Un juzgado valenciano falla que el delito cometido en 1936
ha prescrito pero la familia de Niceto Alcalá-Zamora lo recurre
Los documentos
pertenecientes a Niceto Alcalá-Zamora interceptados por
la Guardia Civil en Valencia en diciembre pasado han
desencadenado una auténtica disputa judicial. A los
herederos del primer presidente de la II República
española, que denunciaron el robo de los documentos de
una caja de seguridad del banco Crédit Lyonnais en
Madrid en 1936-37, se le ha sumado el último propietario
de los más de 1.200 'papeles' -un empresario
valenciano-, el Ministerio de Cultura y hasta el
Patronato Alcalá-Zamora, con sede en la localidad
cordobesa de Priego, de donde era originario el político
republicano.
Será el
titular del juzgado valenciano que dirige la causa quien
tendrá que decidir si hay fundamento para investigar la
desaparición, hace 70 años, de importantes documentos
sobre la historia de España o no. Por el momento, parece
que pesa más esta última opción ya que, según ha podido
saber LAS PROVINCIAS de fuentes próximas a la familia
Alcalá-Zamora, un auto judicial ha ordenado el archivo
de la causa.
Pero ni mucho
menos supone el cierre del proceso para esclarecer cómo
salieron del citado banco los informes -entre ellos,
actas de los resultados electorales de 1936 ganados por
el Frente Popular o datos del traslado de tropas en la
revolución de Asturias (1934)-. El abogado de la familia
Alcalá-Zamora ha recurrido la decisión judicial porque
entiende que sí está vigente un delito de receptación,
es decir, vender unos bienes que han sido adquiridos
ilegalmente. Además, ha solicitado que se acepte la
personación de la familia en la causa para no persistir
en la «indefensión» de los sucesores del político.
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Niceto
Alcalá-Zamora. / LP
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Pese a archivar
provisionalmente el caso, el juez se ha negado a devolver el
material incautado al empresario valenciano que intentó
venderlo, según las investigaciones policiales que
originaron la operación. El empresario, según fuentes de la
investigación, aseguró que había heredado el material tras
el fallecimiento de su padre. Los documentos permanecen bajo
custodia de la Dirección General de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, que está analizando los fondos para
determinar, entre otras cosas, si son de carácter público o
privado, explicaron fuentes próximas al caso. De ello
depende el futuro de los 'papeles', que por el momento no se
moverán de la sede gubernamental. De hecho, la semana pasada
el Senado rechazó una moción del PP para trasladar los
fondos a la Academia de Historia, de la que es miembro uno
de los nietos del ex presidente republicano.
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