Companys,
proceso a la libertad
Miquel Caminal
El Periódico
15 de Octubre de 2009
Lluís Companys
es el ejemplo más cruel de la represión franquista contra los
republicanos y contra los catalanes. Fue detenido el 13 de
agosto de 1940 por la Gestapo en la Francia ocupada por los
nazis, siguiendo las indicaciones de las autoridades
franquistas. Es el único presidente democrático detenido por el
fascismo internacional, entregado a la dictadura franquista y
vilmente asesinado en la madrugada del 15 de octubre en el
castillo de Montjuïc. Fue, en efecto, un asesinato, después de
un consejo de guerra sumarísimo con todas las irregularidades y
falsedades imaginables. Los propios verdugos tenían miedo de sí
mismos, tenían que cumplir lo más rápido posible la orden
taxativa de Franco: matar a Companys, como
venganza y escarmiento sobre una población ya vencida por el
miedo. La dictadura franquista mostraba así su cara más
terrorista, y ejecutaba a conciencia un juicio político contra
Catalunya, contra la República y contra la libertad, por medio
del fusilamiento del president de la Generalitat de
Catalunya. |
El recuerdo del ‘president’
no necesita la anulación del consejo de guerra, pero la democracia, sí |
Companys Es, simbólicamente,
el primer preso y el primer inmolado por Catalunya y por la República.
Su detención, maltrato, vejación y condena a muerte expresan la
implacable represión franquista contra decenas de miles de catalanes
demócratas, contra centenares de miles de republicanos españoles. Todos
ellos sometidos a persecución por sus ideas, por su fidelidad a la
legalidad republicana. La dictadura franquista continuó la guerra hasta
el final, hasta el mismo 20 de noviembre de 1975. Porque quien se impone
mediante la violencia y permanece en el poder sirviéndose de ella no
tiene nunca legitimidad para proclamar la paz. El homenaje a los
represaliados políticos del franquismo, que organiza el Govern de la
Generalitat, mediante el Memorial Democràtic, hoy, en el Palau Sant
Jordi, es un simbólico reconocimiento a todas las personas que
comprometieron su vida con las libertades republicanas y nacionales
catalanas, que sufrieron represión y privación de libertad, que hicieron
posible con su compromiso moral y político que un día como hoy
pudiésemos, los ciudadanos y las instituciones de Catalunya,
agradecerles su dignidad ética en aquellos tiempos de oscuridad. La
democracia y el autogobierno actuales son fruto de su pasado de lucha y
de resistencia.
Pero no se ha hecho lo suficiente, a pesar de que han pasado ya más de
30 años desde la aprobación de la Constitución de 1978. El franquismo
todavía tiene residuos en los poderes públicos, en los medios de
comunicación, en las actuaciones judiciales. ¿Es comprensible que hayan
pasado tantos años y no se hayan anulado aún las sentencias franquistas
dictadas por tribunales de excepción? ¿Es aceptable que todavía los
poderes públicos del Estado democrático no hayan actuado con la
diligencia exigible, con tal de hacer justicia y reparación a las más de
115.000 personas desaparecidas durante la guerra civil y los primeros
tiempos de la represión fascista? ¿Podemos mantenernos en el silencio
sin exigir la anulación del consejo de guerra sumarísimo contra el
president Companys? El silencio impuesto por el terror en
aquella madrugada del 15 de octubre de 1940 debe transformarse en un
grito de libertad, que llegue a toda la ciudadanía, que exija la total y
absoluta condena y liquidación del pasado franquista.
Todos y cada uno de los tribunales de excepción, todas y cada una de las
sentencias de excepción contra los derechos fundamentales que la
Constitución española de 1978 declara, regula y garantiza tendrán que
ser anulados tarde o temprano. Es un deber moral y constitucional que
tienen los poderes públicos del Estado democrático, y muy
particularmente el Poder Judicial y las Cortes Generales. La declaración
de reparación y reconocimiento del president Companys, que
ayer entregó en México el ministro de Justicia a la nieta Maria
Lluïsa Gally, debe ser un paso hacia la anulación del consejo de
guerra.
El artículo 3 de la conocida como ley de memoria histórica (ley 52/2007
de 26 de septiembre) declara ilegítimos los tribunales, jurados y
cualquier otro órgano penal o administrativo que se hubiesen constituido
para imponer condenas por motivos ideológicos, políticos o de creencia
religiosa. Al tiempo que declara, en todo caso, la ilegitimidad del
Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, de los tribunales
de responsabilidades políticas, consejos de guerra y Tribunal de Orden
Público, así como se declaran ilegítimas las condenas y sanciones
dictadas por estos tribunales. La declaración entregada por el
Ministerio de Justicia concreta esta ilegitimidad en el caso de Lluís
Companys. La anulación de las sentencias contra el president
de la Generalitat de Catalunya tiene que ser la lógica consecuencia de
ello.
AHOra bIEN, el honor del president Companys no es preciso
restituirlo. Su compromiso social y político con los trabajadores, junto
a Francesc Layret y Salvador Seguí, su lucha por las
libertades republicanas y nacionales de Catalunya, su total implicación
en la defensa de la Segunda República y de la Generalitat de Catalunya
hasta sacrificar su propia vida ponen su nombre en uno de los lugares de
mayor honor y ejemplo de la historia de Catalunya. El recuerdo de
Lluís Companys no necesita la anulación del consejo de guerra, pero
la democracia sí lo necesita. Solo así la libertad reemprende el vuelo
sobre la muerte de la dictadura.
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Miquel Caminales
Director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. |