DIAGONAL: A más
de 30 años de la aprobación de la Constitución,
¿cree que se debe reformar?
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN: Por razones de
incumplimiento yo no tocaría ningún artículo.
Por razones de actualización, sí. Se hizo una
Constitución saliendo de 40 años de dictadura.
Muy pocos países han sufrido este fenómeno. Ni
Alemania ni Italia tardaron tanto tiempo en
vencer a Hitler y Mussolini, con ayuda
extranjera, claro está. Tardamos 40 años en
derrotar al Franquismo y aún sigue intacto. Me
preocupa que el Franquismo esté tan arraigado en
muchas capas de la sociedad. En la Constitución
hay que cambiar aquellas cosas que no se
pudieron cambiar entonces, por ejemplo la forma
de Gobierno. La monarquía ha ejercido su papel.
No propugno su derrocamiento, sino suscitar un
debate. También hay que reestructurar el caos
que se produjo con las autonomías, el famoso
café para todos. Estamos ante un Estado federal
pero no constitucionalmente federal.
D.:
¿Qué supuso la Ley de Amnistía?
J.A.M.P.: Se utilizó como una operación
quirúrgica para romper con el pasado, pero
muchas veces las operaciones supuran. En abril
de 1977 se firman los tratados internacionales
sobre derechos civiles. La Ley de Amnistía, de
octubre de 1977, emplea una terminología
insólita en el marco del derecho internacional.
Habla de ‘delitos de intencionalidad política’.
Ese concepto no existe. Mientras, el artículo 10
de la Constitución se refiere a los tratados
internacionales firmados por España y ninguno
habla de delitos de intencionalidad política.
Son crímenes contra la humanidad o crímenes de
guerra. La amnistía fue una vergonzante
transacción, que no una transición, con las
fuerzas de la dictadura que querían un cheque en
blanco. Eso no ha pasado en ningún país. Nos
hemos convertido en los adalides de la
jurisdicción universal: Pinochet, Scilingo,
Guatemala, etc., y cuando los jueces viajamos a
Latinoamérica tenemos que recibir el mismo
reproche: “Ustedes tanto presumir de
jurisdicción universal y su país ha vulnerado
completamente lo que predican”. Otros van más
allá: “¿Es que se creen ustedes que son los
colonialistas de estos países?”.
D.:
Hemos asistido a un recorte de la jurisdicción
internacional en el Estado español, ¿le
preocupa?
J.A.M.P.: Sí. Ha habido un recorte. Una
vuelta a la extraterritorialidad de la ley
penal, eso es del siglo XIX. La Jurisdicción
Internacional había dicho con sencillez, al
darnos la razón en el caso de Guatemala, que “o
es universal o no es universal”. Eso vale para
todos los casos y lugares. Las Cortes son
soberanas y ellos sabrán. Pienso que detrás se
esconden intereses económicos, no sólo en
Palestina, también en China con las
multinacionales que hay implantadas allí.
D.:
¿Por qué cuando Garzón intenta investigar el
Franquismo es acusado de prevaricación?
J.A.M.P.: Es una patología alarmante. El
caso de Garzón está en mi sala, y se están
aplicando conceptos ya superados como la
prescripción o la amnistía española, al margen
del Pacto Internacional de Derechos Civiles, que
España ha incumplido de forma clamorosa. Los
jueces españoles, nos guste más o menos, tenemos
que aplicar los tratados internacionales por
imperativo legal.
D.:
Hay denuncias sobre el robo de niños en el
Franquismo a madres con y sin filiación
política. De estos últimos se ha hablado menos
pero, ¿deben ser juzgados los culpables?
J.A.M.P.:Sí, claro. Es un tema delicado,
tiene muchas aristas. Es un crimen que se
persiguió en Argentina y que se debe restituir.
Había que ‘redimir a esos niños’, llevarles al
‘redil’. Las teorías de Vallejo Nájera están ahí
escritas mal que les pese a algunos. Arrebatar
los niños en su momento histórico fue un crimen
contra la humanidad.
D.:
¿Cómo es posible que tras 70 años miles de
personas sigan en las cunetas y gran parte de la
judicatura se niegue a recuperar los cuerpos?
J.A.M.P.: Alemania declaró la nulidad
absoluta de las leyes y los juicios nazis. Aquí
familiares de víctimas han pedido la nulidad por
la vía de la revisión de los consejos de guerra
franquistas. La respuesta de la Sala Quinta de
lo Militar del Tribunal Supremo ha sido
desestimar la revisión con un argumento que
viene a decir que no se observa ninguna
ilegalidad, porque se aplicó la ley vigente. La
legalidad franquista. Si a un juez alemán se le
ocurre hoy no anular un juicio porque la
legalidad vigente era la nazi, lo echan de la
carrera y tiene problemas penales.
D.:
¿Es usted un magistrado raro?
J.A.M.P.: Sí. Cada vez más, tengo la
sensación de serlo. Bueno, hay mucha gente en la
misma línea.
"El derecho penal debe luchar contra el cambio
climático”
D.:
Siempre se ha mostrado preocupado por el medio
ambiente, ¿Por qué?
J.A.M.P.: Los delitos contra el medio ambiente
se han convertido en una forma de delincuencia.
Unos producen un daño directo e inmediato, otros
a largo plazo. La preocupación por reprimirlos
de forma penal surge a partir de la catástrofe
de Bhopal (India), que causó 30.000 muertos.
Después, Chernóbil, un crimen como el de la
bomba atómica. También hay conductas menos
espectaculares que día a día dañan el medio
ambiente. Por eso, es necesario utilizar el
derecho penal para luchar contra el cambio
climático: emisión de gases contaminantes a la
atmósfera, a los acuíferos; el urbanismo
desenfrenado.
D.:
¿Quienes son los verdaderos piratas de la pesca?
J.A.M.P.: Desde el punto de vista medioambiental
se están esquilmando los caladeros, pero este
debate no justifica asaltar un barco. La pesca
no se ha tratado suficientemente ni en la UE ni
en la ONU. Además, hay otros factores, como la
sobreexplotación, el depósito de sustancias
radioactivas en las costas de Somalia, etc.
D.:
¿Se podría aprovechar la crisis para repensar el
modelo de sociedad?
J.A.M.P.: En el urbanístico es incuestionable.
Muchos pueblos se han convertido en algo
parecido a un monumento funerario. Las casas
están vacías y llenas de rejas.
La
ocupación de primeras líneas de playa con
edificios de ocho y nueve plantas ha sido un
disparate. Se debe pagar penal y económicamente.
La crisis demuestra que este ritmo insaciable ya
no se puede seguir. Sería el momento de hacer
una deconstruccion sostenible. Pero en este país
no pasa nada, no se derriba ningún edifico,
salvo que sean casas de pescadores.
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José
Antonio Martín Pallín es magistrado y
ex fiscal del Tribunal Supremo
Fuente:
http://www.diagonalperiodico.net/El-Franquismo-aun-sigue-intacto.html