Madrid insiste, nuevamente por
boca del juez Garzón, en que los
encarcelamientos que se suceden
alarmantemente en Euskadi no
tratan de asfixiar las ideas
sino de castigar una connivencia
criminal. ¿Pero ante qué tipo de
crimen estamos? Vayamos por
pasos. Los posibles líderes de
Demokrazia Hiru Milloi son
culpables, según el juez, de
resucitar los propósitos de
Batasuna, partido condenado a la
desaparición por sentencia del
Tribunal Supremo español, que lo
cree banda criminal en su
totalidad. Por consiguiente
Batasuna, según insisten
políticos y magistrados, no fue
expulsada del ámbito público por
sus ideas sino por ser parte de
una organización armada. Claro
que esto habría que probarlo con
hechos y no con elucubraciones
intelectuales. Mas apoyando el
pie en un discurso espeso y
especioso, los magistrados
insisten en que Batasuna no es
depositaria de una estructura
ideológica sino que constituye
un polvorín.
Pero ciertamente, ¿qué ha
pretendido siempre Batasuna?
Pues la independencia de
Euskadi. Para eso ha ido a las
elecciones y trabajado en la
calle. Es decir, un ejercicio de
puro rango político. Lo otro hay
que demostrarlo con piezas
tangibles, pero el juez ha
decidido, mediante un teórico e
innovador mecanismo
inductivo-deductivo -operado
sobre todo por la Guardia Civil-
que toda aspiración a la
independencia de Euskadi,
protagonícela quien sea, está
repleta de ETA. Es más, si un
miembro de Batasuna ejerce la
violencia contamina a toda la
organización, que es convertida
en delincuente colectivo.
Novedad en el Derecho: los
delincuentes colectivos. Por
tanto, en virtud de esta
asignación extensiva de la
culpabilidad, cualquier
independentista queda afectado
de terrorismo por contagio
aéreo, como si se tratara de una
gripe.
En resumen, promover la
independencia equivale a una
acción armada. El proceso de
infestación es el siguiente: ETA
encuadra a Batasuna y la
vampiriza, y Batasuna fomenta
D3M, que se transforma, sin más,
en ETA, tras ser mordida en la
yugular por los «batasunos».
¡Pero el terrorismo -sin entrar
en su confusa definición, que
por ahora es múltiple- necesita
ser demostrado con pruebas
materiales! ¿Y qué pruebas hay
de que Batasuna y D3M sean
terroristas? Pues ahí empieza la
elucubración evanescente: la
prueba radica en que Batasuna y
D3M coinciden con ETA en el
objetivo político, que es la
independencia vasca.
Luego si el etarra mata, el
batasuno mata por afinidad
ideal. Mas, rebus sic stantibus,
cabe hacer una observación:
¿acaso no son independentistas
determinados peneuvistas o
afiliados a Eusko Alkartasuna?
¿Y matan esos peneuvistas y esos
«alkartasunos»? Parece ser que
no.
Los tribunales de Madrid
defienden, no obstante, la
identidad de etarras y «batasunos»
mediante el concepto del «todo
orgánico». No vale que D3M
decida actuar en un estricto
plano político, que es lo que
Madrid exige teóricamente para
aceptar a las formaciones que
propongan la independencia. El
juez ha decidido establecer una
identidad terrorista basada, por
ejemplo, en las equivalencias de
lenguaje. Merced a esta
equivalencia, ese lenguaje es
similar a una acción bélica: el
que habla como ETA respecto a la
independencia vasca también
dispara como ETA. La lógica
tiene aire de conclusión de
barra de café tras una noche
insomne. No importa que el más
sano Derecho Penal sostenga que
las ideas no delinquen sino que
delinquen las personas. Cosa
esta última que, además, no debe
ser probada inductiva o
deductivamente sino
taxativamente. Para apreciar un
crimen se precisa un muerto, un
arma y un nexo causal. Pero he
aquí que las ideas son juzgadas
como armas físicas a fin de
aplicar conveniente y
rotundamente la ley.
