La discusión
relativa al proceso de Bolonia choca frontalmente con un
obstáculo: pese a que sobran las razones para concluir
que el proceso en cuestión arrastra demasiados elementos
conflictivos, nuestros gobernantes han decidido que su
aplicación es inexcusable.
Si desde hace
tiempo la UE está empeñada en asumir ambiciosas
pulsiones de mercantilización y privatización, a duras
penas cabría imaginar que la enseñanza universitaria
quedase al margen de aquellas. Bolonia es hoy la punta
de lanza principal al respecto. Mientras, por un lado,
reclama una presencia creciente de las empresas en la
universidad, por el otro apuesta por activas políticas
de reducción del gasto público.
Si lo primero es inquietante –tanto más para quienes
pensamos que en las sociedades opulentas hay que reducir
la producción y el consumo al tiempo que se desarrollan
la vida social y el ocio creativo–, lo segundo configura
una agresión contra viejas políticas redistributivas,
como lo testimonian la sustitución de becas por créditos
o el encarecimiento general de los estudios que bebe del
nuevo sistema de posgrados (aunque estos tengan precios
públicos, los títulos de grado que se alcanzarán con
anterioridad tendrán un valor menor, con lo que la
obligación de cursar posgrados se traducirá en un
encarecimiento inevitable de la inversión necesaria para
rematar los estudios).
Hay otra cara
de la cuestión a la que apenas se presta atención: si el
proceso de Bolonia se aprobó en un momento de bonanza
económica, su aplicación coincide con una etapa de
crisis y recesión. Esto es más importante de lo que
pueda parecer, por cuanto pone en un brete el despliegue
de los elementos saludables –alguno hay– que el proceso
acarrea. Así, el establecimiento de límites en el número
de alumnos por grupo debería traducirse, por fuerza, en
un incremento sensible en el número de profesores. Nada
más lejos, sin embargo, de una realidad llamada a
convertirse en un poderoso estímulo para la explotación
de los docentes peor pagados y de los becarios, en
contra de la excelencia que se preconiza. Es probable
que, si hasta ahora las protestas contra Bolonia han
sido protagonizadas por estudiantes, en adelante se
sumen a ellas muchos profesores inquietos por las
consecuencias, esperables, de su aplicación. Hay quien
agregará que los partidarios acérrimos de Bolonia
deberían preguntarse si esas empresas cuya presencia en
la universidad añoran, ocupadas hoy en menesteres más
prosaicos, no le van a dar ostentosamente la espalda.
Ni siquiera
cabe dar por demostrado el buen sentido de muchos de los
cambios que deben introducirse en el sistema de
enseñanza. El carácter uniformizador de esos cambios –la
presunción, por ejemplo, de que la proliferación de
seminarios y clases prácticas mejorará la formación de
los alumnos– merece una discusión que se ha esquivado de
la mano de la aceptación resignada de lo que viene de
arriba. En tales condiciones, y aunque la demanda de una
moratoria en el despliegue del proceso acarrea algún
elemento de racionalidad, lo suyo es que nos preguntemos
si, frente a la aplicación manu militari que han
postulado hasta ahora nuestros gobernantes, no se impone
discutir, en serio, y desde el principio, qué modelo de
universidad y qué modelo de sociedad queremos.