Las leyes están para cumplirlas,
pero nos hayamos ante una sociedad donde se han
destacado gloriosas deslealtades, pues parece que las
administraciones solo sirven y son loables cuando son
nuestras. Cuando son ocupadas por otros, todo vale para
desprestigiarlas. Estas actitudes atosigan el sistema y
lo hacen ineficaz. Y esa lección deberíamos conocerla de
memoria.
Esto entronca con la cultura del
guerra-civilismo como patrón imperante en el pensamiento
político y social de algunos. La transición nos debería
haber ayudado a superar determinadas actitudes, pero
presenta disfunciones, por ejemplo, responder a ¿Cuál
debe ser nuestra relación con el pasado?
La transición debía ser la
solución a unos enfrentamientos recurrentes que nacerían
desde el mismo momento fundacional de España. Un lugar
común donde podríamos vivir todos, pero eso no es así
para algunos empecinados en legitimar el franquismo.
Desde el inicio de la democracia, se ha demandado un
trato que igualara a todos los compatriotas que se
vieron envueltos en la guerra civil y que sufrieron la
represión inherente a toda dictadura.
Se producen dos problemas que
quisieron solucionarse con el olvido. El primero, la
rehabilitación de los que habían pertenecido al bando
perdedor y legal. El segundo, que la democracia no podía
levantarse sobre los pilares de una dictadura. Podía
hacerlo sobre sus cenizas o en otro solar, pero no sobre
un régimen que obvió los derechos fundamentales de las
personas y utilizó toda la fuerza, no ya para ganar una
guerra, sino para mantenerse durante cuarenta años por
la gracia de dios. El régimen democrático ha ido creando
mecanismos para paliar el déficit que tenemos con los
que defendieron el estado democrático antecesor. Como
las víctimas fueron muchas, se han tenido que ordenar
medidas compensatorias, pues las víctimas del bando
sublevado participaron de los beneficios de la victoria
y el diferencial era excesivo.
Al ser un país europeo, tenemos la
obligación de conocer los procesos políticos que nos
llevaron a la gran guerra, tras la antesala española,
incluidos los que sufrieron las dictaduras estalinistas.
Todos se han ido desprendiendo de monumentos y placas
con la ilusión de forjar un continente donde su primera
virtud es la permanencia de la libertad, la igualdad y
avanzar hacia la justicia social. Todos estos países han
desarrollado políticas públicas de la memoria para
inocularse del totalitarismo. España no debe ser
diferente. Todos estos esfuerzos querían verse
consagrados en una Ley, que pretende reunir los últimos
retales perdidos y cerrar las heridas que aún mantenemos
tras treinta años de constitución
monárquico-democrática, pero no.
El gobierno municipal de Mota del
Cuervo, en aplicación de la Ley 52/2007 retira la cruz
de los caídos de esa población manchega. Y la ley ha de
cumplirse. La oposición y el obispo han denunciado al
ayuntamiento. Las personas que de buena fe se oponen a
su retirada, deben saber que no están haciéndole un
favor a la iglesia, pues no se retira una cruz, se
retira un símbolo político que exalta la sublevación
militar y la Guerra Civil. Esas cruces han sido
retiradas de muchos pueblos por los propios creyentes
con su párroco al frente. Su presencia no ayudaba a la
reconciliación y ese es uno de los pilares fundacionales
de la transición: que todos podemos vivir bajo un mismo
techo y que ese techo se funda en la democracia. Estamos
ante un símbolo político que adopta la forma de cruz,
pues tenía labrados los símbolos de una organización
política y no debería haberse permitido, pues si la
Iglesia es una organización social, no debe albergar
unos u otros símbolos y, menos, identificarse con ellos.
El guerra-civilismo es una de las
herencias del pensamiento franquista. Los que
selevantaron contra la República, lo hicieron contra un
sistema democrático y lo sustituyeron por otro que nunca
lo fue. En aplicación de la Ley, si la iglesia presenta
batalla, debería nuestro estado retirarle las
subvenciones que recibe e identificar a aquellos que se
oponen a la limpieza de vestigios de la dictadura, como
personas que no están conformes con el sistema
democrático, donde las leyes han de cumplirse y nos
asisten a todos. El propio sistema establece la forma de
modificar las leyes. La democracia es un proceso que se
reconstruye cada día. Seamos generosos con ella.
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Pedro Peinado Gil
Presidente de La Gavilla
Verde