Puedo
entender que el Gobierno "gestione" en Salamanca la
información que en su momento entregaron las diferentes
administraciones requeridas por Garzón, pero la procedente
de personas particulares, entidades, organizaciones y
asociaciones, todas ellas de carácter privado, son producto
de años socializando la memoria, y también los archivos, de
miles de personas, la mayoría de ellas familiares de las
víctimas.
La iniciativa que
yo coordino en nombre de CGT. A (www.todoslosnombres.org)
entregó más de 22.000 nombres de asesinados (fusilados)
procedentes de Andalucía, Extremadura y norte de África,
producto de miles de horas de trabajo en archivos de las
administraciones -registros civiles, archivos militares y
municipales, etcétera- y, sobre todo, de la aportación
voluntaria de más de 250 colaboradores de toda España
(investigadores, historiadores, archiveros...), y sin
autorización expresa de ellos en ningún momento "donaremos"
esa información. Otra cosa es que la "expropien" como ya
hicieron otros con los papeles y con los cadáveres desde
1936 a 1975, que es lo que tratamos de corregir intentando
aplicar verdad, justicia y reparación.