacienda, se pronunciaba
a favor de la nacionalización de la banca. Eran
los últimos coletazos de una ideología de
izquierdas que quedaría sepultada bajo el
tsunami del pensamiento único, pensamiento único
que, sin aportar razones, exclusivamente a
través de la descalificación y colgando el
cartel de desfasado a quien osase contravenir
sus dictámenes, condenaba todo lo público y
ensalzaba lo privado.
Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no
se nacionalizó la banca, sino que innumerables
entidades financieras, tras ser saneadas con
dinero público, fueron devueltas al sector
privado. Asimismo, se perdió la oportunidad de
establecer con las cajas de ahorro una banca
pública potente. Tengo que reconocer que una de
las primeras medidas que me sorprendieron y me
decepcionaron de aquel primer Gobierno
socialista con el que, de alguna manera, me
sentía implicado, fue la ley de Cajas de Ahorro,
ya que se entregaba su control a los
ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos de
impositores, que era lo mismo que concederlo a
sindicatos y partidos políticos.
La nueva ley suponía una ocasión perfecta para
crear una banca oficial fuerte, capaz de servir
de contrapeso a las entidades financieras
privadas. Por el contrario, la norma que se
aprobó disgregaba la capacidad de decisión y de
actuación del Estado en un sector tan
estratégico como el del crédito. Se perdió esta
oportunidad, pero es que además, corriendo los
años, se privatizaría la modesta banca oficial
que provenía del franquismo: Caja Postal, Banco
Exterior de España, Banco de Crédito Industrial,
de Crédito Agrícola, Hipotecario, etc., pasaron
al sector privado. Es seguro que en los momentos
presentes el Gobierno echa de menos contar con
una extensa red de entidades financieras
públicas con las que instrumentar las ayudas y
los créditos.
La actual crisis económica está demostrando algo
que en realidad todos sabíamos con anterioridad:
la importancia que el crédito tiene en una
economía moderna y los perniciosos efectos que
pueden deducirse de un mal funcionamiento de las
entidades financieras. Sólo la sustitución de la
teoría económica por un catecismo huero ha
podido conducir a aceptar sin ningún análisis
que los bancos deben ser privados. No parece que
exista ninguna razón para ello; más bien los
argumentos se inclinan en la línea contraria.
Se suele afirmar con bastante ligereza que en el
sector privado los gestores se están jugando su
propio dinero y que, por lo tanto, ponen más
interés que los burócratas nombrados por un
gobierno. Esto puede ser cierto para las pymes,
los pequeños comercios o los negocios familiares
–de ahí la irracionalidad económica de los
sistemas llamados del socialismo real, que
pretendían tener socializada toda la economía–
pero desde luego no lo es en el caso de las
entidades financieras, donde se produce un
divorcio claro entre gestión y capital y donde
la participación de los administradores en el
patrimonio de la compañía es nula o
insignificante. Uno de los factores que está
detrás de la actual crisis es que los intereses
de los ejecutivos no coinciden, por supuesto,
con los de los ciudadanos, pero ni siquiera con
los de lacorporación que dirigen.
En estas coordenadas, la afirmación de que la
cuenta de resultados es un buen termómetro de la
marcha de la empresa no se sostiene. Las
consecuencias de una mala gestión pueden
manifestarse, tal como estamos viendo, muchos
años después, cuando ya no hay remedio, y con
graves daños no sólo para la entidad que se
dirige, sino también para toda la sociedad en su
conjunto.
En contra de la banca pública se agita el
fantasma de que los intereses políticos pueden
interferir en la marcha del sistema financiero;
utilización política de las empresas, se afirma.
Pero ¿es que acaso lo evita el que sean
privadas? Hoy, intereses políticos y económicos
se amalgaman en una extraña mezcla. Políticos y
ejecutivos de las grandes compañías forman una
clase en la que los sitios se intercambian, y
más grave aún que la política condicione a las
empresas es que las empresas condicionen a la
política. Al menos el sector público está
sometido a unos controles y a una transparencia
de los que carece el sector privado, al que se
le consiente casi todo con la falsa premisa de
que se están jugando su dinero.
Hoy, paradójicamente, es el propio sector
financiero el que reclama la intervención
estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar
que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo
que el Estado les saque del atolladero y que
limpie con dinero público la basura que han ido
acumulando en sus balances. Cantidades ingentes
de fondos estatales están afluyendo a las
entidades financieras en Europa y en Estados
Unidos sin que el panorama se despeje y sin que,
lo que es más grave, el crédito llegue a las
empresas y a las familias. Incluso el propio
Banco Central Europeo está dando la voz de
alarma. ¿No habrá llegado el momento de emplear
todos esos recursos en la constitución de una
banca pública que nos libre de situaciones
similares? Concretamente, en nuestro país, ¿no
sería la ocasión de nacionalizar las cajas de
ahorro dándoles una unidad de acción y
librándolas de las banderías e intereses
provincianos?
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Juan Francisco Martín Seco es Economista
