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No consiento que se hable mal de Franco en mi

 presencia. Juan  Carlos «El Rey»   


 

Un juzgado valenciano falla que el delito cometido en 1936 ha prescrito pero la familia de Niceto Alcalá-Zamora lo recurre
 

Los documentos pertenecientes a Niceto Alcalá-Zamora interceptados por la Guardia Civil en Valencia en diciembre pasado han desencadenado una auténtica disputa judicial. A los herederos del primer presidente de la II República española, que denunciaron el robo de los documentos de una caja de seguridad del banco Crédit Lyonnais en Madrid en 1936-37, se le ha sumado el último propietario de los más de 1.200 'papeles' -un empresario valenciano-, el Ministerio de Cultura y hasta el Patronato Alcalá-Zamora, con sede en la localidad cordobesa de Priego, de donde era originario el político republicano.

 

Será el titular del juzgado valenciano que dirige la causa quien tendrá que decidir si hay fundamento para investigar la desaparición, hace 70 años, de importantes documentos sobre la historia de España o no. Por el momento, parece que pesa más esta última opción ya que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes próximas a la familia Alcalá-Zamora, un auto judicial ha ordenado el archivo de la causa.

 

Pero ni mucho menos supone el cierre del proceso para esclarecer cómo salieron del citado banco los informes -entre ellos, actas de los resultados electorales de 1936 ganados por el Frente Popular o datos del traslado de tropas en la revolución de Asturias (1934)-. El abogado de la familia Alcalá-Zamora ha recurrido la decisión judicial porque entiende que sí está vigente un delito de receptación, es decir, vender unos bienes que han sido adquiridos ilegalmente. Además, ha solicitado que se acepte la personación de la familia en la causa para no persistir en la «indefensión» de los sucesores del político.

El robo de los 'papeles' de la República, sin solución

Niceto Alcalá-Zamora. / LP

 

Pese a archivar provisionalmente el caso, el juez se ha negado a devolver el material incautado al empresario valenciano que intentó venderlo, según las investigaciones policiales que originaron la operación. El empresario, según fuentes de la investigación, aseguró que había heredado el material tras el fallecimiento de su padre. Los documentos permanecen bajo custodia de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que está analizando los fondos para determinar, entre otras cosas, si son de carácter público o privado, explicaron fuentes próximas al caso. De ello depende el futuro de los 'papeles', que por el momento no se moverán de la sede gubernamental. De hecho, la semana pasada el Senado rechazó una moción del PP para trasladar los fondos a la Academia de Historia, de la que es miembro uno de los nietos del ex presidente republicano.

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