En consecuencia -así lo estiman
el Gobierno central y sus
tribunales-, las ideas equivalen
a herramientas materiales del
delito. Atendamos con buen oído
esta aseveración: el juez afirma
que D3M es «la opción de la
izquierda abertzale». Y la
opción es, ya, el delito, que
apuntalan la Guardia Civil y la
Policía Nacional, que son las
organizaciones armadas del
Estado a cuyo cargo corre, como
ya hemos señalado, alimentar la
doctrina intelectual para
orientar a los tribunales.
El juez, siguiendo la estela
policial, se adentra en el
laberinto mental y presenta
pruebas: frases interpretadas,
amistades de zona o situación,
pareceres, generalizaciones.
Pero insistamos: ¿hay algo en
ese discurso independentista que
equivalga a la posesión de armas
o que demuestre la participación
en acciones bélicas? ¿Ha actuado
armadamente la izquierda
abertzale? No, pero constituye
el soporte de ETA. ¿Y cómo
soporta el soporte? Pues
mediante el discurso
independentista.
La teoría del soporte tiene
resonancias teológicas
integristas. El juez insiste una
y otra vez en «un todo
orgánico». Es como si el GAL
fuera parte del todo orgánico
socialista. La diferencia está,
sin embargo, en que el PSOE se
ha redimido del GAL como de un
exceso pasional producido por la
guerra santa en defensa de la
unidad española. Y esta
finalidad defensiva, que es
bautismal, limpia y da esplendor
al Partido Socialista y a su
trépano vasco, el PSE. Ahí hay
un todo orgánico indudablemente,
pero salutífero ¿Cuál es, pues,
la única diferencia,
jurídicamente hablando, entre
los socialistas y los abertzales
de izquierda desde el horizonte
argumental del «todo orgánico»?
Sencillamente, que los
socialistas no están prohibidos
y Batasuna, sí. ¿Y quién
prohibió a Batasuna y, con ello,
a sus seguidores hasta
convertirlos en criminales?:
pues los socialistas.
El enredo cobra tintes
endemoniados de una lógica
sacristana. A es a B como B es a
C, luego C es a A. Este tipo de
silogismo fue el que usó «La
Codorniz» ante una de las
suspensiones de que fue víctima
en tiempos de la dictadura:
«Bombín es a bombón como cojín
es a X» Lo que finalizaba con el
resultado de que a «La Codorniz»
le importaba 2X la persecución
de que estaba siendo objeto. Mas
llegados aquí uno se pregunta,
acosado por estos torpes
malévolos: ¿pero por qué ocurre
todo esto, tan elemental y
áspero? Vamos a cavilar alguna
cosa acerca de la impotencia
política que subyace al
embeleco.
Lo que motiva la visible torpeza
de los gobiernos actuales para
resolver las guerras entre
instituciones y sectores
desposeídos de toda posibilidad
de razón es la impotencia
comprobable de las instituciones
para construir un ámbito común
dialéctico. La torpeza clamorosa
para resolver los problemas en
el marco institucional lleva a
los Estados y sus beneficiarios
a producirse con una violencia
provocativa y continuada,
material y moral. Y
consecuentemente, la creciente
concienciación popular ante
estas injusticias
institucionales produce, a su
vez, la violencia de respuesta,
que no siempre tiene una medida
precisa, porque no se puede
pedir al dominado lo que el
dominador es incapaz de lograr
para sí mismo: prudencia y
juicio sereno.
El resultado de esta situación
de inestabilidad y dolor se
resuelve por las instituciones
construyendo un diseño moral
según el cual los que gobiernan
son justos y demócratas y los
que se sublevan contra la
injusticia son gentes asesinas,
viciadas por una criminalidad de
tipo antropológico.
Es decir, estamos en un proceso
de putrefacción del modelo
social vigente, cuyos dirigentes
se ven carcomidos por una
impotencia radical para crear
otro modelo más humano y justo.
Y esa impotencia, derivada de un
aferramiento a intereses
espurios, lleva a corromper el
espíritu de las leyes hasta
desnudarlas de toda verdad en
nombre de una falseada prudencia
de cuyos usuarios dice Mauriac
que llevan «esta prudencia hasta
los confines de la cobardía». Y
en ese límite están la sangre y
la injusticia.
No
consiento que se hable mal de Franco en mi