Luz sobre
los consejos de guerra de Franco
Texeira
Constenla / Miguel González
El País 17 de
Marzo de 2009
Defensa
pone en marcha un plan piloto de archivos - 400.000 expedientes,
entre ellos los juicios sumarísimos de 1938 a 1945, se
restaurarán y digitalizarán
"Preguntada dónde le
sorprendió el Glorioso Movimiento, dice que le sorprendió en
esta localidad. Preguntada para que manifieste si es cierto que
durante el dominio rojo penetró en el convento de las hermanas
carmelitas y se llevó una lámpara que había en el altar y una
fotografía de las religiosas, dice que la lámpara la llevó al
hospital y la fotografía la entregó a una vecina".
"Preguntada dónde le
sorprendió el Glorioso Movimiento, dice que le sorprendió en
esta localidad. Preguntada para que manifieste si es cierto que
durante el dominio rojo penetró en el convento de las hermanas
carmelitas y se llevó una lámpara que había en el altar y una
fotografía de las religiosas, dice que la lámpara la llevó al
hospital y la fotografía la entregó a una vecina".
No todos tuvieron la
suerte de esta mujer de Benicarló (Castellón) a la que un
consejo de guerra condenó a seis años de cárcel, el 30 de enero
de 1942. Por ejemplo, el padre de un diputado de UCD en la
primera legislatura democrática, que era teniente de la Guardia
Civil en 1936, fue ejecutado sólo porque se le consideró
sospechoso de "ideología confusa".
Sus historias figuran
en algunos de los 20.000 legajos, unos 400.000 expedientes,
millones de páginas, en los que se describe, con lenguaje
burocrático y leguleyo, una de las etapas más negras de la
historia de España: la represión despiadada que siguió a la
Guerra Civil. La mayoría son procedimientos sumarísimos,
instruidos entre 1938 y 1945, por los Juzgados Togados Militares
Territoriales números 11, 12 y 13, con sede en Fuencarral
(Madrid) y Valencia, con jurisdicción sobre Extremadura,
Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana. Aunque
también hay procedimientos que llegan hasta 1980.
Al socaire de la Ley
de la Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa ha trasladado
estos documentos al nuevo Archivo General Histórico de Defensa,
que ocupa dos naves del cuartel Infante Don Juan, en el
madrileño paseo de Moret, para poner en marcha un proyecto
piloto de restauración y digitalización de archivos militares.
El traslado de los legajos a Madrid ha generado una marejada
política en Valencia o Castellón, donde su retorno se ha
convertido en una reivindicación compartida por todas las
instituciones y partidos, en lo que parece una reedición de la
disputa por los papeles de Salamanca.
Álvaro
Martínez-Novillo, funcionario del cuerpo de conservadores de
Museos y subdirector de Patrimonio Histórico-Artístico de
Defensa, afirma que su único objetivo es salvar un fondo
documental en grave peligro y hacerlo accesible a los
investigadores.
El PAÍS ha podido
comprobar que muchos de los expedientes están seriamente
dañados, con páginas que se desintegran al tocarlas y otras
ilegibles por la descomposición del papel y la tinta. Muchos de
ellos son documentos almacenados en los sótanos de la Capitanía
General de Valencia, que se inundaron por el desbordamiento del
Turia de 1957, e incluso conservan aún manchas de barro. Aunque
los legajos de Castellón estaban mejor conservados, carecían de
medidas de seguridad (sistema contra incendio o control de la
humedad) y de normas modernas de clasificación y acceso.
El problema, como
explica Martínez-Novillo, es que los archivos de los juzgados
militares, por su carácter judicial, quedaron al margen del
reglamento de archivos militares de 1998; y, por el castrense,
fueron excluidos del decreto de modernización de archivos
judiciales de 2003. Debido a esta doble exclusión, nadie se ha
ocupado de ellos.
En teoría, el permiso
para acceder a un expediente judicial lo concede, caso por caso,
el tribunal competente, según el interés del solicitante (si es
familiar directo del afectado) o el tiempo transcurrido (en el
caso de investigadores). En la práctica, impera la
arbitrariedad, ya que los juzgados militares carecen de personal
especializado y tienen bastante con ocuparse de los asuntos de
trámite. Esta situación ha servido de caldo de cultivo para
picarescas como la de un funcionario del tribunal militar de
Sevilla, ya fallecido, que vendía copias de expedientes.
El ministerio que
dirige Carme Chacón se propone aprobar un nuevo reglamento que
clasifique los archivos militares en cuatro categorías: de
gestión (para expedientes abiertos); centrales (con más de cinco
años de antigüedad); intermedios (en torno a 25); e históricos
(con más de 30). Estos últimos serían de acceso público. Los
expedientes judiciales seguirán una trayectoria similar: pasarán
del juzgado militar al tribunal territorial y luego al archivo
histórico.
Se acabará así con el
hermetismo de estos fondos, que serán tratados como los demás
archivos del Estado, según una ley que prepara el Ministerio de
Cultura, y se normalizará el trabajo de los investigadores.
"Aunque han pasado 70 años [del fin de la guerra] y el Ejército
de hoy no tiene nada que ver con el del franquismo, nadie sabe
lo que hay [en los archivos]. Abrir los expedientes de los
consejos de guerra puede hacer que algunas familias vayan a los
tribunales a pedir su nulidad, pero ¿va a hundirse la democracia
por eso?", reflexiona un historiador que ha investigado la
Guerra Civil y el franquismo.
La cuestión no es sólo
legal sino, sobre todo, económica. Para garantizar la
conservación de los documentos y su acceso público es necesaria
su digitalización, última fase del proyecto de Defensa. Sólo el
plan piloto de los juzgados de Madrid y Valencia costará millón
y medio de euros. Para acelerar el proceso, se han firmado
acuerdos con varias comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y
Andalucía), pero aun así puede tardar décadas.
"Si hay dos
instituciones que han demostrado su afán por documentarlo todo
son la Iglesia y el Ejército", explica Martínez-Novillo. "Y
tengan la seguridad de que el Ejército español ha gastado mucho
más papel que munición".
Lo demuestran los 25
archivos que los tres ejércitos tienen distribuidos por toda
España, a los que hay que sumar los fondos documentales de los
26 juzgados y tribunales castrenses y los dispersos por
ciudades, como Castellón, donde hubo órganos judiciales que ya
han desaparecido. Para poner orden en este galimatías va a
crearse el Archivo General Histórico de Defensa, con sus 27
kilómetros de estanterías. "La cuestión no es si los documentos
vuelven a Castellón o van a Salamanca", concluye
Martínez-Novillo, "sino que un día podamos verlos donde deben
estar: en Inter
net.